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Trabajo se volcará este año en los falsos autónomos, fijos discontinuos y convenios

La ‘policía laboral’ suma los retos de la reforma laboral y los cambios en el código penal a su plan estratégico. Una de cada tres actuaciones de la Inspección suelen acabar en sanción

Manifestación de repartidores en 2021. | // RICARD CUGAT

De la misma manera que las empresas inauguran el año con un cuadro de objetivos, la Inspección de Trabajo también tiene su propia lista de materias prioritarias y fraudes a vigilar especialmente cuando visite los centros de trabajo durante el presente ejercicio. Fijos discontinuos, convenios colectivos y falsos autónomos son algunas de las carpetas a las que la policía laboral estará especialmente atenta en sus actuaciones. Materias novedosas todas ellas en tanto que se incorporan con la nueva reforma laboral y los cambios en el código penal y que se suman al plan estratégico que guía anualmente las actuaciones de los inspectores y subinspectores de Trabajo.

Según la última memoria disponible del organismo estatal, la policía laboral inspeccionó en 2021 un total de 663.277 sedes de empresas. Es decir, prácticamente la mitad de las compañías en España reciben la visita de un inspector en algún momento del año. De dichas actuaciones resultaron sanciones y requerimientos por valor total de 1.030,2 millones de euros. Y cerca de una de cada tres actuaciones de la Inspección suelen acabar en multa o sanción para la empresa.

Aunque no siempre todas las actuaciones requieren de presencia física de inspectores, en tanto que el cuerpo ha ido incorporando algoritmos en su arsenal para «a través del análisis masivo de datos, detectar posibles situaciones irregulares en el uso de distintas formas de contratación», apuntan fuentes consultadas de la dirección de la Inspección.

La actividad de la policía laboral se ha disparado esta legislatura. Según datos que ofreció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando presentó el plan estratégico del cuerpo, la acción inspectora ha aumentado el 355% durante su mandato al frente de Trabajo. Incremento que no ha ido aparejado de un aumento de plantilla acorde y que ha provocado, entre otros, la primera huelga de todo el cuerpo en la historia de la institución.

Parte sustancial de ese aumento de trabajo se explica por la aprobación de nuevas normativas. Desde la obligación para las empresas de tener al día su plan de igualdad pasando por los ERTE durante la pandemia del COVID y hasta la última reforma laboral. En relación a esta última, miles de empresas han tenido que adaptarse al nuevo abanico de contratos pactado entre Gobierno, patronal y sindicatos. Aquí las fórmulas temporales se han limitado en aras de que las compañías conviertan parte de esta temporalidad desordenada en contratos indefinidos.

Los agentes vigilarán que figuras como el contrato de obra y servicio se extingan definitivamente y que las empresas no los perpetúen. Y también que el uso de las alternativas aupadas por la reforma es el adecuado a la norma, como es el caso del fijo discontinuo. “La relevancia adquirida tras la reforma laboral de esta forma de contratación hace que, lógicamente, también aumenten los controles de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no porque se cuestione esta figura sino para velar por su utilización correcta”, cuentan fuentes consultadas de la dirección de la Inspección. Aquí, si bien no es nuevo, el organismo también vigilará con especial atención el empleo irregular y en B.

Otra novedad legislativa que tendrá incidencia en la acción inspectora es la modificación del Código Penal, según la cual pueden ser tipificados como delitos el abuso reiterado de la figura del falso autónomo. Algo que se espera que tenga especial incidencia en sectores como el de las plataformas digitales, donde el empleo de autónomos para repartir sigue siendo la tónica generalizada pese a la ley Rider. “Este año se continuará prestando especial atención a los falsos autónomos, las prácticas no laborales de carácter fraudulento y a las plataformas de reparto”, confirman desde Inspección.

Riesgos laborales y horarios

A las carpetas novedosas se suman los sospechosos habituales vigilados por la Inspección. En esta situación están la prevención de riesgos laborales y las materias vinculadas con la salud laboral, donde las cifras de siniestralidad al alza obligan a los agentes de la policía laboral a buscar mejores resultados. Entre enero y octubre de 2022, últimos datos disponibles, murieron durante su jornada laboral o yendo y viniendo a la misma 688 personas en toda España, el 17% más que en el mismo periodo del año anterior.

Una de nuevas herramientas que ha incorporado la Inspección para el control de las horas efectivamente trabajadas es el algoritmo conocido como MAX. Este ayuda a los agentes a detectar fraudes con el registro de jornada —obligatorio en toda empresa desde 2019— y que no se trabajen más horas de las estipuladas en el contrato. Según los últimos datos del INE, en España se trabajan cada mes 24,8 millones de horas extra, de las cuales el 43,5%, es decir, 10,8 millones, las empresas no las pagan.

Pese a que Yolanda Díaz anunció la puesta en marcha de este algoritmo en mayo, poco se conoce del mismo. Ni su configuración, ni si es eficaz o no.

La Seguridad Social ingresó en tres años 2.200 millones en expedientes liquidatorios

En los tres últimos años, según datos del Ministerio de Trabajo, del labor inspectora ha aportado a las arcas de la Seguridad Social más de 2.200 millones de euros en expedientes liquidatorios, ha permitido aflorar más de 51.500 falsos autónomos y que 670.000 contratos temporales se transformaran en fijos, entre otros.

“Es una irresponsabilidad abandonar de semejante manera al organismo y a su plantilla. Es peligroso que desde los niveles políticos se engorde el discurso en defensa de la Inspección sin que los compromisos y actuaciones desde dichos niveles vayan en la misma dirección”, afirmaban los sindicatos convocantes de la huelga anunciada para diciembre, enero y febrero. Las cinco centrales programaron tres jornadas de paro de 24 horas, que atañen a todos los centros de trabajo.

En 2007 ya hubo una huelga de 10 días en la Inspección, aunque solo convocó al personal administrativo. Según los últimos datos de la propia Inspección de Trabajo, en 2020 el cuerpo disponía de 2.005 inspectores y subinspectores, que deben controlar a una población de trabajadora de 20,2 millones de personas. Es decir, tocan a más de 10.000 trabajadores por agente. Una proporción criticada por las centrales y que se ha visto agravada por el aumento de legislación laboral aprobada en los últimos años.

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