El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de empleo para reformar las políticas activas de empleo y reconvertir el Servicio Público de Empleo (SEPE) en la Agencia Española de Empleo, tal como adelantó El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN. El Gobierno pone en marcha así un paquete de reformas para aumentar la inserción laboral de las personas en paro y aumentar la coordinación entre los distintos servicios de ocupación autonómicos. Y para ello el Ministerio de Trabajo y los servicios autonómicos de ocupación se dotarán de músculo, con el objetivo de estabilizar a 7.000 técnicos de orientación profesional, que ejercerán como una especie de médico de cabecera del empleo. Es decir, cada usuario tendrá el suyo y este será su figura de referencia si se queda en paro y necesita recolocarse o si mantiene el empleo, pero quiere reciclarse.

Otra de las medidas clave de este anteproyecto de ley es la creación de una especie de infojobs estatal, donde se agruparán todas las ofertas de empleo registradas en los servicios públicos (tanto estatal, como autonómico), así como de todas las empresas y entidades privadas adscritas a los organismos de empleo. Lo que permitirá “conocer en tiempo real” todas las ofertas que circulan en España, según explicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa.

En paralelo a la aprobación del anteproyecto, el Consejo validó también la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo, que implicarán la inversión de 7.648 millones en políticas activas de empleo hasta 2024.

El Gobierno puso en marcha ayer la maquinaria para reformar de manera integral el sistema de políticas activas de empleo. El Consejo de Ministros dio luz verde a un documento base sobre el que luego el Ministerio de Trabajo lo abrirá a consulta pública, negociará con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, para luego pasarlo al Congreso y acabar de perfilarlo y consensuarlo con una mayoría de partidos. La previsión es que la nueva ley de empleo, que el Gobierno lleva internamente debatiendo este 2021 y que no ha sido ajena a momentos de tensión, entre en vigor a partir de la segunda mitad de 2022.

El anteproyecto de ley pretende reconvertir todas aquellas iniciativas financiadas con recursos públicos que tienen como objetivo ayudar a las personas en paro a encontrar un empleo o a las que quieren cambiar de ocupación. “Deja de estar pensada para los desempleados y pasa a estar pensada para toda la ciudadanía”, dijo Díaz. En un país con una tasa de paro del 14,5%, esta es una de las reformas comprometidas con la Comisión Europea por el Gobierno en el marco de recepción de los fondos europeos. La pretensión de la norma es incorporar y pulir una batería de indicadores de eficiencia para medir anualmente los resultados de las políticas de empleo y evaluar y corregirlas.

Una de las novedades es crear una cartera común de servicios entre todos los organismos autonómicos de empleo (los encargados por competencias de desplegar los programas de inserción laboral). Esta cartera incluirá cuestiones como la figura del tutor, un profesional de referencia para todas aquellas personas que estén en paro o quieran reciclarse laboralmente y que las acompañará y asesorará durante todo el proceso.

Primera fase

En la anterior legislatura, con la socialista Magdalena Valerio al mando, ya se aprobó la incorporación de 3.000 técnicos de orientación laboral para los Planes de Choque por el Empleo Joven y Reincorpora-T. Ahora se pretende consolidar esos 3.000 temporales y sumar otros 4.000 entre todas las autonomías, para forjar una red de 7.000 tutores.

Los servicios de empleo también tendrán la obligación de elaborar un “expediente laboral personalizado único” para cada usuario y, una vez esté elaborado, en el plazo de un mes otorgarle un itinerario de inserción personalizado. Esta hoja de ruta definirá las potencialidades del usuario, aquellos sectores donde tiene más posibilidades de encontrar empleo y aquellos cursos más recomendados.

Las personas sin trabajo que accedan a partir de la aprobación de la ley a un servicio público de empleo tendrán garantizada una oferta de trabajo, como mínimo, al año. Y el organismo competente deberá justificarle por escrito al parado al cabo de seis meses si no le ha entregado ninguna el porqué de esa ausencia. Este conjunto de derechos irá acompañado también de obligaciones y, por ejemplo, los cursos de formación durante el desempleo serán obligatorios salvo causa justificada.

Escasos avances en reforma laboral, con menos de un mes de margen

El Gobierno, la patronal y los sindicatos mantuvieron ayer una nueva reunión sobre la reforma laboral que se saldó con escasos avances. Las partes abordaron las cuestiones relativas a subcontratación y prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, como culminación de una intensa semana de contactos, con hasta tres reuniones. El Ejecutivo, los empresarios y las centrales acercaron posturas en materia de las condiciones laborales en las actividades externalizadas, donde el Gobierno pretende garantizar que un empleado de una subcontrata no tiene peores condiciones laborales que su homólogo en la empresa principal. En la reunión de ayer también se trató la prevalencia de convenios. Ahí el compromiso del Ejecutivo, plasmado en el acuerdo de coalición, es volver a la legislación previa al PP y que un convenio de empresa no pueda devaluar uno del sector. Las partes vuelven a reunirse el martes que viene, con previsión de abordar las cuestiones relativas con la ultraactividad, donde tampoco hay acuerdo cerrado de momento.