La Fundación Barrié ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE en el que reclama 47 millones de euros a la Unión Europea por la liquidación y posterior venta del Banco Popular al Santander en junio de 2017. Los demandados son la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la Junta Única de Resolución, que fue la que dictó la disolución del Popular, según recoge el recurso que se presentó el 1 de agosto y que se publicó el pasado 17 de octubre en el Diario Oficial de la Unión Europea.
En su demanda, la Fundación Barrié solicita al Tribunal General, por una parte, que declare “la responsabilidad extracontractual” de la Unión Europea por “el actuar ilícito y negligente” de la Comisión Europea, la Junta Única de Resolución (JUR) y el Banco Central Europeo por los hechos reseñados en la demanda. Y por otra, que se condene a la Unión Europea a indemnizar a la Barrié con 47.513.972 euros, según “los cálculos y la cuantificación contenidos en el informe pericial que se acompaña a la demanda, incrementados en los intereses legales correspondientes, todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada”.
El recurso se apoya en tres motivos. El primero, según la fundación coruñesa, está basado en “el comportamiento ilícito por parte de la Junta Única de Resolución”, que consistió, “en realizar declaraciones públicas catastrofistas y actuaciones (especialmente filtraciones) constitutivas de un comportamiento irresponsable que ocasionaron un inmediato desplome de la cotización del Banco Popular, precipitando la resolución del mismo”.
El segundo motivo que alega la Barrié para que el Tribunal de Justicia de la UE condene a la Unión Europea al abono de los 47 millones está basado en “la negligente actuación” de la Junta Única de Resolución y de la Comisión Europea, “al adoptar y aprobar” la liquidación del Popular “sin haber verificado y comprobado, conforme a la normativa europea, si se cumplían los requisitos y las premisas necesarias para aplicar dicho mecanismo de resolución y, una vez acordado, no haber respetado la normativa europea sobre el procedimiento de resolución ni los derechos de los titulares de acciones y/o participaciones del Banco”.
La tercera alegación está basada en “la falta de diligencia” del Banco Central Europeo por la ausencia de “vigilancia, supervisión, previsión, regulación y establecimientos de mecanismos necesarios para garantizar la liquidez del Popular y evitar su resolución”.
No es la primera vez que la Fundación Barrié acude a la justicia europea por la venta de la entidad bancaria al Santander. Ya lo hizo en julio de 2017 al presentar un recurso contra la operación. Sin embargo, el pasado junio, cinco años después, el Tribunal de Justicia de la UE desestimó su petición, junto a las otras 50 que también se habían presentado por el mismo motivo.
En la noche del 6 de junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Europea intervino el Banco Popular al ser considerado inviable. Fue vendido ese mismo día al Santander por el precio simbólico de un euro.
La Comisión Europea aprobó la resolución del Popular y su traspaso al Santander, después de que la JUR considerara que se cumplían las condiciones para adoptar la resolución de la entidad bancaria, depreciara íntegramente el valor nominal del capital social de la entidad, que implicaba la cancelación de las acciones, y transmitiera las nuevas acciones al Banco Santander. Más de 300.000 bonistas y accionistas perdieron todo su dinero tras esta medida.
Cuando se produjo esta operación, el presidente de la Fundación Barrié, José María Arias, era el consejero y vicepresidente del banco. La Barrié llegó a contar con el 8,25% de las acciones de la entidad bancaria y perdió, según distintas fuentes, cerca de 20 millones con la decisión de la JUR.
En los siguientes dos meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitió a trámite medio centenar de demandas contra la resolución, entre ellas la de la Barrié y la de Arias. Los damnificados buscaban la anulación de la operación o una compensación económica. Fuentes del sector estimaron que sus pérdidas alcanzaban los 4.000 millones.
Las denuncias iban dirigidas, sobre todo, contra la Junta Única de Resolución, que fue la que decidió la medida, y contra la Comisión Europea, que dio el beneplácito a la compra del Popular por el Santander. Pero el pasado junio, el Tribunal General de la UE rechazó todos los argumentos de los demandantes y confirmó que la resolución del Banco Popular se ajustó a derecho.
Ahora, la Fundación Barrié vuelve a recurrir a la justicia europea a la que reclama que condene a la UE a que le abone 47 millones por la disolución del Popular. La demanda de la entidad coruñesa no es la única. También han presentado recursos, y por los mismos motivos, la empresa madrileña Calatrava Real State 2015, que reclama 712.000 euros, y la ovetense Imasa, Ingeniería y Proyectos, que pide 186.000.
