La plantilla y el administrador concursal apoyan la oferta por Arias Infraestructuras, que rechaza la jueza

El administrador concursal de Arias Infraestructuras y la plantilla de la constructora coruñesa son partidarios de que la jueza que tramita el concurso de acreedores de la empresa acepte la oferta de compra que ha realizado la viguesa Prace. En un auto del pasado 10 de abril, la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, María Salomé Martínez Bouzas, rechazó la propuesta porque no cumplía las condiciones estipuladas.

En el texto se señala que “la administración concursal informa favorablemente a la transmisión de la unidad productiva con la extensión descrita en su escrito. Interesa, dice, se dicte auto de autorización de la venta a favor de Prace Servicios y Obras”. Y hasta la administradora, Debco Estructura Profesional, representada por Eduardo Debén, realizó un ajuste económico para que el ofrecimiento de 3,5 millones de la empresa viguesa se ajustase a las reglas de liquidación que aprobó la jueza. Una de estas normas era que la oferta debía alcanzar, al menos, el 50% del valor de la unidad productiva, que se había tasado en 8,7 millones. Los 3,5 suponen el 40%.

El precio global de adquisición es de 3.550.000 euros, cuyo desembolso, según la proposición de Prace, se hará mediante el pago en efectivo de 2.992.107 euros y la asunción de deudas de la concursada valoradas en la oferta en 557.892. Señala el auto que “pretende la administración concursal que se entienda que el precio supera el 50%” ya que asegura que “en dicho análisis, y al objeto de que el mismo se realice en términos homogéneos, se ha procedido a ajustar las cantidades económicas”. Según el recálculo del administrador, la propuesta alcanzaba el 51% del valor de la compañía coruñesa. Pese a ello, la jueza asegura que “el criterio de la administración concursal no se comparte” por lo que “la oferta cuya autorización se interesa no se ajusta a los términos de las reglas especiales de liquidación judicialmente aprobadas, ya que no alcanza al 50% del valor de la unidad productiva en su conjunto (supone el 40,53 %) por lo que no puede accederse a la autorización interesada”.

No solo la administración concursal ha dado su beneplácito a la compra de Arias Infraestructuras por parte de Prace. La plantilla también lo ha hecho. El auto recoge que en la consulta realizada a los empleados se han mostrado favorables a la venta a favor de constructora viguesa. “Los representantes legales de los trabajadores, tras las alegaciones que consideraron pertinentes, concluyen que debe resultar adjudicataria de la adquisición de la unidad productiva de la concursada la entidad Prace Servicios y Obras, interesando la adjudicación a esta compañía”. Pese al rechazo, la jueza abre la posibilidad de que Prace compre Arias Infraestructuras en una siguiente fase cuando señala en el auto que “sin perjuicio de que pueda autorizarse la venta a la misma oferente si así procediera tras efectuarse los trámites legalmente previstos en las reglas especiales de liquidación: en el caso de que supere el 40% sin alcanzar el 50% solicitará la administración concursal autorización para abrir plazo para recabar mejores ofertas”. Este periodo para recibir nuevas propuestas está abierto y al final de él será cuando la magistrada tome una decisión.

El despido de los 44 trabajadores costará casi un millón de euros

Cuanto entró en concurso de acreedores en marzo de 2022, Arias Infraestructuras contaba con 93 trabajadores. La mitad fueron despedidos con un ERE de extinción a finales del año pasado, y la otra mitad aún sigue en la compañía, aunque tres empleados han abandonado la firma desde entonces. En total, hay 44 contratados. Uno de los objetivos que busca la jueza es que la compradora mantenga el máximo de puestos de trabajo posibles, una situación que no es difícil, ya que el sector de la construcción necesita mano de obra especializada, algo que tienen los empleados de Arias Infraestructuras. Sin embargo, Prace también ha valorado en su propuesta de adquisición el coste que supondría el despido de todos los empleados. Y lo ha tasado en casi en un millón de euros. “Dado que en la oferta presentada por esta parte se asume la subrogación de un total de 44 contratos de trabajo, expresamente se interesa que, se tenga en cuenta también el coste de las indemnizaciones por la extinción de esos 44 puestos de trabajo, que a fecha de 31 de marzo de 2023 podría ascender a 935.000 euros aproximadamente”, señala la compañía viguesa. El pasivo de la constructora coruñesa cuando entró en concurso de acreedores era de 12,5 millones, así que la venta de los activos que se han tasado en 8,7 no llegará para hacer frente a toda la deuda. Los primeros en cobrar serán los trabajadores, además de los créditos públicos. Después irán los proveedores y la banca.

Suscríbete para seguir leyendo