La Xunta teme el contagio de la judicialización de la eólica a los futuros parques en el mar

La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de plantear al Tribunal de la UE (TJUE) tres cuestiones prejudiciales que, en esencia, ponen en tela de juicio la evaluación ambiental de los parques eólicos en Galicia a pesar del aval del Supremo al momento del proceso en el que se están pidiendo los informes técnicos de los organismos sectoriales, abre la puerta a dejar en el aire todos los proyectos inmersos en la maraña judicial. De hecho, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió el pasado jueves la “paralización total” del sector. La espera de la respuesta del TJUE sirve a la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal gallego de argumento para congelar los litigios, como ya anunció que hará con el parque A Raña III, el caso con el que pide el pronunciamiento de la justicia europea. Es el mismo procedimiento de revisión de riesgos en el entorno que se usa en cualquier instalación energética o industria y la Xunta ya admite abiertamente que le preocupa el contagio de la judicialización al inmediato estreno de la eólica marina.

“Sin duda”, aseguró ante esa posibilidad la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, tras la reunión ayer del observatorio de la eólica marina que la Xunta comparte con el sector pesquero y la patronal del metal Asime. El Ejecutivo autonómico da un sí claro al desarrollo de la offshore “garantizando la compatibilidad con los recursos pesqueros, el medio marino y con el medio ambiente” y exprimiendo los beneficios sociales para las zonas afectadas. Por eso una de las alegaciones que presentará a la regulación de las autorizaciones de la eólica marina del Ministerio para la Transición Ecológica será un mayor peso para los criterios que no son económicos en la valoración de los proyectos frente al “hasta 30% previsto”. Lorenzana reveló que Rueda acaba de pedir a la ministra Ribera la agilización de los permisos a la plataforma experimental prevista en Punta Langosteira.

El TSXG suspende otros dos proyectos de forma cautelar por el posible daño ambiental

Tras la anulación de la repotenciación del parque eólico Corme vino la primera oleada de suspensiones cautelares de proyectos del sector por las dos mismas razones: el recorte a la mitad del plazo de exposición pública y el supuesto atropello de la directiva comunitaria de evaluación ambiental, según el Tribunal Superior de Xustiza, por no consultar a los técnicos de organismos sectoriales antes de exponer el parque a la fase de alegaciones. El alto tribunal gallego cambió de argumentos después de que el Supremo corrigiese su primer fallo y diera su aval a la tramitación. A principios de esta semana, antes de conocerse que acudiría al Tribunal de Justicia de la UE para rearmar la batalla contra el procedimiento, el TSXG anunció la paralización de otros 13 parques por el supuesto daño ambiental. A esa nómina de parques en el aire se unen otros dos. El TSXG asegura que el de As Penizas, promovido por Greenalia en Forcarei y Cerdedo-Cotobade, tiene una “afección paisajística clara”. No está en zona protegida, pero el tribunal sostiene que su poligonal —la zona de influencia— sí afecta. Sobre Serra do Faro Ampliación II (Rodeiro y Dozón) señala que las obras “son susceptibles de causar un grave daño a valores ambientales sensibles”.

Suscríbete para seguir leyendo