Ribera negocia ‘in extremis’ con Bruselas un plan millonario de pagos a las eléctricas por sus centrales de gas y grandes baterías

El Gobierno negocia con la Comisión Europea para conseguir el visto bueno comunitario para lanzar un sistema de retribuciones millonarias para las compañías energéticas que puedan garantizar la seguridad de suministro en todo momento, especialmente las que tienen centrales de gas y las que instalen grandes baterías para almacenar electricidad y poder usarla cuando sea necesaria.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, lleva años defendiendo la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo) o por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las baterías).

El plan pasa por pagar a estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas en los momentos en que la falta de viento, sol o de agua impidan toda la producción de electricidad necesaria por parte de las plantas de energías renovables. El Gobierno español maniobra para sortear el enorme atasco que acumula la tramitación en la UE y ha puesto en marcha una fórmula alternativa para poder sacar adelante un modelo propio con el permiso de Bruselas.

El Ministerio para la Transición Ecológica está en pleno proceso de negociación para conseguir que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea dé el visto bueno a las metodologías creadas en España para justificar las necesidad de repartir esta retribución a las compañías sin que se consideren ayudas de Estado ilegales y para establecer las fórmula idónea para implementar el nuevo sistema de pagos.

Fuentes del Ministerio apuntan sólo que su objetivo es conseguir el visto bueno cuanto antes. Desde el sector energético se subraya que el mejor de los escenarios pasa por lograr el ‘ok’ de Bruselas antes las elecciones al Parlamento Europeo del próximo junio, tras las que se renovará la composición del colegio de comisarios de la Comisión Europea, y por eso España negocia ‘in extremis’ para lograr la luz verde antes del parón por la renovación de las instituciones comunitarias.

Tres años en proceso

El intento de poner en marcha un sistema de ayudas de este tipo viene muy largo. El Gobierno español ya activó en 2021 un proceso de audiencia pública como paso previo a la creación un nuevo mercado de capacidad para retribuir a las instalaciones con capacidad de dar firmeza al sistema eléctrico. El plan del Ejecutivo pasaba por crear dos tipos de subastas (con periodos de 5 años y 1 año) para repartir las ayudas a plantas que se ofrecían a estar disponibles para producir con un precio estable de la electricidad (especialmente las centrales de gas, también en menor medida las hidroeléctricas de bombeo y más adelante las baterías). Pero aquella orden ministerial no se ha aprobado. Y desde el sector eléctrico, las centrales de gas reclaman un sistema de ayudas con una retribución de entre 400 y 500 millones anuales para garantizar la viabilidad de las plantas y no operar con pérdidas.

Hasta hace apenas unos meses todo el proceso estaba estancado porque era imprescindible un estudio previo con el análisis de cobertura de todo el sistema eléctrico europeo para realizar el posteriormente el análisis para el mercado español. Pero en los últimos años Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) -que agrupa a la CNMC española y a sus homólogos del resto de países europeo- ha parado varias propuestas de la asociación de los gestores de redes de transporte Entso-e -que integra a REE y a sus pares comunitarios- para establecer una metodología con el objetivo de poder realizar el análisis de riesgos de corte de suministro en Europa.

Ahora España trata que Bruselas valide su propio análisis de cobertura (elaborado por la española Red Eléctrica basándose en el de Entso-e pero aportando un plus de rigor en la metodología) y también el estudio de implementación del nuevo sistema, sin esperar a que haya un acuerdo entre ACER y Entso-e. El Gobierno acelera para avancer en los trabajos imprescindibles para conseguir convencer a Bruselas de que la retribución a las centrales de gas es necesaria y que no puede considerarse una ayuda de Estado ilegal.

Desde el Ministerio dirigido por Teresa Ribera se entiende que tras la crisis energética y la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico emprendida por la Unión Europea, los mecanismos de pagos por capacidad han pasado de ser considerados sólo como temporales para abrirse la puerta a que sean permanentes, con vocación de ser estructurales. Y con este cambio de escenario el Gobierno trata de buscar respaldo a su intento de sacar adelante de una vez su propio sistema de retribución a las instalaciones que pueden dar estabilidad al sistema eléctrico y permitir acelerar el despliegue de renovables y la transición energética.

Las centrales de gas exigen ayudas

Sedigás, la patronal que agrupa a decenas de empresas de toda la cadena del sector del gas natural, ha venido presionando para la puesta en marcha de mecanismos que sirvan para retribuir a las centrales por su labor para dar seguridad y estabilidad a la producción eléctrica o, si no se activan las ayudas o no son suficientes, que se permita a las energéticas cerrar las plantas o hibernarlas si no consiguen cubrir los costes operativos para no funcionar de manera obligatoria con pérdidas. España disparó el uso de sus centrales de gas para producir electricidad durante lo peor de la crisis energética y lo ha estado haciendo también ahora durante todo el último verano, hasta encaramarse en muchos momentos como la principal fuente de generación eléctrica del país.

Varias fuentes del sector gasista calculan que la retribución necesaria por el conjunto del parque de ciclos combinados -las plantas que utilizan gas para producir electricidad- para cubrir costes se sitúa en el entorno de los 15.000 euros por cada megavatio de potencia instalada cada año, lo que supondría el reparto de 400 millones anuales. Otras compañías elevan incluso el montante requerido hasta los 20.000 euros por megavatio, lo que supondría incrementar el presupuesto hasta los 530 millones de euros cada ejercicio de media.

Las centrales de gas no funcionan siempre, sólo cuando el resto de tecnologías no son suficientes para cubrir toda la demanda de electricidad. Pero siempre han de estar disponibles para enchufarse de ser necesario, dado que es una tecnología que puede producir prácticamente a voluntad y con rapidez. Ante esta situación, el sector del gas presiona desde hace años para recibir una retribución millonaria específica por estar disponible para generar electricidad, con el objetivo de cubrir los costes que la venta de electricidad al mercado no compensa.

El Gobierno remitió el pasado junio a la Comisión Europea un borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta para impulsar las energías renovables y avanzar hacia la descarbonización de la economía hasta 2030. Una revisión en la que se establece que todas las centrales de gas -en total, 50 plantas, con una potencia conjunta de 26.600 megavatios (MW)- deberán seguir estando operativas durante toda esta década mientras continúa el despliegue masivo de nuevas renovables.

En paralelo, el sistema de pagos por disponibilidad también sería útil para impulsar el despliegue de baterías. La puesta en marcha de un amplio sistema de almacenamiento será fundamental para asegurar el éxito de la transición energética, ya que permitiría guardar la electricidad que producen las plantas renovables sin tener que consumirla de manera inmediata y poder utilizar en el momento en que sea necesaria, solventando así el problema de la intermitencia de la producción de las plantas verdes. Una intermitencia en la generación por depender de que haya viento o sol, por ejemplo, y que hace que en unos momentos su producción sea insuficiente para cubrir la demanda y en otros la sea demasiada y no pueda aprovecharse íntegramente (provocando paradas forzosas de algunas instalaciones o también volatilidad y derrumbes de los precios del mercado eléctrico)

Reformas legales previas

Para poder aprobar un mecanismo de capacidad en el mercado español, el Gobierno se lanzó a cumplir requisitos previos y abrió el pasado octubre un proceso de consulta pública para establecer varios parámetros imprescindibles para demostrar a Bruselas que la retribución a las centrales de gas son necesarias para evitar riesgos para el suministro eléctrico y que el reparto de ayudas es más barato que otras opciones (desplegar nuevas plantas, prolongar la vida útil de las actuales o cortar el suministro a algunos clientes).

El Ministerio para la Transición Ecológica buscaba establecer la metodología para calcular cuánto están dispuestos a pagar los clientes por la electricidad para evitar que haya apagones, el coste de impulsar otras tecnologías para dar firmeza al sistema y el tiempo máximo que están dispuestos a sufrir un corte de suministro los clientes en función del coste que tenga evitarlo. Los cálculos realizados por el Gobierno anticipan que el establecimiento de un mercado de capacidad resultaría más económico que otras opciones y, por ello, no deberían considerarse como ayudas de Estado ilegales.