Al menos una veintena de detenidos. Ese es el balance provisional de una amplia operación contra el crimen organizado que se desarrolló entre Portugal y Galicia y con epicentro en las provincias de Pontevedra y Ourense. El objetivo de la investigación era una red que presuntamente se ocuparía de la compraventa ilegal de vehículos de alta gama que habrían sido adquiridos de manera irregular en el país vecino, tanto mediante robos o por renting.
En Galicia uno de los núcleos del operativo estuvo en la ciudad de Pontevedra, donde se produjeron al menos ocho registros que llamaron la atención de la ciudadanía por el gran despliegue de efectivos y medios policiales en dos puntos. Uno fue el barrio de O Castañal en donde fue detenida una persona, vinculada con un taller de la ciudad que también fue inspeccionado a fondo. Tras un registro exhaustivo de la vivienda del detenido, se procedió al precinto e inspección de un taller y concesionario de coches de segunda mano, ubicado en la avenida de Montecelo, en Mourente, en donde fueron examinados detenidamente todos los coches de ocasión que se encontraban a la venta.
También se efectuaron registros en el entorno de la estación de ferrocarril. A los cinco registros de Pontevedra hay que sumar otros tres en la provincia de Ourense, en la capital y en Verín. Una de estas inspecciones se llevó a cabo en el polígono industrial de Barreiros en Ourense, al menos en una nave de un concesionario multimarca.
El operativo contó con la participación de múltiples unidades de la Policía Nacional, como el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) y la Udyco de Pontevedra, acompañados por miembros de la Policía Judiciaria de Portugal. Se vieron apoyados por la unidad de guías caninos y efectivos de Seguridad Ciudadana. Según fuentes consultadas, las investigaciones se centran en dos posibles modus operandi. El primero, la posible introducción en Galicia de vehículos de origen más que dudoso en Portugal o procedente de robos que aquí eran alterados tanto en su bastidor como en su documentación para incorporarlos al mercado legal con su venta a terceros que los adquirían de buena fe.
El segundo es la obtención de estos coches a través de distintas fórmulas como el alquiler o renting en Portugal, aprovechando las lagunas legales que existen entre ambos países respecto al apoderamiento de los vehículos a través de estas fórmulas. Luego, una vez en Galicia, tratarían de revenderlos a otros usuarios desconocedores del origen ilícito de los coches.
