Los extrabajadores de Alu Ibérica acaban el año sin cobrar el finiquito por la demora de los pleitos

La lucha de los trabajadores de la empresa Alu Ibérica por salvar el sector del aluminio primario en España comenzó en las salas de reuniones de la propia compañía, con sus propietarios al otro lado de la mesa (o de la pantalla), salió a la calle en cuanto se hizo patente que los usos presuntamente delictivos de los dueños al frente de la compañía. Llegó al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Industria... pero hace más de medio año, los trabajadores se convirtieron en extrabajadores; las fábricas y el futuro previsto se desvanecieron. Y sucedió así porque el 10 de mayo, los 277 trabajadores que llegaron al final de la agonía pasaron a engrosar las listas del paro. Casi siete meses después aún no han cobrado sus finiquitos correspondientes (ni el pactado con la multinacional Alcoa a cambio de sacarla a ella y a cuatro de sus jefes de la lista de investigados, ni el que le correspondería abonar al Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo). Y es así porque las vías judiciales (son dos) se dilatan más de lo previsto.

E La empresa en liquidación. En diciembre del año pasado Alu Ibérica A Coruña entraba en un concurso de acreedores. Como consecuencia de ello, se nombró a un equipo de administradores concursales. A finales de ese mismo diciembre, los trabajadores supieron que abrían las puertas de la calle a toda la plantilla. Lo hacían en forma de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Y es que, desde el mes de julio anterior en la planta de A Grela no se producía nada: los gestores que habían contratado los dueños de la empresa —los investigados por la Audiencia Nacional como presuntos responsables de la descapitalización fraudulenta de las instalaciones: David Domenech (Víctor Rubén Domenech, de manera oficial) y su socia Alexandra Camacho— habían decidido suspender la actividad productiva.

E La primera vía judicial. La Confederación de Cuadros y Profesionales, la Federación de Industria de CCOO, la Federación de Industria de USO, FICA-UGT, y la CIG presentaron en noviembre de 2020 una demanda penal, en principio, contra el conglomerado de empresas para hacer frente a la operación de compraventa de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés. La Audiencia Nacional pidió a los demandantes que dirigieran el tiro a blancos más claros y terminaron siendo partes demandadas la multinacional Alcoa, en su encarnación española (Grupo Alcoa Inespal) y las dos Alu Ibérica, la de A Coruña y la de Avilés.

E La segunda vía judicial. En una sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional de junio 2021 se lee que la “reindustrialización de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés y el mantenimiento del empleo mediante su venta a un empresario serio, solvente y riguroso no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo pactado”. Y, continúa, de ello devino “una situación desoladora”. Dado el fiasco de la operación, es preciso retrotraer la situación al momento anterior a la venta al fondo suizo Parter Capital (primer comprador de las fábricas), es decir, al acuerdo del 15 de enero de 2019: o se venden las fábricas o la plantilla tiene que ser despedida a razón de 60 días por año trabajado cobrando, además, una paga de 10.000 euros. Esta es la segunda vía: la social.

E Acuerdo. La multinacional Alcoa resultó condenada en junio de 2021. Para salir del embrollo propone un acuerdo con los trabajadores y con sus representantes sindicales: si les sacan de las dos vías, pagarán aquello que habían prometido. La negociación de este acuerdo se produjo en la primavera de este año. Este acuerdo traía una carrera de obstáculos dividida en una decena de anexos y un documento transaccional que, para ser efectivo, tenía que homologar la sala de lo social del Tribunal Supremo —algo que hizo, aunque ahora está recurrido por 14 extrabajadores de la planta de A Coruña que dejaron la empresa hace casi tres años—. Para llegar al alto tribunal los trabajadores tuvieron que aprobar sus despidos, las autoridades laborales de Galicia y Asturias tuvieron que aprobar los dos expedientes de regulación de empleo (ERE). Y, luego, los juzgados de lo mercantil (de A Coruña y de Oviedo) que vigilan las dos fábricas lo aprobaron definitivamente.

E La situación presente. Los extrabajadores hicieron todo lo recogido en el acuerdo: retiraron las demandas contra Alcoa y los cuatro jefes de la multinacional. Esta retirada se hizo por la vía penal. Los 14 de A Coruña sin embargo, recurrieron esta medida. La sala de lo penal les dio la razón: la retirada se hizo de “forma prematura”, dijo. Los 14 recurrentes tienen que explicar ahora por qué tienen que seguir siendo investigados dado que todas las demás partes consideran que no es necesario.

E Fogasa. Entre tanto, los extrabajadores de Alu Ibérica llevan casi siete meses sin cobrar la indemnización por despido (ni la pactada con Alcoa, ni la que le corresponde legalmente y debe conceder el Fondo de Garantía Salarial). Los administradores concursales han certificado al Fogasa la deuda contraída por la empresa con su antigua plantilla. Varios extrabajadores han pedido el adelanto de su finiquito al Fogasa, pero se lo ha negado. Y con el alargamiento de los pleitos está previsto que cobren en primavera y en estas navidades, como estaba en la mente de todos.

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