En 2023
Salario mínimo: La patronal plantea 1.040 euros y los sindicatos llegar a 1.100 euros
El Ministerio de Trabajo evita mojarse con una cifra concreta y alarga la negociación para actualizar el SMI
Gabriel Ubieto
El salario mínimo interprofesional (SMI) de 2023 todavía no está claro. El Ministerio de Trabajo ha presentado este miércoles a los sindicatos las recomendaciones de sus expertos para revalorizar este suelo salarial, actualmente ubicado en los 1.000 euros brutos al mes (en 14 pagas). La patronal, por su parte, ha plantado a los negociadores del departamento liderado por Yolanda Díaz, tras introducir esta sin previo aviso un refuerzo de la Inspección de Trabajo para frenar eres sin causa. Los empresarios, no obstante, han remitido por escrito su propuesta para subir el SMI y afirman estar dispuestos a llegar a los 1.040 euros. Mientras las centrales reclaman ir más allá y situarlo en los 1.100 euros.
Desde el Ministerio de Trabajo han evitado mojarse y definir cuál será la cifra final del SMI que llevarán al Consejo de Ministros para que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las diferencias dentro del propio Ejecutivo no ayudan a desencallar posiciones y Díaz todavía no ha especificado si aceptará las pretensiones de los sindicatos, se atenderá a las demandas empresariales u optará por una cifra alternativa.
Su previsión inicial era llevar la revalorización del SMI al cónclave ministerial del próximo 27 de diciembre, el último del año, si bien la dilatación de las conversaciones puede provocar que no lleguen a dicha fecha, las conversaciones se vayan hasta enero y su aprobación tenga que ser retroactiva. Algo más de dos millones de trabajadores están a expensas de cómo queda el salario mínimo a partir del mes que viene, principalmente jóvenes, mujeres, migrantes y empleados de pequeñas empresas.
El Ministerio de Trabajo volverá a citar a los agentes sociales para una nueva reunión -sin fecha todavía fijada- para presentarles su propuesta formal de incremento, ya con una cifra concreta. "Hemos insistido en que tiene que haber una propuesta de Gobierno", ha insistido tras el encuentro de este miércoles la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, en referencia a esas diferencias dentro de la coalición con este tema.
Del idilio al bloqueo
El diálogo social, que al inicio de la legislatura y tras el estallido de la pandemia protagonizó un idilio a tres bandas, vive hoy sus horas más bajas. La CEOE ha cumplido su palabra y ha mantenido suspendida toda interlocución con Yolanda Díaz, al sentirse "traicionada" por esta. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se ha reunido únicamente con CCOO y UGT para hablar de si el salario mínimo debía subir hasta los 1.046 euros o hasta los 1.082 euros, tal como habían planteado los expertos del Gobierno. Sin los empresarios en la mesa, las centrales han exigido ir hacia la banda más garantista para con los derechos de los trabajadores y han reclamado que el SMI suba más incluso que las pensiones (+8,5%).
No obstante, los patronos han cambiado de criterio y sí han querido entrar a negociar el SMI. Plantean subirlo hasta los 1.040 euros, ligeramente por debajo de la franja mínima planteada por los expertos del Gobierno, pero por encima del aumento de los funcionarios (3,5%) y del incremento que planteaba el Ministerio de Economía (3%). Además de introducir deducciones de las cuotas empresariales para las corporaciones del campo y que el Gobierno actualice sus contratos públicos para poder repercutir dicha subida a precios.
Mientras las centrales argumentan la perdida de poder adquisitivo de los trabajadores durante el último año debido al encarecimiento de los precios, los patronos se apoyan en que la productividad por ocupado está por debajo de los niveles previos a la pandemia y que las perspectivas de crecimiento del PIB para el próximo año son peor de los esperado inicialmente.
Lo que sí ha dejado claro en la mañana de este miércoles la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es que el salario mínimo interprofesional seguirá su senda ascendente y se equipará, según cálculos del Gobierno, al 60% del salario medio español. Esta es una de las recomendaciones de la carta social europea, el Ejecutivo la había hecho suya en el acuerdo de coalición y se había comprometido a ello antes de finalizar la legislatura.
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