El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado la paralización cautelar del desarrollo del parque eólico Campelo, proyectado por la compañía Greenalia en Santa Comba y Coristanco, en la comarca de Bergantiños.
En su sentencia, emitida el 19 de septiembre y difundida ayer, la sección tercera de la Sala de lo Contecioso-Administrativo del Alto Tribunal gallego estima el recurso presentado por Adega y la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica contra la orden del Consello de la Xunta de noviembre de 2021 que declaraba de utilidad pública la ejecución del proyecto.
Ni la compañía ni la Administración autonómica, recoge el fallo, han logrado avalar la “imperiosa necesidad” de contar con un nuevo parque eólico en la zona “ni siquiera por la incidencia que viene produciendo la menor entrada de gas con ocasión de la guerra en Ucrania” , por lo que determina la suspensión cautelar al entender que debe prevalecer la protección del medio ambiente.
Greenalia analizará el fallo para decidir los pasos a dar ante el establecimiento de las medidas cautelares, dado que no es firme y cabe recurso de reposición. Desde Greenalia defienden haber cumplido “escrupulosamente” todos los trámites establecidos en la normativa vigente.
La crisis energética fue uno de los argumentos esgrimidos por la Xunta para justificar la utilidad pública de este proyecto impulsado por Greenalia, que alegó que su posible paralización perjudicaría “el interés público”. Los magistrados señalan en su sentencia que el proyecto finalmente aprobado arrancó en el año 2010 y que, más tarde, fue modificado para contemplar la instalación de once aerogeneradores con una potencia total de 42 megawatios. Con todo, detallan, al final se redujeron a nueve con una potencia de 45 MW para un proyecto que se ubica “a poco más de dos kilómetros al oeste” de una explotación eólica ya en funcionamiento, la de Fontesilva.
Adega y la Asociación Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, que celebran el auto, explican que han solicitado las mismas medidas para los parques eólicos de Bustelo y Monte Toural (Carballo y Tordoia), que impulsa Greenalia, “empresa —dicen— de la exconselleira (de Medio Ambiente) Beatriz Mato”. Mato entró en Greenalia a finales de 2020 como responsable de su departamento de responsabilidad corporativa y el verano pasado se incorporó al consejo de administración de la compañía.
Según explican, la impugnación judicial de las autorizaciones referidas se sustenta, en el caso de los tres parques,” en la fragmentación artificial de los proyectos y en las irregularidades en cuanto al desarrollo de los trámites de información pública de los proyectos, reducidos a quince días y en los que no se pusieron a disposición de la ciudadanía los informes sectoriales correspondientes”.
