Los técnicos de la Intervención General de Administración del Estado (IGAE) que la Audiencia Nacional designó en los últimos días para intervenir judicialmente Alu Ibérica —como medida cautelar ante los indicios de descapitalización de la compañía— tomaron ayer el control de la fábrica de aluminio de A Coruña. Su llegada coincidió con un corte de tráfico por la habitual concentración que los trabajadores realizan los jueves a las puertas de la planta en A Grela, por lo que los cuatro interventores tuvieron que entrar a pie. Lo hicieron entre aplausos de la plantilla, que espera que la vía judicial sirva para desalojar al actual propietario, Grupo Riesgo, que el pasado año compró las factorías de A Coruña y Avilés por 13 millones de euros a Parter Capital, el fondo suizo que siete meses antes la había adquirido por un dólar a Alcoa. Las tres empresas están investigadas por supuesta estafa en el proceso de venta. La llegada de los interventores a A Coruña para vigilar las cuentas de Alu Ibérica se produce justo una semana antes de que la fecha señalada para el juicio. La plantilla asturiana espera recibir hoy a los técnicos.
Fue pasadas las doce y media del mediodía cuando hicieron su aparición en A Grela cuatro de los seis interventores judiciales designados en los últimos días por la jueza María Tardón, instructora del caso Alcoa. Son los ya conocidos por la plantilla como hombres de negro, por la similitud entre su función y la de los inspectores que el FMI y el BCE envía periodicamente a España a examinar su economía, apodados men in black. En este caso, tres hombres de traje oscuro y una mujer de gris, que se encaminaron a la fábrica para mantener una reunión con los mandos. Entre otras funciones de control, a lo largo de los próximos seis meses, ellos decidirán si dan o no autorización a la empresa para realizar cualquier operación que supere los 20.000 euros.
El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, trasladó a los técnicos un mensaje con su “total disposición” a colaborar. “Tenemos mucha información que trasladarles”, afirma el representante de la plantilla, que confía en que el proceso judicial acabe con la “ocupación ilegal e ilegítima” de la planta que a su juicio está realizando Riesgo. Además, pedirá a los interventores que valoren la “regresión” de algunas medidas ejecutadas por la empresa, como los cinco despidos disciplinarios entre los que se encuentra el suyo propio y el de otros tres miembros del comité.
En la mañana de ayer, la visita de los técnicos se limitó a una reunión con los directivos de la planta, pero el comité confía en tener oportunidad de interlocución directa en los próximos días. Entre otras cuestiones, les transmitirán el retraso que sufren en el cobro de sus nóminas, así como la problemática de la pérdida de proveedores por el impago de las facturas en los últimos meses.
El comité está convencido de que Riesgo actúa como un títere de Alcoa, con la intermediación de Parter, siguiendo los pasos indicados para dejar morir las dos fábricas, que en 2018 Alcoa quiso cerrar pero finalmente vendió en 2019 por la presión sindical y política. “La gran estafa que hay aquí cada vez se hace más visible”, afirma Corbacho, que apunta a la multinacional como “gran culpable”. En el último auto, la jueza afirma con claridad que “se puede identificar una operación que evidenciaría la descapitalización de las empresas”y que “no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial”.
Diez personas al banquillo
Alcoa, Parter, Riesgo y varias filiales (nueve firmas en) así como diez personas físicas se sentarán el jueves 20 en el banquillo de la Audiencia Nacional para dar explicaciones por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en subvenciones y blanqueo.
Uno de los acusados es Víctor Rubén Domenech, dueño de Riesgo. Fue detenido en el registro policial del pasado marzo (en un macrooperativo con cien agentes en distintos puntos de España) junto a Alexandra Camacho, Luis Losada y Diego Peris, todos directivos del grupo.
El comité se reúne el lunes en Madrid con la Dirección General de Trabajo por el incumpliento del acuerdo del ERE
El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, define la actual situación de la antigua fábrica de Alcoa como “un puzle con muchas piezas que se está empezando a hacer por las esquinas, pero ya se empieza a acercar al centro”. Una de esas esquinas es el proceso judicial que investiga si hubo fraude en la venta de Alcoa a Parter y de este a Riesgo, asunto que va a juicio la próxima semana. Otra clave es la cuestión laboral, que los representantes de los trabajadores abordarán el lunes en el Ministerio de Trabajo. Delegados sindicales de las factorías de A Coruña y Avilés se reúnen en Madrid con responsables de la Dirección General de Trabajo para trasladarles los incumplimientos del acuerdo que firmaron con Alcoa en 2019 y que vinculaba la venta a condiciones laborales y productivas.
Los acuerdos que ponían fin a la negociación del ERE (expediente de regulación de empleo) con el que Alcoa pretendía extinguir las dos plantas de aluminio blindaban el empleo y los salarios durante dos años (hasta el próximo 31 de julio) y planteaban hitos de un plan industrial que debía ofrecer un futuro. “No se ha cumplido”, zanja Corbacho, que insiste en que debe ser Alcoa quien se responsabilice de la situación. “Aquí no se llevó a cabo más plan que el que Alcoa quiso”, asegura el representante de los trabajadores de la fábrica coruñesa.
Mientras avanza la vía judicial, la plantilla pide al Gobierno, principalmente al Ministerio de Industria, una solución política para garantizar la pervivencia de la actividad fabril y del empleo a través de una intervención temporal de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
