Cinco magistrados del Supremo deciden el futuro de Ence, su plantilla y todas las auxiliares

Pontevedra, toda su comarca y Galicia miran hoy atentamente hacia Madrid. Concretamente a la sede del Tribunal Supremo entre cuyas paredes cinco magistrados tienen en su mano decidir sobre la continuidad o no de la fábrica de Ence en Lourizán. Será la respuesta, parece que definitiva, al eterno conflicto existente en la ciudad entre quienes defienden su permanencia al ser el motor económico de la comarca o quienes reclaman su marcha para recuperar ambientalmente la ría y unos terrenos de dominio público perdidos a mediados del siglo pasado. Se pondrá fin a un culebrón judicial de seis años de duración que todavía dará algún coletazo más, aunque, sin duda, la decisión que tome el Supremo a partir de hoy se prevé que marque definitivamente el futuro de Ence, de sus trabajadores, de sus auxiliares, del sector logístico y también del Puerto.

E ¿Qué deciden hoy los jueces del Supremo?

Los cinco magistrados de la Sala Tercera de la Sección V de lo Contencioso-Administrativo, especialistas en legislación medioambiental y de Costas, deberán estudiar los recursos interpuestos por la empresa y otras diez entidades (trabajadores, auxiliares, sector forestal y el Puerto, entre otros) contra dos de las tres sentencias dictadas por la Audiencia Nacional a lo largo de 2021 anulando la prórroga de la concesión otorgada en 2016 por el Gobierno en funciones que presidía Mariano Rajoy. Ence disfrutaba de una concesión original que finalizaba en 2018, pero en 2013 se modificó la ley de Costas y el Ejecutivo se amparaba en esta legislación para prolongar la estancia en dominio público de esta empresa durante 70 años más a cambio de importantes inversiones.

Concello de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación pola defensa da ría (APDR) recurrieron aquella decisión administrativa. En 2019 la Abogacía del Estado, ya con un gobierno socialista, decidió sumarse a las tesis del ayuntamiento y los ecologistas y, finalmente, la Audiencia Nacional declaró ilegal la prórroga concedida a Ence en 2021. A partir de hoy el Supremo delibera si estima los recursos interpuestos contra esta anulación de la prórroga (lo que permitiría seguir a Ence en Lourizán hasta el año 2073), o por el contrario, los desestima y da por buena la decisión ya adoptada por la Audiencia Nacional. El Supremo abordará los recursos contra dos de las tres sentencias que anulaban la prórroga, la del Concello y Greenpeace. Quedaría por resolver la de la APDR, aunque fuentes del Alto Tribunal consideran que el resultado sería similar dado que el contenido del recurso es idéntico y el fallo va a sentar jurisprudencia sobre este tipo de actividades industriales en terrenos de dominio-público marítimo terrestre.

E ¿Cómo es el proceso?

Los dos magistrados ponentes de cada una de las dos sentencias que se someten a examen, Ángeles Huet de Sande y Fernando Román García, expondrán el caso ante sus otros tres compañeros y se abrirá la deliberación y debate para, en el momento que consideren oportuno, someter a votación el fallo definitivo que podría incluir votos particulares. Al tratarse de un tema complejo, es posible que se pudiera señalar una nueva jornada de deliberación, aunque las fuentes consultadas lo ven poco probable y se espera que hoy alcancen una decisión. Cuestión aparte es sí el fallo se hará público hoy o se esperará a que se notifique la sentencia completa a las partes, lo que tardaría una o dos semanas.

E ¿Qué sucederá según el sentido del fallo?

Las partes en litigio ya han anunciado que agotarán todas las instancias judiciales para intentar combatir cualquier sentencia que vaya en contra de sus intereses. Quedaría, por lo tanto, el Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como últimos recursos. No obstante, todas las partes coinciden en que la decisión del Supremo será, casi con total seguridad, definitiva. Un fallo contrario a los intereses de Ence dejaría a la empresa desprovista del título concesional que ampara su actividad en Lourizán. La fábrica quedaría a expensas del calendario que marcase el Ministerio de Transición Ecológica para ejecutar la sentencia y poner fin a la actividad. La propia empresa recoge en sus comunicados a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que prevé el posible desmantelamiento de la fábrica entre este año y el siguiente en caso de recibir una sentencia del Supremo contraria a sus intereses. Un fallo favorable permitiría seguir a Ence en Pontevedra hasta 2073, una decisión que el Gobierno ya ha anunciado que acataría.

E ¿Cuál es el precedente de Murcia?

Los presidentes de los comités de empresa de Ence y las auxiliares se mostraron optimistas ante un posible fallo favorable hacia la continuidad de Ence en Lourizán. Aluden a una sentencia previa cuyo ponente es uno de los magistrados que también estudian este caso, Fernando Román García, en la que se permite prorrogar el uso de una vivienda en terrenos de Costas en Murcia. El auto del Supremo en el que se admite el interés casacional de los recursos planteados por Ence y otros contra el fallo de la Audiencia alude a esta sentencia, pero también reconoce que es un caso distinto que merece un nuevo pronunciamiento: “Teniendo en cuenta que la prórroga concesional sobre la que versa dicha sentencia se refiere a una edificación con destino a vivienda (el asunto de Murcia), en el presente caso (el de Ence), considerando la trascendencia social y económica que reviste la concesión que es objeto de recurso aconseja un nuevo pronunciamiento de esta Sala”, finaliza el Alto Tribunal. El Supremo deberá analizar si, como dice la Audiencia, la empresa no tiene la necesidad de ocupar terrenos de dominio público marítimo terrestre para desarrollar su actividad, ya que si la respuesta fuese afirmativa sí permitiría la prórroga.

Un fallo que abrirá nuevos frentes judiciales

De ser favorable a los intereses de la pastera, Concello, Greenpeace y posteriormente la APDR ya anunciaron que llevarían la resolución a otras instancias como el Constitucional o el TJUE. Si es contrario a los intereses de Ence, el fallo tendría carácter firme y el Ministerio de Transición Ecológica, a través de su secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ya advirtió que su obligación sería “ejecutar” la decisión judicial. Esto podría suponer el cierre y desmantelamiento de la fábrica aunque la empresa continuase defendiendo la vulneración de sus derechos ante el Constitucional o en Luxemburgo. La empresa ya anunció también que, de anularse la prórroga por un fallo judicial, solicitarían las correspondientes indemnizaciones por las inversiones realizadas bajo el amparo de una concesión otorgada por la propia administración, cargando sobre esta la responsabilidad de la misma, y solicitando la devolución de las fuertes inversiones realizadas en Pontevedra desde 2016: al menos 132 millones hasta 2019. En cuanto al impacto económico en la pastera, la empresa ya se cubrió las espaldas en 2019 tras las tres sentencias de la Audiencia Nacional. Realizó una provisión de fondos en su contabilidad de casi 200 millones de euros. De ellos, 42 millones para un potencial desmantelamiento de la fábrica y seis para cancelación de contratos. Su plan pasaría por compensar la producción de Pontevedra ampliando la fábrica de Navia.

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