Los grandes bancos y las eléctricas españolas han logrado unos beneficios de 25.586 millones hasta septiembre, un 29,9% más que en el mismo periodo de 2021. Estos cálculos incluyen a las seis mayores entidades bancarias en España (CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja), que se apuntaron ganancias de 16.014 millones, y a las grandes energéticas: Repsol, Endesa, Naturgy, Cepsa e Iberdrola. Estas compañías han conseguido en conjunto un beneficio de 9.572 millones en los nueve primeros meses del año, una cifra un 52% superior a la del mismo periodo de 2021.

Con la recesión en el horizonte y la inflación en máximos, las compañías energéticas disparan sus resultados debido a unos precios de la energía espoleados por el efecto de la guerra en Ucrania. “El negocio este año ha sido muy positivo. Los costes de la materia prima con la que trabajan estas empresas está disparado por el conflicto y lo han repercutido a los consumidores, por lo que sus ingresos se han multiplicado”, expone Darío García, analista de XTB. En el caso de la banca, las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales han hecho que el negocio tradicional de la banca (prestar dinero a cambio de intereses) sea más rentable y eso ha impulsado los buenos resultados.

Debido a estas circunstancias, el Gobierno ha señalado que estos dos sectores se están beneficiando de la actual coyuntura económica, muy difícil para los ciudadanos por la escalada de los costes de la vida cotidiana, y por ello está preparando nuevo tipos impositivos específicos para ellos. Además de estas medidas, el Ejecutivo también ha planteado un impuesto a las grandes fortunas para “hacer frente a la crisis”.

El objetivo que se ha marcado la titular de Hacienda, María Jesús Montero, es ingresar 7.000 millones en los próximos dos años. El impuesto a la banca pretende recaudar entre 2022 y 2023 hasta 3.000 millones, al aplicarse una tasa impositiva para gravar el 4,8% del margen de los intereses y comisiones que cobran las entidades financieras.

Pese a la insistencia del Gobierno, el BCE se ha mostrado contrario al gravamen planteado para la banca porque podría “distorsionar la competencia” y suponer un encarecimiento para el cliente. El Ministerio de Hacienda se apresuró a recordar que el dictamen del BCE no es vinculante y aseguró que “sólo se redefinirán cuestiones técnicas” del mismo.

También Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) se ha mostrado escéptica con los nuevos impuestos en un reciente informe. “Son muy cuestionables y estas medidas tienen fuerte carga ideológica y una clara motivación electoral”, aseguraba el documento.

“La prioridad tiene que ser un pacto de rentas, no medidas de este tipo. A medio o largo plazo, necesitaríamos una reforma fiscal, bien diseñada y bien pensada, no una serie de parches metiéndose con los ricos o con determinadas regiones”, señaló Ángel de la Fuente, director de Fedea, durante la presentación del estudio. El presidente de honor de Fedea es José Vilarasau Salat, que fue el primer ejecutivo de La Caixa durante 27 años El think tank, que siempre ha estado relacionado con las antiguas cajas de ahorro, también señalaba en su informe que la proposición de ley sobre los gravámenes a bancos y energéticas “ha superado las peores expectativas” y advierte de que pueden cometerse “exacciones claramente arbitrarias desde cualquier perspectiva que tienen muy mal encaje en un Estado de Derecho”.