Los representantes del sector pesquero darán la batalla en los juzgados. La patronal española de armadores Cepesca presentará un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) contra el cierre inminente de un total de 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico noreste, según anunció ayer en un comunicado.
Los armadores españoles han reaccionado así ante dicho cierre, que entrará en vigor a partir del 9 de octubre, tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE) de la decisión de la Comisión Europea (CE) con una lista de zonas con ecosistemas marinos vulnerables que se verán afectadas por la veda. Cepesca, tras reunirse con el resto de las flotas comunitarias afectadas y como integrante de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, en inglés), “ya está analizando las demandas a interponer ante el órgano judicial comunitario”, según la citada nota.
Sin análisis de impacto
El sector denuncia que el reglamento no ha contado con un análisis de impacto socio-económico y se basa, además, en informes con lagunas científicas, como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas.
La patronal ha señalado que el sector confía en mantener el respaldo mostrado hasta ahora por los gobiernos central y autonómicos en su denuncia de la tramitación irregular de este acto de ejecución de la Comisión Europea, ante la brevedad de los plazos para su entrada en vigor y para la presentación del recurso.
La impugnación se podrá plantear en los próximos 60 días y es “imprescindible para solicitar una medida cautelar de suspensión”, según Cepesca.
Además, la flota buscará el amparo del Parlamento y del Defensor del Pueblo europeos e intensificará su labor institucional para trabajar en la otra vía existente de enmendar la decisión de la CE.
Al hablar de la revisión, Cepesca se ha referido a la actualización de los informes científicos por parte del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en noviembre y en este caso, cualquier modificación se demoraría a los primeros meses del próximo año.
Paros y concentraciones
Además, los armadores mantienen su opción de convocar paros y concentraciones ante organismos, tanto nacionales como europeos, en coordinación con otras organizaciones europeas. La prohibición afecta todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle) en las 87 zonas de pesca impactadas.
“Impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores”, según Cepesca.
La zona clausurada abarca 16.419 kilómetros cuadrados, entre los 400 y 800 metros de profundidad, donde la CE alega la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se reunirá hoy con el sector pesquero y las comunidades autónomas para analizar los detalles de las nuevas prohibiciones.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Mar, Rosa Quintana, han mantenido este martes un encuentro con el sector pesquero afectado por el veto a la pesca de fondo en un centenar de áreas de aguas comunitarias y, tras analizar la situación junto a juristas, han acordado pedir que el Gobierno central recurra el reglamento publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El Ejecutivo autonómico anunció en días pasados que estudiaría todas las posibilidades legales para hacer frente a este reglamento que, en palabras del sector, afectaría, por ejemplo, a un 60% de la merluza en Galicia o el 50% de esta especie en España. Tras reunirse con el sector y expertos en la materia, como ha explicado el mandatario gallego, por una cuestión de legitimidad jurídica —y de prosperidad del asunto— se ha decido impulsar que sea el Ejecutivo central el que recurra el reglamento, ante lo que la Xunta será “coadyuvante” y se pone al lado del Gobierno.
Irlanda y Francia
En este sentido, han recordado que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ya votó en contra de este veto y que estarían en esta misma línea Irlanda y Francia, como ha explicado Rosa Quintana, quien ha señalado la importancia de que se mantenga este “no” y que la Comisión Europea revise los informes socioeconómicos, que la conselleira de Mar “duda” de que los tengan.
En este sentido, agradeció que el ministro del ramo, Luis Planas, haya pedido incluir este asunto en la reunión de ministros europeos.
Adicionalmente, Alfonso Rueda explicó ayer que por la tarde se dirigiría al presidente del Gobierno para mostrar este espíritu de colaboración y la necesidad de presentar este recurso, al respecto de lo que sostuvo que, tras también consultar con juristas, tiene más posibilidades de prosperar si es el Gobierno central el que lo presenta. Además, esto facilitaría, dijo, la suspensión cautelar de un reglamento cuya vigencia arranca en diez días, con octubre.
“La Xunta hará todo lo que está en su mano”, manifestó el presidente autonómico, quien recordó que también están afectadas otras comunidades del Estado, como por ejemplo Andalucía.
