Una mujer detenida con un arsenal de mecheros y velas a punto de utilizar en las cunetas de una carretera Cerceda, otra en Nigrán con pastillas de encendido, un hombre arrestado como presunto autor de 17 incendios en la ciudad de Ourense y su entorno, otro sospechoso de más de una decena de focos interceptado con un mechero cuando prendía fuego en la parroquia ourensana de Teixeira… Las detenciones de la mayoría de incendiarios en Galicia no son fruto del azar, sino que responden a un plan de seguimiento puesto en marcha por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de erradicar la cultura del fuego que año tras año reduce a cenizas miles de hectáreas. A un mes de que arranque la temporada de alto riesgo en la comunidad, la Xunta ya tiene activado el protocolo de vigilancia a detenidos por incendios forestales ocurridos años pasados o sospechosos de haber prendido fuego al monte. En la actualidad, la Policía Autonómica adscrita a Galicia sigue los pasos de una cuarentena de sospechosos: a casi 30 les somete a un control “esporádico” y de “forma más específica” se fijan en los movimientos de otros 15, según detallan desde la unidad policial.
No solo por tierra a través de los operativos de vigilancia y seguimiento y las más de 140 cámaras distribuidas por todo el territorio se estrecha el cerco sobre los sospechosos. Desde el aire, con drones, también se controla a los reincidentes.
En la lista de fichados figuran incendiarios que salen de prisión o del psiquiátrico tras cumplir condena, sospechosos de haber provocado las llamas de manera intencionada o aquellos que han sido vistos en varios concellos afectados por incendios forestales.
La mayoría de los fuegos que asolan los montes gallegos son intencionados y responden a un perfil: varón, mayor de 60 años, conocedor del entorno donde provocan el incendio, con residencia habitual o circunstancial próxima la lugar del fuego, problemático con sus vecinos e incluso con adicciones de alcohol y/o drogas. La piromanía y problemas psicológicos están detrás de muchos de estos delitos contra el medio ambiente, pero la Xunta apunta también a otras motivaciones: cambios de uso del suelo, limpieza del monte para regenerar especies cinegéticas, ahuyentar animales que causan daños en cultivos o en el ganado, determinar la limitación de fincas, procesos de concentración parcelaria, expropiaciones para vías de comunicación, repartición de herencias, rencillas entre vecinos y familiares, venganzas, protestas por limitaciones o restricciones en espacios naturales...
Los seguimientos “más exhaustivos” se realizan en las parroquias identificadas como de alta actividad incendiaria, aquellas q e tuvieron más de 7 fuegos en los últimos cinco años. En paralelo, la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) de la Xunta , creada hace menos de un año, define las áreas más conflictivas y que responden al mismo modus operandi. En esas zonas es donde se realizan los controles de vigilancia con el objetivo de “obtener una prueba directa”, practicar “una detención infraganti” del autor y así “poner a disposición judicial al causante con la mayor de las garantías procesales”. En la actualidad, la UIFO tiene identificadas 25 zonas de alta actividad incendiaria con las mismas pautas de comportamiento y en las que los fuegos son reiterados.
¿En qué consiste la vigilancia? De forma preventiva ya se vigilan las zonas con especial incidencia incendiaria con patrullas y también sometiendo a control a las “personas susceptibles de provocar un incendio”. La mayoría tiene antecedentes policiales por provocar algún incendio. En los operativos de vigilancia y seguimiento es “primordial” la colaboración ciudadana. “Son los vecinos y las personas del entorno del sospechoso quienes mejor conocen sus movimientos”; apuntan desde la Policía Autonómica, que también destaca la coordinación con otros cuerpos.
Desde la Dirección Xeral de Montes, los analistas de incendios previenen a los miembros de la UIFO sobre las zonas de Galicia en las que se van a dar unas condiciones de Índice de Riesgo Diario de Incendio (IRDI) extremo para los siguientes 9 días. Con el cruce de estos datos con las zonas de alta actividad incendiaria se diseñan los operativos de vigilancia. “El conocimiento del medio y la experiencia acumulada —explican— nos permite intuir, con poco margen de error, si se van a registrar fuegos más intensos y dónde el incendiario realizará las próximas tentativa”.
Una vez ocurrido el incendio, se investiga el origen y las causas y su modus operandi con la finalidad de relacionar o, por el contrario, descartar a los sospechosos con el inicio de ese foco.
La vigilancia como efecto disuasorio
Prender fuego a un monte es un delito difícil de esclarecer y, más todavía, hacer que el culpable acabe entre rejas. La mayoría de los delitos de incendios forestales quedan impunes por la falta de pruebas incriminatorias —el arma del delito, un mechero, una cerilla o una vela, acaba reduciéndolas a cenizas— o por la ausencia de testigos que identifiquen al autor.
Pero no hay día que las patrullas no realicen operativos de vigilancia, con especial incidencia en Ourense por ser la provincia con más zonas de alta actividad incendiaria. Y aunque no se consigan pruebas suficientes para poner a disposición judicial al autor, los agentes siguen trabajando. “Se detecta un efecto disuasorio porque sienten la cercanía de los investigadores, que incluso hace que desaparezcan los siniestros”, destacan desde la UPA.
Agolada, Mazaricos, Chandrexa de Queixa, Salvaterra de Miño, Castroverde... Son algunas de las localidades en donde los operativos de vigilancia han permitido la detención de varios incendiarios. Un arrestado en Agolada este año, que ha ingresado en un centro penitenciario, había sido detenido dos veces en diez días y ya había sido condenado en otras ocasiones como autor de incendios forestales. Desde su reciente creación, la UIFO puso a disposición judicial a tres incendiarios al ser sorprendidos provocando incendios forestales en operativos de vigilancia. “La colaboración de la ciudadanía es muy importante para poner a disposición judicial a todos los incendiarios y reducir el número de incendios, insisten desde la Policía Autonómica.
