De camino a la nueva prórroga, la ministra de Trabajo avanzó ayer que en la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo se mantendrá en las mismas condiciones la cláusula que obliga a las empresas a mantener el empleo durante seis meses. “No tendría sentido”, según explicó Yolanda Díaz ayer en una entrevista en TVE, que las empresas puedan despedir a sus trabajadores tras el esfuerzo de recursos público hecho con este mecanismo en el que siguen unos 756.000 trabajadores, por encima de los 33.700 en Galicia a 31 de diciembre. La ministra aseguró también que se van a mantener los esquemas de protección para empresas y trabajadores —es decir las exoneraciones a las cotizaciones a la Seguridad Social y el 70% de la base reguladora para la prestación— y que se van a seguir beneficiando los mismos sectores.

“Las cláusulas de garantía de mantenimiento van a ser exactamente las mismas. Esto no se discute en ningún país”, destacó Díaz, que se ha mostrado “optimista” sobre el acuerdo para la extensión de este mecanismo más allá del 31 de enero y para lo que mañana se vuelven a reunir Gobierno, patronal y sindicatos. La cláusula de “salvaguarda del empleo”, establecida desde el primer acuerdo en marzo, obliga a las empresas a mantener plantilla, con algunas excepciones, durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad tras un ERTE.

El incumplimiento, es decir los despidos antes de ese plazo, que se inicia con cada ERTE que pide la empresa, conlleva devolver todas las ayudas recibidas. Desde la CEOE se había reclamado que se puedan despedir a trabajadores devolviendo solo las ayudas recibidas por esos empleados y no por la totalidad de la plantilla.

Yolanda Díaz remarcó el papel jugado por los ERTE en esta crisis de la covid y ha apuntado que el porcentaje de trabajadores que sigue en España acogido a uno —el 4,5 % de los asalariados— es inferior al de países como Alemania y Holanda, que tienen al 5,2 %, y también está muy por debajo del de Francia e Italia, países con una estructura productiva más similar. De hecho, su compañero en el Ejecutivo, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, apostó también ayer por convertir los ERTE en un elemento estructural para que el mercado laboral español sea “más flexible y equitativo”.

Precisamente, al respecto de la posibilidad abierta por Escrivá de elevar de 25 a 35 los años de cómputo para la pensión, Yolanda Díaz, advirtió ayer de que Unidas Podemos no apoyará una posible ampliación porque implicará un recorte en la cuantía de las pensiones. “La posición de Unidas Podemos es clara: si se mantiene un recorte de este calibre no vamos a acompañar esta propuesta”, señaló la ministra de Trabajo, que apela a dejar trabajar al ministro Escrivá, ya que le consta que está haciendo “un gran esfuerzo” por avanzar en la reforma del sistema de pensiones, con diálogo social y desde el respeto a lo acordado por el Pacto de Toledo. “Esto no va ni de Escrivá ni de Yolanda Díaz. No sería adecuado que en una materia tan sensible no se caminara junto a los agentes sociales”, incidió.

Margen para retrasar la jubilación

Escrivá, cree que “hay margen” para tomar medidas tanto en lo que respecta a la jubilación anticipada como en los incentivos a la demora en el retiro. El ministro de Seguridad Social aseguró ayer en la inauguración del Spain Investors Day que ya se está trabajando en la reforma de las pensiones con el objetivo de asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema bajo los principios de solidaridad intergeneracional y responsabilidad fiscal. Se parte de una “buena situación” gracias a la reforma de 2011 y que, sobre esta, se está trabajando en varias medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal.