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La mesa gallega, y no las provinciales, tendrá la última palabra en el conflicto de autobuses

Patronal y sindicatos acordaron ayer que sea el cónclave autonómico y no los provinciales el que decida sobre las subidas de los salarios

Cuando el pasado 12 de julio se desactivó la huelga indefinida de autobuses, tanto patronal como sindicatos se marcaron una hoja de ruta que pasaba por reuniones a nivel provincial y gallego durante las siguientes tres semanas para intentar llegar a un acuerdo sobre la subida de los salarios. Las citas de las dos primeras semanas finalizaron sin grandes avances y ambas partes encaran las reuniones de la próxima semana como la última oportunidad antes de que el 2 de agosto los sindicatos vuelvan a activar la huelga si no hay acuerdos.

Para intentar desatascar las negociaciones en las comisiones provinciales, los representantes de las empresas y de los trabajadores llegaron ayer, tras más de cinco horas de reunión, a un pacto en la segunda cita de la mesa autonómica: si no hay acuerdos en las reuniones provinciales que se celebrarán el próximo lunes y martes, el miércoles la mesa gallega tendrá la potestad de decidir sobre los incrementos de salarios. Será el mismo día, 2 de agosto, que los sindicatos dieron de plazo para llegar a un acuerdo o volver a la huelga.

El 12 de julio se acordó que, al menos, todas las provincias firmasen un incremento salarial del 2%, pero en ninguna se han producido avances en las reuniones que se han mantenido en las últimas dos semanas. Las empresas que más se movieron fueron las de A Coruña que ofertaron una subida del 2,2%. En el resto no se pasó del 2%. Los sindicatos piden incrementos del 3,6% en A Coruña y Lugo; del 3,8% en Ourense, y del 5,8% en Pontevedra.

De todas formas, las centrales sindicales están dispuestas a negociar esa cifra a la baja si la patronal también hace lo mismo. Desde esta semana, las reuniones tienen mediadores y ambas partes reconocen el buen trabajo que están haciendo.

Y mientras sigue el conflicto entre trabajadores y empresas que amenaza con volver a paralizar a partir del 2 de agosto el transporte público por carretera de la Comunidad, la Xunta adjudicó ayer 11 nuevas concesiones tras analizar la documentación adicional que habían enviado las empresas. Las ofertas sobre estos 11 contratos habían sido a la baja, es decir, por menor importe que por el que los había presupuestado la Consellería de Infraestruturas.

Finalmente, el departamento autonómico adjudicó estas 11 concesiones que se unen a las 27 que formalizó un día antes. Aún quedan tres que no tuvieron ninguna oferta. En total, de los 38 contratos, 28 fueron a parar a UTE (Unión de Empresas Temporales) y los otros 10 a empresas individuales: Arriva se llevó tres, mientras que J. Pombo y Autos Dosil, uno cada una.

La conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, destacó ayer, con motivo de estas nuevas concesiones, que el Gobierno "está siguiendo la hoja de ruta trazada para garantizar que todos los vecinos del país tengan transporte, independientemente del lugar donde vivan". Gracias al nuevo plan, aseguró, "será posible darle continuidad a los empleos del sector y que las pequeñas y medianas empresas tengan participación en los contratos de servicio público".

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