El número de horas extras trabajadas y no pagadas en España sigue subiendo y en el segundo trimestre se situó a niveles del confinamiento de 2020, cuando gran parte de la población pasó a trabajar desde sus casas y la frontera entre la oficina y la vida privada quedó difuminada. Así lo constatan los datos de la encuesta de población activa (EPA) publicados la semana pasada, que muestran que el 49% de las horas extra no se pagan en España. Es el nivel más alto desde el segundo trimestre del 2020 y, obviando el periodo COVID, el mayor porcentaje de los últimos cinco años, según los registros del INE. Dicho fraude laboral afecta a medio millón de empleados en todo el país, perjudica en mayor medida a las mujeres que a los hombres y, para atajarlo, el Ministerio de Trabajo está desplegando un algoritmo específicamente diseñado del que los inspectores consultados todavía no tienen conocimiento.
13 millones de horas se trabajan mensualmente en España y las empresas no las pagan. Es la mayor cifra desde el segundo trimestre del 2020, cuando el primer estado de alarma multiplicó los alargamientos de jornada no pactados ante las dificultades para conciliar la vida profesional y la familiar de muchos trabajadores, que convirtieron a prisa y corriendo la mesa del comedor en el escritorio del trabajo.
Según una encuesta elaborada por la consultora Hays, el 61% de los empleados que teletrabajaban entonces hacían horas extra de manera recurrente y ni las cobraron ni las compensaron con festivos. Ahora, con un porcentaje menor de trabajo a distancia, las horas extras y las no remuneradas repuntan con fuerza. Alargamientos de jornada y de récord de empleos vacantes, por un lado, mientras España, con 2,8 millones de parados, sigue ostentando la tasa más alta de la Unión Europea.
El fraude de los alargamientos de jornada no remunerados es una constante en el mercado laboral, que se rige por el principio del acordeón. Se contrae durante las épocas de menor actividad económica y repunta cuando el PIB va al alza. No en balde los trimestres con mayor número de horas extras se concentran en los compases previos al estallido de la doble burbuja inmobiliaria y financiera o en el inicio de la recuperación tras la Gran Recesión. El récord de horas extraordinarias no pagadas está registrado en el segundo trimestre del 2008, cuando se alcanzaron los 15,7 millones de horas al mes.
“Ese repunte de las horas extras y de las horas extras no pagadas lo que muestra es que está aumentando la informalidad. Hay empresarios que, ante la incertidumbre de qué pasará en los próximos meses, prefieren obligar a sus trabajadores a alargar la jornada que contratar a nuevos. En el segundo semestre, cuando está previsto que baje la actividad, volverán a bajar las horas extras”, afirma el secretario de Trabajo de CCOO de Cataluña, Ricard Bellera. “Evidencia la incapacidad de muchos empresarios de entender que otros modelos laborales son posibles y tiran de la oportunidad”, añade.
Y pese a que los recientes gobiernos han intentado poner coto a esta mala práctica empresarial (que ahorra sueldos a las direcciones y agudiza las brechas entre hombres y mujeres), de momento no han conseguido residualizarla. En 2019 el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, con Magdalena Valerio al frente del Ministerio de Trabajo, aprobó la obligatoriedad del registro de jornada. Desde entonces las empresas deben legalmente llevar un control de las horas que realizan sus empleados y evitar así las horas extras no remuneradas.
Tres años después de entrar en vigor la norma, más de un tercio de las empresas no pasan una inspección y la proporción de jornadas no pagadas sigue ligada a los ciclos económicos. Y, según el estudio elaborado por la empresa de recursos humanos Kenjo, tres de cada 10 empresas en España carece de registro horario pese a ser obligatorio.
“El registro de jornada es una herramienta útil, nos ayuda a los inspectores a perseguir el fraude en horas extras”, afirma la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), Ana Ercoreca. Esa regulación, sumada a la cada vez mayor dependencia tecnológica de muchos trabajos, son nuevas herramientas a favor de los inspectores. “Si una persona trabaja utilizando un ordenador podemos comprobar si está operativa en horas fuera de su jornada a través de la conexión VPN”, explica Ercoreca.
Un tercio de las empresas no pasa una inspección
Los limitados efectivos de la Inspección de Trabajo y el elevado número de microempresas en España provocan que el número de compañías investigadas sobre un posible fraude en horas extra sea mínimo. En materia de tiempo de trabajo, Inspección realizó 20.924 actuaciones en 2020 sobre un tejido empresarial de 1,3 millones de compañías (el 75% tiene cinco empleados o menos). Ello implica inspeccionar al 1,5% de las compañías con actividad. Como consecuencia de estas actuaciones, se formularon 5.946 requerimientos, es decir, solicitudes de los inspectores a la empresa para que arreglara el fraude. En paralelo, se detectaron 5.610 infracciones, por las que se impusieron 6,2 millones de euros en sanciones. Asimismo, y de manera específica en materia de horas extraordinarias, se llevaron a cabo 2.107 actuaciones. Es decir, se inspeccionó al 0,15% de las empresas en España. El resultado fue de 381 requerimientos y 388 infracciones, ascendiendo el importe total de las sanciones propuestas a 761.758 euros. Los datos del 2020, pese a la pandemia, son prácticamente iguales a los del 2019.
Estrés, cansancio o depresión, el precio de no desconectar del trabajo
Uno de cada tres trabajadores usa dispositivos electrónicos para tareas relacionadas con su trabajo fuera del horario laboral, según el informe Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, de Eurofound. 6 de cada 10 empleados en España mira y responde correos electrónicos del trabajo fuera de su horario laboral, señala una encuesta reciente de la consultora y ETT Adecco. Ocho de cada 10 trabajadores lo primero que hacen al despertarse y lo último antes de irse a dormir es mirar el teléfono móvil, cifra un estudio de la UPF-BSM del verano pasado. La sobrecarga informativa es el precio que paga el ciudadano occidental por integrar las ventajas de la tecnología en su vida. Empleados quemados, agotados y que acaben desarrollando múltiples patologías es la factura que esa hiperconexión puede acabar emitiendo. No en vano la OMS incluye desde 2019 el burnout en su clasificación de enfermedades y problemas de salud. Las nuevas dinámicas comunicativas en las empresas obligan a las direcciones y a sus empleados a integrar en sus relaciones la denominada “desconexión digital”. Es decir, aprender a dibujar una nueva separación entre lo personal y lo profesional que hace dos siglos estaba en la puerta de entrada y salida de la fábrica y que hoy se difumina en la pantalla de un teléfono móvil. “La desconexión digital surge como una necesidad ante las consecuencias negativas derivadas del uso de la tecnología que, traspasando la frontera de lo laboral, afectan especialmente a la esfera personal”, así define el concepto el investigador de la UAB David Gutiérrez, en su artículo “La desconexión digital de los trabajadores”. Es un peligro grave tanto para la salud de las personas, como para los resultados de las empresas. “La productividad de un trabajador que no desconecta va a ir cayendo, porque se va a sentir cada vez más exhausto y menos comprometidos con su trabajo, ya que pensará ‘esto no se acaba nunca”, alerta la profesora de EAE Business School Esther González. En España, la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de 2018 aproximó por primera vez el tema y en 2021 lo amplió en la nueva ley de trabajo a distancia.
