El Banco de España ha advertido al Gobierno de que el éxito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia depende del “desarrollo de un sistema de gestión y gobernanza” para facilitar la “selección rigurosa” de los proyectos de inversión que se financiarán con las ayudas europeas, según incluyó ayer en su informe anual. En particular, le reclama una “guía que defina de forma clara y homogénea los criterios de selección” de dichos proyectos y el “reforzamiento de los mecanismos de control” a posteriori. “No es absolutamente necesario un evaluador independiente, se puede hacer en el marco de la administración pública española, pero requiere reforzar mucho los mecanismos de transparencia y control”, advirtió Óscar Arce, director de economía de la institución.

El supervisor desaconseja las prisas excesivas: “Es cierto que un diseño rápido y una ejecución temprana de los proyectos ayudarían a anticipar la recuperación tras la crisis. No obstante, puede ser conveniente dotarse de un cierto margen de tiempo, que permita una definición y una selección lo más precisa y rigurosa posible”. Al mismo tiempo, reclama un “aligeramiento” de los procedimientos administrativos, así como garantizar la “igualdad de oportunidades en el acceso a todas las empresas, con independencia del sector, el tamaño y la ubicación”.

Paralelamente, advierte de que es crucial una “definición adecuada y una implementación decidida” de las reformas del plan. “La Airef ha sido muy clara: el grado de concreción de lo enviado a Bruselas es relativamente limitado. No estamos hablando de medidas perfectamente delimitadas. No podemos tener una visión nítida del grado de ambición e impacto de esas reformas”, lamentó Arce. El informe lamenta la ausencia de un “mayor grado de detalle” sobre la reforma de las pensiones y considera “deseable” que las alzas de impuestos del plan no condicionen la revisión del sistema encargado a un comité de expertos.

La institución considera también prioritario mejorar los procedimientos de insolvencia y liquidación de empresas. “Tiene sentido rebajar la prioridad máxima de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social) sin eliminarla del todo”, defendió Arce; limitar los trámites regulatorios “desproporcionados” e impulsar la Ley de Unidad de Mercado; una reformulación de las políticas activas de empleo; y un rediseño de los incentivos al I+D+i.

El Banco de España destaca que el PIB español cerró el primer trimestre todavía un 9,4% por debajo del nivel precrisis y que no alcanzará su nivel de finales del 2019 hasta el 2023, y eso si no hay sorpresas negativas como nuevas cepas del virus más resistentes a las vacunas. En este sentido, pide una prolongación de los ERTE más “focalizada” para que se produzca una “necesaria reasignación del empleo hacia las empresas y los sectores más productivos”. Es decir, que la medida se centre más en los sectores afectados para que el resto pueda reducir plantillas y los trabajadores se vean obligados a buscar un puesto en otras firmas. El supervisor, advierte de que, más allá del impacto “relativamente persistente” que pueda tener la pandemia en la economía, esta se enfrenta a “retos estructurales de una elevada trascendencia” que condicionan las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo. Insiste en la definición “urgente” de un programa “ambicioso” de reformas estructurales sustentado en “consensos” y la comunicación “temprana” de un plan de consolidación de las cuentas públicas a aplicar cuando se supere la crisis.