Más de una veintena de concellos pidieron su inclusión en el plan de viviendas vacías para alquileres sociales

Hace cinco meses, la Consellería de Infraestruturas y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) firmaron un convenio de adscripción voluntaria por el que los ayuntamientos informarán e la Xunta de las viviendas vacías en su demarcación y ésta podrá destinarlas a alquileres sociales para familias en situación "vulnerable".

Sin coste para los municipios, la administración autonómica asume la garantía del pago mensual a los propietarios de los inmuebles y también el coste de los seguros, a fin de que las viviendas se mantengan en buenas condiciones. Los ayuntamientos que decidan adherirse a este convenio -más de una veintena en la actualidad- deberán publicitar esta medida y notificar a la Xunta qué viviendas están disponibles. Los propietarios, por su parte, tendrán garantizado el pago del alquiler a un precio "casi de mercado", de hasta 300 euros en villas medianas y de 400 euros en las ciudades.

La concesión de una vivienda de estas características es compatible con el resto de ayudas sociales tanto de la Xunta como de los ayuntamientos.

Las mayores dificultades no son las relativas a los desalojos de la vivienda hipotecada, sino que el problema ahora se centra en aquellas personas que no pueden asumir el pago del alquiler.