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Los alquileres empiezan a exigir a los inquilinos el pago de la gestión de las inmobiliarias

Esta modalidad, asentada en Madrid o Barcelona, traslada el gasto de honorarios del propietario al arrendatario. La mitad de los dueños ya exigen seguros por daños o impagos

Los alquileres empiezan a exigir a los inquilinos el pago de la gestión de las inmobiliarias

Las reglas del juego cambian en el mercado inmobiliario gallego. Lo que antes era una tendencia ajena empieza a colarse en las condiciones de alquiler de las principales ciudades de Galicia, en especial en A Coruña y Vigo. Cada vez más anuncios de arrendamientos de pisos exigen que sean los inquilinos quienes paguen los gastos de gestión a la inmobiliaria, en lugar del propietario, imitando un modelo ya instaurado en grandes ciudades como Madrid o Barcelona y el mercado del Levante.

En la actualidad son entre un 10% y un 15% las propiedades en alquiler en la comunidad que dejan en manos del inquilinos el pago de estos gastos, que suelen ser los correspondientes a una mensualidad, según estimaciones de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Dos son las variantes de este modelo exportado de otras grandes urbes: o bien que el inquilino asuma el 100% de los honorarios exigidos por la inmobiliaria o que arrendador y arrendatario lo costeen al 50%.

¿Es una modalidad que viene para quedarse? “Es muy difícil predecir qué ocurrirá a medio plazo. Desde luego lo que se está implantando tras el estallido de la crisis provocada por la pandemia es la exigencia de un seguro de desperfectos e impagos”, detalla el presidente de la patronal inmobiliaria Benito Iglesias.

Si hace tres años eran en torno a un 10-15% las viviendas alquiladas que exigían en el contrato una póliza para hacer frente a posibles daños en el inmueble o el impago de las mensualidades, a día de hoy —apunta Iglesias— el porcentaje se eleva ya 50%. “La actual ley protege más al inquilino que al propietario, por eso los propietarios buscan unas mínimas garantías a la hora de alquilar”, argumenta el presidente de Fegein, al tiempo que advierte del gran volumen de atrasos en los pagos de la renta que están afrontando los dueños con la crisis del COVID. “Hoy, a quien le queda un piso vacío, quiere seguridad, de ahí el aumento de estos seguros”, explica Iglesias.

A Coruña y Vigo

El cobro de los gastos de las gestiones del arrendamiento al inquilino se deja sentir en el mercado inmobiliario gallego desde hace dos años, pero el incremento de los últimos meses está siendo exponencial, en especial en las ciudades de A Coruña y Vigo. De esta manera, si antes el inquilino que quería acceder a una nueva vivienda tenía que aportar la fianza, la cuantía correspondiente al mes en curso y el seguro de impago —cuyo importe ronda la mitad de una mensualidad— muchos inmuebles exigen ya que se haga cargo, además, del pago a la inmobiliaria. Una aportación que equivaldría a una mensualidad o el 10% de la anualidad de la vivienda.

Inmobiliarias consultadas por este periódico confirman que cada vez más propietarios solicitan esta fórmula, ya ofertada por algunas inmobiliarias a modo de reclamo. Con todo, apuntan que la legislación considera que debe abonar los honorarios de la inmobiliaria quien contrate el servicio. Y es que el inquilino solo llama por el anuncio; el propietario, sin embargo, recibe un servicio por el reportaje fotográfico de la vivienda, el inventario, el filtrado de clientes o la gestión del contrato de alquiler.

Por el momento, no muchas inmobiliarias aplican estos parámetros. “Aún no hay esa cultura, son pocas las agencias que cargan esos gastos al inquilino”, apuntan. La tendencia empieza a despuntar aupada por la escasa oferta de viviendas en alquiler de larga duración y la elevada demanda, justifica Carlos Debasa, de la Asociación Gallega de Inmobiliarias (Agalin). Esta situación provoca que los futuros inquilinos “se desesperen, porque —explica— no encuentran viviendas o están en mal estado”. “Al final, tienen poco margen de decisión”, concluye.

A las inmobiliarias, por su parte, les interesa encontrar propietarios, que se traducen en inmuebles que alquilar. El hecho de que haya pocos pisos disponibles alienta una carrera por ampliar la oferta de viviendas para el alquiler, dicho de otro modo, de hacer negocio. En los últimos años, muchas viviendas han pasado a formar parte del mercado del alquiler turístico, lo que propicia que la oferta de pisos disponibles para arrendamiento de larga duración se contraiga.

Hasta ahora, era el propietario el que en Galicia se hacía cargo del coste del alquiler de la vivienda, de una mensualidad más el IVA. En algunos casos el pago abarca desde la gestión inicial, desde que se cuelga el anuncio hasta que se va el inquilino, en otros sólo por enseñar la vivienda. También hay quien divide este gasto entre propietario e inquilino al 50%, como si el gasto correspondiera a ambas partes. “El inquilino podría abonar con esta cuantía varios meses de luz”, apuntan desde el sector.

Cada vez más retrasos en el abono de los arrendamientos

Desde que estalló la pandemia, familias y empresas tienen que hacer números para evitar que las facturas se acumulen. Pero para cada vez más particulares y pequeñas pymes resulta complicado tener los recibos al día. Uno de los que más quebraderos de cabeza da, en especial a los propietarios, es el arrendamiento del piso o el local comercial. Desde la patronal inmobiliaria advierten de que los retrasos en los pagos de la renta de alquiler han aumentado y en los próximo meses, con la prórroga hasta el 31 de octubre de la Ley Antidesahucios, agravará todavía más esta situación.

En la misma línea, la Asociación de Propietario de Vivienda en Alquiler (Asval) advierte que esta prórroga no soluciona el problema de la vivienda en España, y “carga sobre los propietarios la responsabilidad de la Administración de dotar de vivienda pública a los colectivos vulnerables”. Inmobiliarias y propietarios apelan al Gobierno a poner en marcha medidas “valientes y eficaces” que vayan a la raíz del problema. “La falta de oferta de vivienda en alquiler a precio asequible y a generar la seguridad jurídica necesaria para desarrollar el sector”, reclaman.

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