Nueva jornada clave en la pugna que enfrenta desde hace años en los tribunales a los bancos y sus clientes. El pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tiene previsto reunirse el próximo 23 de junio a puerta cerrada para fijar criterio sobre el plazo para reclamar los gastos hipotecarios cobrados de más por las entidades, asunto que ha provocado una gran controversia judicial en los últimos tiempos. La sentencia, que normalmente se dará a conocer unos días después, marcará previsiblemente una diferencia millonaria en favor del sector o sus usuarios. Pero además, la banca confía en que siente un precedente que limite de forma generalizada las compensaciones que se ve condenada a abonar por otros productos o servicios.
Un fallo del alto tribunal de diciembre de 2015 estableció que era nulo por abusivo que los bancos impusieran a sus clientes todos los gastos de formalización de hipotecas. Pero el dictamen no marcó el reparto entre las partes con lo que, ante la dispardidad de criterio de los tribunales menores, el Supremo fijó en enero de 2019 que los consumidores solo podían reclamar parte de los costes, salvo el impuesto de actos jurídicos documentados (posteriormente fue precisándolo, la última vez en enero con la tasación). Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en julio de 2020 que el cliente debía recuperar los gastos de notario, registro, gestoría y tasación (todos salvo el tributo).
