La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó ayer una enmienda del PdeCat, con el apoyo de PP, Vox y ERC, que revierte la subida del impuesto de matriculaciones que se produjo en enero como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa comunitaria de medición de emisiones. La enmienda se incluyó en la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que la Comisión de Hacienda aprobó con competencia legislativa plena y que aún tiene que pasar por el Senado.
Con la enmienda se hace una corrección técnica de los tramos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a los que se aplican los diferentes tipos del impuesto para adaptarlos al nuevo sistema de medición establecido por la UE, con lo que se mantiene inalterada la tributación.
El portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCat), Ferran Bel, explicó ayer que espera que el cambio en el impuesto esté aprobado antes de final de junio tras el paso de la ley por el Senado, donde ya una mayoría sacó adelante en enero una proposición no de ley en ese sentido, por lo que ahora se podrá “reproducir el voto” de nuevo para esta aprobación.
El pasado mes de enero entró en vigor en la Unión Europea el nuevo ciclo de homologación de consumo y emisiones WLTP de los vehículos, que se basa en una prueba de conducción más real (frente al anterior denominada NEDC, menos exigente), lo que ha provocado que hayan subido las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que se tienen en cuenta para fijar el impuesto de matriculación (0% hasta 120 gr, 4,75% para superiores a 120 y menores de 160, 9,75% para hasta 200 gr y 14,75% para los que superen esa cifra). La entrada en vigor de esta normativa lastró las ventas de nuevos vehículos en el arranque del año, según el sector.
Amnistía fiscal
Este cambio se encuentra en la ley contra el fraude fiscal aprobada por Comisión de Hacienda con competencia legislativa plena, con 21 votos favorables, 14 en contra y una abstención. La norma continúa su tramitación parlamentaria en el Senado. Entre las medidas que incorpora se incluye la limitación a 1.000 euros en los pagos en efectivo entre empresas, así como la prohibición de amnistías fiscales y eleva de un millón a 600.000 euros el listón para salir en la lista de deudores, añadiendo a los responsables solidarios. También se endurece el régimen fiscal que se aplicará a las sociedades de inversión de capital variable, las sicav.
La prórroga de los ERTE, sin acuerdo, depende del Consejo de Ministros extraordinario de mañana
El acuerdo para una nueva prórroga de los ERTE por el COVID hasta el 30 de septiembre se hace esperar y ahora depende de un Consejo de Ministros extraordinario convocado para mañana jueves. Gobierno y agentes sociales todavía no han conseguido cerrar una entente, tras unas maratonianas negociaciones en los últimos días. Del mismo dependen directamente unos 600.000 trabajadores, 24.800 solo en Galicia. Finalmente la patronal CEOE no ha aceptado la última propuesta trasladada por el Ejecutivo, que diferencia las ayudas para las empresas en función de si pueden o no sacar a sus trabajadores del ERTE. CCOO y UGT, que han apostado por mantener un frente unitario entre los agentes sociales durante las conversaciones, también han renunciado a dar por el momento su beneplácito al texto gubernamental y tienen que estudiar la última oferta. El no de CEOE no es definitivo y las partes siguen negociando. “El Gobierno no tiene ninguna duda de que a lo largo de las próximas horas podrá ser posible alumbrar un nuevo acuerdo en el diálogo social”, declaró la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros de ayer. Las actuales condiciones vencen el 31 de mayo y el tiempo apremia: o el Gobierno se mueve y consigue atraer a los agentes sociales o deberá aprobar la nueva prórroga sin el apoyo del diálogo social. “No contemplo la posibilidad de que no haya acuerdo, los hemos tenido en momentos más duros”, añadió Montero.
