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El cargo de Adif procesado suprimió las reuniones de seguridad conjuntas con Renfe

La revelación del testigo de ayer, el secretario del comité de empresa de la operadora ferroviaria, pilló por sorpresa al fiscal, que desconocía que Cortabitarte tomara esa decisión

Juan Carlos Cañas, acompañado por el abogado de Garzón, ayer, a su llegada al juicio. | // XOÁN ÁLVAREZ

El abogado del procesado Francisco Garzón vuelve a tirar de la declaración de maquinistas de tren para apuntalar su estrategia de defensa. Ayer, a propuesta suya, testificó otro, que también es el actual secretario del comité general de empresa de Renfe, Juan Carlos Cañas Lloret, y que colabora con la Agencia Ferroviaria Europea (ERA). En su comparecencia en el juicio del Alvia, el sindicalista reveló que el otro procesado, el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte, ordenó suprimir en 2008 las comisiones mixtas de seguridad entre Renfe y Adif, en las que podrían abordarse avisos como el lanzado por Iglesias Mazaira sobre el riesgo en la curva de Angrois en la que descarriló el tren. Desde entonces, no existe un órgano similar de coordinación entre las dos empresas hermanas. La revelación cogió por sorpresa al fiscal, Mario Piñeiro, que admitió en la sala que desconocía la eliminación de esas comisiones por parte de Cortabitarte.

Cañas Lloret explicó que la decisión la comunicó Cortabitarte, “de forma poco protocolaria”, amparándose en un decreto de 2007 relativo al reglamento general de circulación en la red ferroviaria e indicando que se iban a crear otros órganos de carácter consultivo en el que entrarían los operadores privados, pero “nunca se llegaron a regular”. La supresión se hizo efectiva en enero de 2008.

Preguntado por el abogado del maquinista procesado, Manuel Prieto, cómo podían entonces los trabajadores de Renfe y de otras operadoras trasladar a Adif eventuales deficiencias de seguridad, el testigo respondió: “Directamente, imposible”.

A partir de entonces, los problemas se transmitían exclusivamente dentro de los foros de seguridad creados internamente en Renfe, que luego decidía si era conveniente o no trasladarlos a Adif. En todo caso precisó que el comité de empresa no tenía información alguna sobre esta interacción entre la operadora ferroviaria y el administrador de las infraestructuras. “Nosotros presentamos las actas oportunas dentro de Renfe, pero luego no sabemos cuál es el procedimiento porque no es nada trazable ni transparente. No sabemos cómo llega a Adif ni cómo retorna ni cómo llega a nosotros”, expuso.

El fiscal quiso saber más sobre esa comisión interna de seguridad de Renfe, a lo que contestó que era un “poco endogámica” y que los que no pertenecían al “staff” no tenían acceso a ella. A preguntas de la Abogacía del Estado, que defiende a Adif, Cañas insistió que tras supresión de la comisión mixta desapareció una comunicación que antes se hacía “con naturalidad”.

Los letrados insistieron mucho en el uso del teléfono por parte del maquinista que desembocó en el descarrilamiento del tren con 80 fallecidos y 145 heridos. Dijo el testigo que todos los teléfonos corporativos del personal de los trenes los suministró Adif como “herramienta de trabajo” y que era obligación atender las llamadas, además de relatar que hasta después del accidente de Angrois no se reguló el uso de estos dispositivos. Las guías que había antes se referían solo a los móviles particulares.

Como presidente del comité de empresa —ahora es secretario— indicó que nunca había recibido queja alguna o que tuviera conocimiento de “anomalías” en la formación de los maquinistas, ni antes ni después del accidente, aunque indicó que “no es un procedimiento habitual” que la práctica, como le pasó a Garzón, se hiciera por una línea en construcción, por lo que se usó una vía, la 2, distinta a la en que se registró el descarrilamiento, la 1.

Sostuvo también que era responsabilidad de Adif evaluar el riesgo, incluido el fallo humano, y que este no podría exportarse directamente al maquinista. Tiene que medirse y mitigarse por Adif, trasladarlo a Renfe, que esta lo acepte y luego comunicárselo a los maquinistas, algo que en los archivos del comité de empresa no figura, expuso.

Como colaborador de la ERA aseguró que en Bruselas causó “sorpresa” por lo “inaudito” que resultó abrir una línea de alta velocidad sin que la cubriera el ERTMS en su totalidad. “Veían inconcebible que no hubiera una supervisión completa de la velocidad”, comentó.

La jueza, al testigo: “No sé ya cómo decirle que conteste a lo que le pregunten”

Acostumbrado a bregar como miembro desde 2007 del comité de empresa de Renfe, el testigo de ayer no fue fácil ni para el fiscal ni para el abogado de Renfe ni, sobre todo, para la Abogacía del Estado. Conservando siempre las formas, le daba una vuelta a las preguntas para intentar lanzar su mensaje, por mucho que insistieran. Hasta que la jueza, Elena Fernández Currás, tuvo que intervenir para advertirle que contestara a lo que se le preguntaba, aviso que repitió hasta cinco veces. La tres primeras “amonestaciones” llegaron cuando hacía el interrogatorio la abogada del Estado. “No se vaya por los cerros de Úbeda”, le dijo en una ocasión. “Mire, usted está aquí para contestar”, le soltó en otro momento cuando estaba en una discusión con la letrada del Estado. Luego la abogada le recriminó que contestase lo que le daba la gana y al darle las gracias al terminar el interrogatorio, el testigo le respondió. “A usted, ha sido un placer”, lo que motivó la risa de la jueza, que, sin embargo, le volvió a dar dos avisos más durante la intervención posterior del abogado de Renfe. “Señor testigo, no derive el interrogatorio por donde quiera llevarlo usted”. Y luego, cuando Cañas Lloret estaba en otro careo —siempre con buen talante—, el abogado de Renfe miró a la jueza para solicitarle su intervención. “No sé ya cómo decirle que conteste a lo que le pregunten...”, espetó Elena Fernández. Al terminar su comparecencia, el testigo se despidió pidiendo disculpas: “mi trabajo es no morderme la lengua”.

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