De vez en cuando, al teléfono de David y alguno de sus compañeros en un departamento de la Xunta les llegan mensajes de su jefe comentando alguna idea o tarea al filo de las siete la mañana o incluso de la medianoche, momentos alejados de su horario de entrada y que cuestionan su derecho a la desconexión, recogido por ley desde 2018. A pesar de ello, la Xunta blindará este precepto en su normativa, así como nuevas garantías para evitar abusos sobre su propia plantilla, que roza las 97.000 personas, y del resto de administraciones en Galicia.
La Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, la conocida como Ley de Acompañamiento, constituye un cajón de sastre normativo que se adjunta a la tramitación de los presupuestos anuales y permite acometer múltiples cambios legales acortando plazos. El empleo público es uno de los campos más afectados en el proyecto para 2023, remitido ayer por la Xunta al Parlamento.
El texto modifica la Lei de Emprego Público de Galicia de 2015, introduciendo en el capítulo de derechos de los empleados de la administración el relativo “ la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de derechos digitales”.
En esta misma materia, la Xunta adopta preceptos estatales para fijar un máximo de tres años para cubrir plazas de funcionarios mediante personal interino. En caso de que este no supere un examen pasado ese tiempo, su despido supondrá el pago de una indemnización a este de 20 días por año trabajado.
La administración gallega también prorrogará un año una medida en vigor ya este 2022 para garantizar la cobertura de puestos en la sanidad, llamando a personal para cubrir vacantes a aspirantes apuntados a las listas de contratación temporal que hayan sido penalizados (por rechazar un puesto cuando los llamaron, por ejemplo), a quienes estén registrados como demandantes en el Servicio Público de Empleo o incluso quienes carezcan de los conocimientos de gallego exigidos habitualmente. El motivo para rebajar estos requisitos es “consecuencia de la escasez de personal de perfil sanitario agravada por la situación de emergencia sanitaria en Galicia derivada de la pandemia de COVID-19 y para garantizar la disponibilidad de dicho personal en las listas de contratación de personal laboral temporal o de personal funcionario interino”.
Los cambios legales introducidos afectan también a los espacios protegidos de la Red Natura, en los que se permitirán actuaciones vinculadas a la lucha contra incendios, como desbroces o cortafuegos.
Además, la Xunta descarga en los concellos la tramitación y resolución de multas en materia sanitaria como no llevar mascarillas (aún obligatorias en transporte público), botellón o incumplimiento de límites horarios para locales de ocio.
"Las cuentas del año próximo son un fraude y están basadas en mentiras"
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tachó ayer los presupuestos de la Xunta para 2023 de “fraude” por estar “basados en mentiras” y ser un plan “insolidario” que recogen “un pelotazo fiscal”, en alusión a una nueva rebaja del 25% en el Impuesto de Patrimonio. Tras participar en la junta de portavoces parlamentaria, Pontón denunció que la previsión de la Xunta de que la economía gallega crezca un 1,7% el año próximo no se corresponde con previsiones como la del BBVA, que sostiene será de cero, o la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que estima esa cifra en un 0,6%. Para Pontón, tampoco se ajusta la previsión de subida de empleo del 0,7% y advierte que si se toma como referencia el informe de la entidad bancaria sería del 0,3%. Además, atribuye la mejora de la tasa de paro no a un mayor número de empleos, sino al “desastre demográfico” y la pérdida de población activa. En su cómputo de “mentiras”, Pontón añadió que si se descuenta el efecto de la inflación, los presupuestos “históricos” de 2023 pasarían a ser “más bajos que los de 2009”. Para demostrar esa diferencia, alego que “mil euros de 2009 no son mil euros de 2023”. Pontón ha manifestado que en atención primaria, si se tiene en cuenta también la inflación, habría 321 millones de euros menos, cuando “no había listas de espera de 15 días para ir al médico de cabecera”. Tras exponer sus críticas, avanzó una enmienda a la totalidad: “No podemos avalar unas cuentas públicas que van en contra de los intereses de los gallegos”.
"Nos preocupa que la Xunta mejore centros de salud y no los dote de personal"
El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, tildó ayer las cuentas autonómicas para el año próximo de “low cost para los servicios sociales”, pues las consellerías que atienden las políticas sociales no ganan peso relativo a pesar del aumento total de recursos. Álvarez expuso que ese “incremento histórico” de recursos, con 12.620 millones de euros, va a consolidar la misma distribución que en 2022”, porque las consellerías sobre las que pivotan los servicios sociales básicos y la política social “mantienen el mismo peso relativo”. Educación “solo baja seis décimas” tras la pérdida de docentes por la pandemia y sanidad, señala, “idéntico peso porcentual”, al igual que Política Social y Sergas. Al respecto, indicó que en el gasto sanitario se incluye el plan de infraestructuras de casi 164 millones de euros. “Nos preocupa mucho que el Gobierno mejore los centros de salud pero no los dote de personal”, declaró el portavoz parlamentario del PSdeG tras la junta de portavoces. Echó en falta la recuperación de la tarjeta básica para alimentos, como reclaman las organizaciones contra la pobreza, y más apoyo para la ayuda en el hogar. Los presupuestos “consolidan una Galicia que no es capaz de afrontar una situación dramática”. “No son, ni de lejos, los presupuestos que necesitaría la comunidad y van a consolidar una situación muy mejorable y desaprovechar la ocasión para hacer las reformas que esta comunidad necesita”, indicó antes de avanzar una enmienda a la totalidad.
