Los últimos 277 trabajadores de Alu Ibérica dejaron de serlo ayer, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña autorizó la extinción de la totalidad de los contratos de trabajo vigentes entre la empresa y sus trabajadores, en las condiciones que fueron acordadas entre la administración concursal y los empleados.
Tras 62 años sacando aluminio primario cada día, las instalaciones de A Grela ya son historia. La extinción tendrá efectos desde el próximo martes 10 de mayo, “salvo para aquellos trabajadores que la administración concursal precise para realizar las labores de liquidación, en los que la extinción efectiva de sus contratos se demorará hasta el momento en que la administración concursal lo determine”, se recoge en el auto.
Además, el juzgado ha fijado, para quienes tengan derecho a percibirlo, una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. El dinero no será abonado por el Fogasa, sino que es Alcoa la que tiene que formalizar un crédito con Alu Ibérica y abonar la cantidad. Después, pagará otros 40 días por año trabajado sin límite de anualidades y 10.000 euros para cada trabajador según el acuerdo que firmaron los empleados con la multinacional.
En el auto, la jueza explica que el “requisito objetivo” para autorizar la extinción de los contratos de trabajo es que esté fundada “en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, algo que entiende que resulta “patente”, a la vista de “la declaración de concurso, basada en la insolvencia del deudor, y la aceptada por todas las partes ausencia absoluta de carga de trabajo”.
La magistrada también descarta la concurrencia “de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho”, al tiempo que indica que los representantes de los trabajadores y la administración concursal han alcanzado un acuerdo “sin que existan elementos para suponer la concurrencia de alguno de los vicios que pudieran invalidar sus términos”. Contra el auto cabe presentar recurso.
Las plantillas de las fábricas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés dieron a principios de abril su conformidad en un referéndum al acuerdo con Alcoa, por el que aceptaron renunciar a la vía judicial a cambio de que la multinacional abonase las indemnizaciones para el conjunto de los trabajadores. Esta conformidad se materializó ante una plataforma habilitada por la empresa para que los empleados firmasen esa renuncia a continuar con sus demandas.
En cuanto a la investigación judicial sobre Alu Ibérica que instruye la magistrada María Tardón, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, se prorrogará, como mínimo, hasta octubre debido a que no ha dado tiempo a completar todas las diligencias (tomas de declaración, respuesta a la comisión rogatoria cursada a Suiza para aclarar una transferencia de 13 millones de euros hecha desde las cuentas de Alu Ibérica al fondo de inversión Parter Capital...). Esta prórroga del procedimiento había sido pedida por la Confederación de Cuadros y Profesionales, la organización sindical que promovió la querella que motivó la investigación por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delitos contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.
