El finiquito de los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña, en el aire al recurrirse el acuerdo con Alcoa

La resolución del Tribunal Supremo del pasado octubre por la que se validaba el acuerdo alcanzado entre Alcoa y los 277 trabajadores con derecho a indemnización de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña y los 247 de la de Avilés ha quedado en suspenso. Un recurso presentado por varias decenas de trabajadores que habían quedado fuera de ese pacto bloquea ahora el cobro de esas indemnizaciones, lo que ha supuesto un varapalo para las plantillas de la antigua Alcoa en A Grela y Asturias.

El acuerdo ahora recurrido daba el visto bueno a que los empleados pudieran ingresar lo acordado con Alcoa a cambio de renunciar al pleito contra la empresa que estaba en la Audiencia Nacional. El montante de esas indemnizaciones en A Coruña y Avilés ascendería a 70 millones. Aunque cada persona recibirá una cantidad diferente en función de su antigüedad en la compañía, la media es de algo más de 117.000 euros. Según el acuerdo, a los 277 trabajadores de la planta de A Coruña y a los 247 de la de Avilés les correspondía 60 días de salario por año trabajado (sin límite a los mismos) y 10.000 euros para todos los afectados de manera lineal.

La estimación era que lo cobraran en Navidad, pero esas fechas han quedado ahora pospuestas. Algunos de los trabajadores solicitaron al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que se les pudieran adelantar los pagos, pero también se les denegó.

Según fuentes consultadas por este diario, ahora el Supremo tendrá que decidir sobre el recurso, por lo que los trabajadores tardarán meses en cobrar.

Las mismas fuentes coincidieron en señalar que el objetivo de los impulsores del recurso es que los incluyan en el acuerdo de indemnizaciones, o bien negociar una cantidad para ellos, aunque sea al margen de dicho pacto. En esa situación hay extrabajadores tanto de la planta de A Coruña como de la de Avilés.

En 2019, cuando Alcoa y los sindicatos alcanzaron un acuerdo previo a la venta de las fábricas al fondo de inversión suizo Parter Capital, los trabajadores que han denunciado ahora el acuerdo se acogieron a los planes de extinción de contratos por causas objetivas o para la recolocación externa. Por ello, quedaron fuera del último Acuerdo Transaccional Global suscrito por los representantes de los trabajadores, Alu Ibérica y la multinacional estadounidense, por el que los empleados recibirán indemnizaciones si desisten de todas las reclamaciones en los tribunales.

El acuerdo entre los extrabajadores de Alu Ibérica, sus representantes sindicales, las dos administraciones concursales de las fábricas y la multinacional Alcoa, que acaba de ser recurrido, se suscribió el pasado abril en parecidos términos al que ofertó Alcoa en 2019, cuando planteó un plan social para hacer un despido colectivo, y su base era un documento transaccional que, para ser efectivo, tenía que homologar la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Para llegar al Alto Tribunal, el acuerdo tuvo que salvar la aprobación del expediente de regulación de empleo (ERE) de las dos fábricas por parte de las autoridades laborales de Galicia y del Principado. Y, luego, que los juzgados de lo mercantil (de A Coruña y de Oviedo) que vigilan las dos fábricas lo aprobasen definitivamente. El pasado mes de octubre el Tribunal Supremo validó el acuerdo, que se haría efectivo si nadie lo recurría. Algo que no ha ocurrido.

Tardón ha ordenado también realizar una “investigación patrimonial completa” de los cuatro.

Fianza de 75 millones para los últimos directivos de la empresa

Mientras se dilucida si los trabajadores de Alu Ibérica cobrarán las indemnizaciones y cuándo lo harán, la Audiencia Nacional continúa con las investigaciones en torno al proceso de venta de las fábricas de A Coruña y Avilés a Parter primero, y posteriormente al Grupo Riesgo. La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, ha impuesto una fianza de 75 millones de euros a los últimos directivos de Alu Ibérica, es decir, a los responsables del Grupo Riesgo. La jueza impone la fianza a los máximos responsables de la compañía, Victor Rubén Domenech y Alicia Camacho, y a sus administradores y representantes legales, Luis Losada y Diego Peridis.

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