Los secretarios generales de Galicia de CCOO, CIG y UGT, Ramón Sarmiento, Paulo Carril y José Antonio Gómez, exigieron ayer a las Administraciones una “solución industrial” para Alu Ibérica y condenaron la “brutalidad” y la “represión sindical” que, a su juicio, viven los trabajadores de la planta coruñesa que Alcoa vendió en 2019 al fondo Parter Capital y que actualmente está en manos del Grupo Riesgo.

Los líderes de los tres grandes sindicatos denunciaron esta situación durante una concentración a las puertas de los juzgados de A Coruña, coincidiendo con la celebración de un juicio por la supuesta vulneración de derechos sindicales en la huelga indefinida que los trabajadores de la planta de aluminio iniciaron las pasadas Navidades.

El juicio que se celebró en el Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña, a raíz de una demanda del comité de empresa de Alu Ibérica —cuyo presidente y otros tres miembros fueron despedidos este mes—, que denunció a la dirección por considerar que vulneró el derecho de huelga de los trabajadores al impedirles el acceso a las instalaciones.

Casi un centenar de empleados de la factoría coruñesa se concentraron durante la mañana con una gran pancarta que con el lema Contra la representación sindical. Por un futuro industrial en Alu Ibérica.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de la CIG, Paulo Carril, anunció que el 27 de marzo harán una “gran manifestación” en A Coruña para gritar que “ya está bien”. “¿Qué más tiene que pasar para que una solución, que tiene que ser una intervención pública, acabe con esta tortura?”, enfatizó.

Carril advirtió de que “quedan cinco meses” para que finalice el compromiso de mantener los puestos de trabajo que se contrajo en la venta de las plantas de A Coruña y Avilés por parte de Alcoa a Parter. “No vamos a permitir que estos cinco meses sean un calvario. Van a ser una demostración de que la unidad sindical va a conseguir esa solución industrial”, aseveró. También cargó contra el Gobierno por “permitir” con su “inacción” que el Grupo Riesgo “actúe con esa brutalidad”, usando “la represión como camino” ante un “auténtico fracaso industrial”.

Ramón Sarmiento incidió en que CCOO no permitirán que se “pise la cabeza” a la movilización obrera. “No nos fiamos de las falsas promesas que se hacen desde las administraciones porque fueron las mismas que en su día nos privatizaron y después al sector energético”, afirmó.

José Antonio Gómez (UGT) mostró su “solidaridad” con los despedidos y exigió a la Xunta, al Ministerio de Industria y al Gobierno asturiano que vigilen que “se cumplan los compromisos de la venta”, a la vez que acusó a Riesgo de no “invertir”.