Ya han pasado casi 15 años desde que el Código Penal tipifica como delito la velocidad excesiva, la conducción bajo los efectos del alcohol y/o las drogas o sin permiso, entre otras infracciones al volante. Junto con el carné por puntos —en vigor desde verano de 2006—, el endurecimiento de las penas por delitos viarios ha contribuido a reducir la accidentalidad en la red viaria de la comunidad. Sin embargo, todavía hay conductas que cuesta corregir y que sientan cada año en el banquillo a cientos de conductores: tasas de alcohol elevadas, velocidades estratosféricas, circular tras haberle sido retirado el carné o sin haber pisado nunca una autoescuela… En diez años, más de 64.000 conductores gallegos fueron llevados a juicio por una o varias infracciones penales en carretera, según datos de la Fiscalía Superior de Galicia. Multas, trabajos en beneficio de la comunidad, retirada del carné o ingreso en prisión son las posibles condenas a las que se enfrentan los delincuentes viarios. Las sentencias de la práctica totalidad se zanjan con una sanción económica o el cumplimiento de actividades comunitarias y la pérdida del carné. Apenas el 2% —unos 1.300— acabaron entre rejas por delinquir al volante.
La privación de libertad se reserva para los casos de multirreincidentes implicados en accidentes graves o que han causado una muerte con su conducción. La pena de cárcel media impuesta en Galicia para estos ilícitos penales va de los seis a los nueve meses. En la actualidad, el Gobierno ultima la reforma del Código Penal en materia de tráfico por la que pretende que todas las infracciones graves en carretera se tramiten por la vía penal, ya que hasta ahora es el juez de instrucción el que valoraba si darle curso, aunque fuera menos grave o, por el contrario, archivarla. Que esto último es lo que pasa con un gran volumen de los delitos de tráfico, según denuncian desde la plataforma de víctimas Stop Accidentes: se archivan por la vía penal y los perjudicados tienen que acudir a la vía administrativa. “No queremos penalizar más, sino más seguridad jurídica”, reivindica la delegada de Stop Accidentes en Galicia, Jeanne Picard, quien advierte de que entran más fácilmente en prisión los reincidentes que no han causado accidentes pero que suman por la vía administrativa varias sanciones, que los delincuentes viarios que acaban en el banquillo.
En una década, la reforma penal destapó en Galicia 83.300 delitos contra la seguridad vial, según las memorias de la Fiscalía Superior, un periodo en el que fueron llevados a juicio casi 64.300 conductores de riesgo.
La tipificación como delito de las infracciones en carretera dio un vuelco a las estadísticas de Tráfico en el conjunto del país y, con mayor incidencia, en Galicia. Mientras el número de muertos en la red viaria cayó casi un 50% en los últimos diez año -—al pasar de los 142 fallecidos en 2011 a los 78 registrados en 2021, una cifra muy alejada de los casi 400 que se registraban hace casi dos décadas-—, los juicios a delincuentes viarios se dispararon: de apenas 3.900 celebrados un año antes de que entrase en vigor la reforma penal a los más de 6.000 registrados en 2008, pasando por la cifra récord alcanzada en 2012 —un total de 10.049 —hasta los 4.754 de 2020, según la última memoria disponible de la Fiscalía Superior de Galicia.
Con la reducción de la movilidad tras el estallido de la pandemia se produjeron menos delitos en carretera. En concreto, en 2020 se detectaron un total de 6.836, casi una veintena cada día, lo que supone casi un 30% menos que el año preCOVID, con más de 9.200 infracciones penales detectadas en las carreteras de la comunidad. Por estos hechos, fueron llevados a juicio más de 4.700 conductores frente a los más de 6.700 de ejercicio anterior.
Tras la reforma penal en materia de Tráfico, los delitos viarios se convirtieron en el asunto estrella de los juzgados. Pese a representar el 9% del conjunto de las causas penales en los tribunales gallegos, los juicios por infracciones penales al volante representan casi el 40%.
A la cabeza de los delitos contra la seguridad vial llevados a juicio en Galicia está la conducción bajo la influencia del alcohol y/o las drogas, con un total de 2.588 escritos del Ministerio fiscal. Ya solo de la provincia de A Coruña fueron judicializados 1.005 casos por circular a tasas de alcohol tipificadas como delito o circular bajo los efectos de otras drogas. Le sigue en el ranking la provincia de Pontevedra (952). Mientras en los juzgados de Lugo y Ourense apenas se registraron un tercio de juicios por estos motivos, 275 y 356, respectivamente.
En el conjunto de la comunidad, los delitos de tráfico en el año en que estalló el COVID cayeron casi un 30%, pero en el caso de las infracciones penales por alcohol y drogas la disminución fue mayor: casi un 55% menos que el ejercicio anterior, que se habían contabilizado casi 2.600 casos. Y en el caso de las conducción sin carné, el descenso de asuntos llevados a juicio descendió un 39%.
Más de 1.800 interceptados sin carné en un año
Todavía hay quienes se ponen al volante pese a haber cometido tantas infracciones que ya tienen el saldo de puntos a cero, que tienen el carné retirado por orden judicial o incluso que conducen pese a no haber pisado nunca una autoescuela. Conducir sin permiso es, tras el consumo de alcohol y/o drogas, el delito que más se detecta en las carreteras gallegas. Hasta un total de 1.859 casos fueron llevados en 2020 a los juzgados de la comunidad por estos hechos. Este balance se traduce en una media de cinco cada día y representan el 40% del total de delitos de trafico calificados el primer año de la pandemia. De las cuatro provincias, Pontevedra y A Coruña son, por este orden, las que concentran el mayor volumen de conductores sin carné: 724 detectados en las carreteras pontevedresas y 712, en las vías coruñesas, lo que supone el 75% del total en la comunidad. Lejos de estas cifras están los automovilistas detectados sin licencia en las provincias de Lugo (144) y Ourense, (279) bien porque carecen del permiso o bien porque ha perdido su vigencia.
