La patronal del metal de Galicia alerta de “fraudes” en la formación en riesgos laborales

Asime reclama “un control exhaustivo” de las empresas que dan los cursos y las certificaciones y ser “estrictos” en las subcontratas

Enrique Mallón. |   // A. VILLAR

Enrique Mallón. | // A. VILLAR / Julio Pérez

Julio Pérez

Todo apunta a que el trabajador fallecido ayer en la factoría de Bacalao Outón en Ponteareas sufrió una parada cardíaca antes de caer de una carretilla. Perdió la vida mientras los servicios de emergencia lo trasladaban a un centro sanitario. Infartos, ictus y otras patologías no traumáticas son en este momento la principal causa de los siniestros laborales mortales en Galicia. Provocaron 21 de los 50 accidentes con víctimas en jornada laboral en la comunidad el pasado 2023. El balance en lo que va de año es dramático: 10 operarios muertos. CIG, CCOO y UGT tienen convocada para el próximo jueves una gran manifestación en Vigo para exigir una apuesta en firme desde las administraciones y las empresas por la seguridad. Los sindicatos arremeten contra las lagunas de la formación en muchos casos y la patronal de la industria del metal en Galicia habla abiertamente de “fraudes” en las certificaciones entre algunas firmas encargadas de impartir los cursos de prevención de riesgos.

“Se decía el otro día por parte de algún dirigente sindical que había fraudes. Sin duda alguna, sin duda alguna hay fraudes en la certificación de determinada formación”, confirma Enrique Mallón, secretario general de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime). La propia organización, que tiene un servicio mancomunado de riesgos laborales con 111 empresas del sector integradas, se ha encontrado con “certificados que decían que habíamos impartido nosotros la formación, cuando por aquí no había pasado nadie”.

Asime confía en que sea algo “residual”. “Pero sí existe y tiene que haber un control importante sobre esto —añade Mallón— y que sean las entidades reconocidas en prevención las que se encarguen”. Un “control exhaustivo”, remarca el secretario general de la patronal del metal, “de la seguridad y salud laboral” y “de formaciones que son dudosas o fraudulentas, claramente”. “De quién imparte esa formación, cómo la imparte y qué se certifica”. En prevención no se puede ser “máquinas de hacer certificados”, critica, apuntando a “una responsabilidad pública y privada porque no nos olvidemos de que a veces son las propias empresas tractoras las que controlan los certificados de las empresas contratistas y a veces hay un nivel de dos o tres subcontratas”.

De hecho, en la última reunión de la Mesa Técnica del Sector Naval de Vigo celebrada el pasado viernes quedó clara la necesidad “de mejorar la coordinación en la gestión preventiva de las actividades cuando varias empresas actúan a la vez”, según asegura el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (Issga).

Asime recuerda que detrás de los accidentes laborales hay muchos motivos, “también a veces descuidos por parte del trabajador”. “En las empresas de este sector mayoritariamente se trabaja intensamente en la prevención”, defiende, “y los datos prueban que en el sector metal gallego hay cada vez menos accidentes”. “Lo de los últimos meses es una fatalidad”, lamenta.

Eólico

Asime mostró su enorme preocupación por la paralización del sector eólico tras la cascada de autos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) con suspensiones cautelares de proyectos ante el posible impacto medioambiental. “Como mínimo, analicemos quién está detrás de esas demandas que provocan las paralizaciones. ¿Son entidades que representan 10.000 habitantes, 100.000, un millón, o son 10 personas, 15, 9, 18?”, arremetió Enrique Mallón, tras recordar que el metal es un consumidor muy intensivo en donde hay empresas para las que la energía supone alrededor del 30% de los costes fijos. El secretario general de Asime cargó las tintas contra “la falta de rigurosidad” en los recursos de algunas organizaciones ambientalistas, “que ni cuantifican” esos supuestos daños en el entorno y no representan “los intereses generales” de Galicia.