El coste de la industria de Galicia por el CO2 se dispara a 271 millones

La descarbonización de la economía y, particularmente, del sistema eléctrico explica el acelerón de Galicia en la reducción de los gases de efecto invernadero en los últimos años. Descontando la parte absorbida por el efecto sumidero de la superficie forestal, cultivos, humedales y otros usos de la tierra, las emisiones netas alcanzaron las 9,3 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) en 2021, un 6,8% más que el ejercicio anterior —el 2020, cuando el parón de la actividad a causa de la pandemia frenó también la contaminación atmosférica—, pero un 67% por debajo de los picos de más de 28 millones de toneladas que la comunidad llegó a lanzar hace dos décadas. La clausura de la térmica de Naturgy en Meirama y el progresivo apagado de la de Endesa en As Pontes —le queda como mucho un año de vida más tras el sí del Gobierno a la petición de fin de operaciones de la compañía— permitirá a Galicia ser una de las regiones más cumplidoras en el ajuste de emisiones impuesto por la Comisión Europea. Lo que no significa que todavía le quede un gran camino que recorrer para la llamada neutralidad climática.

Los datos de las grandes industrias dan las primeras pistas de cómo evolucionaron las emisiones a lo largo del pasado año. Y volvieron a subir. De las 5,7 millones de toneladas equivalentes de CO2 contabilizadas en 2021 pasaron a casi 5,9 millones, un 3,5% de alza, según el balance que acaba de publicar el Ministerio para la Transición Ecológica.

Son instalaciones que, por el gran impacto en la cantidad de gases de efecto invernadero ligado a su actividad, están sujetas al sistema de comercio de derechos. Algunas tienen un cupo gratuito. Si se pasan, deben comprar en el mercado los derechos por la cantidad proporcional. Otras, como las energéticas, carecen desde hace tiempo ya de esa asignación y pagan por sus emisiones al completo.

La factura por el volumen de CO2 sobrepasado entre los principales focos industriales de contaminación atmosférica en Galicia escaló a los 270,8 millones de euros el pasado año después de un fortísimo incremento del 56% en comparación con 2021. Además del incremento de cerca de 199.000 toneladas en las emisiones, la cotización de los derechos de CO2 siguió subiendo. Cada vez hay menos oferta en el mercado —porque el sistema se basa en ir adelgazando las cantidades para “estimula la inversión en tecnologías más limpias que permitan a las industrias que operan en el sistema ser más eficientes”— y su precio engorda. De media, el coste de una tonelada se situó en 79,56 euros en 2022. Se encareció un 46,8% respecto al ejercicio anterior y llegó a tocar un máximo de 97,51 euros. El precio medio en lo que va 2023 aumentó hasta los 86,37, como recogen los análisis de Sendeco 2, una de las empresas de referencia en la compraventa de derechos de emisión por cuenta propia y al asesoramiento técnico y administrativo de las instalaciones industriales a las que se aplica este instrumento.

El ciclo combinado de As Pontes se pone a la cabeza de los grandes emisores de CO2 en Galicia. Superó las 1,2 millones de toneladas el pasado año, un 53% más que en 2021 por el empuje creciente del gas en la producción eléctrica. La refinería de Repsol en A Coruña elevó sus gases de efecto invernadero el 31%, hasta las 995.700 toneladas, por la recuperación paulatina del consumo de carburantes después del desplome causado por la pandemia. La central de carbón de As Pontes, reiniciada para mitigar la grave crisis energética a raíz de la guerra en Ucrania, sumó 930.300 toneladas equivalentes de CO2 con una vertiginosa subida del 78,6%. En el otro ciclo combinado, el de Sabón, se incrementaron el 9%, casi 700.000 toneladas.

Los gordo de la factura de los derechos de CO2 se concentra en esas cuatro instalaciones, aunque no son las únicas que excedieron sus cuotas. Fue la tónica dominante en 2022 en casi siete de cada diez emisores de Galicia incluidos en el sistema de comercio de derechos. La mayoría, el 74%, pasó la tijera a los gases lanzados a la atmósfera. Entre las caídas destaca la planta de alúmina de Alcoa en San Cibrao —12% menos, hasta las 566.400 toneladas— y la de aluminio —89% de reducción (45.000 toneladas)—, cerrada temporalmente para esquivar los altos precios de la electricidad. Xeal, la fábrica de aleaciones de Dumbría, aminoró sus emisiones el 33%; un 40% Ferroatlántica en Sabón; el 57% la cementera Votorantim; el 66% Tableros Hispanos; un 53% la planta de Reganosa; y entre el 27% y el 81% las cuatro factorías de Finsa (Padrón, Santiago, Fibranor y Orember).

Las emisiones totales de las instalaciones reguladas por el comercio de derechos en toda España alcanzaron las 96,32 millones de toneladas en 2022, un 5,1% por encima del año precedente. El incremento en el sector de generación eléctrica rozó el 40%. En el resto de las industrias se registró un recorte del 6,7%. Es, según Transición Ecológica, una disminución “generalizada, con la notable excepción del refino de petróleo”, donde crecieron el 6,3%. “Los sectores cementero, siderúrgico, cerámico, de producción de cal y papelero tienen descensos en sus emisiones que rondan o superan el 10% —añade el informe—. Este comportamiento parece responder principalmente a una bajada de producción”. El 98% de los centros de producción cumplen “todas sus obligaciones básicas”. Los que no, “con carácter general” son instalaciones camino del cierre.

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