El bochorno

Con independencia de lo que diga el fallo, cuando el Tribunal lo decida, y sea cual sea la decisión judicial, en cuya solvencia y buen criterio y fidelidad a la Ley cree firmemente quien esto escribe, hay algo que acompañará la memoria del juicio por la tragedia del “Alvia” en Angrois; el bochorno. Por el comportamiento de no pocos de los testigos llamados a declarar, que en muchos pasajes de los interrogatorios parecieron enemigos a pesar de dirigir departamentos del mismo Ministerio, el de Transportes. Curiosamente, nunca el titular actual, ni los anteriores, acudieron al menos a explicar cómo es posible que cargos de su confianza podían mantener esa actitud y seguir donde estaban.

Bochorno provocó también la conducta de las empresas de seguros, discutiendo intensamente y en público acerca de sus obligaciones y olvidándose en apariencia de las decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos que, además de Justicia, reclamaban aquello a lo que tenían derecho. Bochorno es el que produjo uno de los altos cargos de Transportes cuando reconoció la “escasa empatía” del departamento para con la víctimas y que nadie en un Gobierno que se dice “social” aportase siquiera una excusa por tal actitud. En fin, bochornoso resulta que el ministerio público tardase meses, después de acusar a uno de los dos procesados, sorprendiese en la recta final de la vista intentando cargar sobre las espaldas del maquinista para el que después su propio abogado pidió al Trilunal que fuese “magnánimo”. Acaso por mala conciencia.

Todo esto ocurrió hace diez años en una catástrofe ferroviaria que permanecerá para siempre en la memoria colectiva de Galicia y en general de los españoles, muchos de ellos seguramente asombrados porque la Justicia tarde diez años en abordar en vista oral un asunto que, con los previsibles recursos, nadie sabe aún cuánto durará. Un asombro por cierto que aumenta cuando se repasa la fase de instrucción, los cambios en sus responsables y, para colmo. el ya citado giro en la actitud del ministerio fiscal, proporcionando después una explicación difícil de entender y que pareció en todo caso una excusatio non petita. Y ya se sabe el resto.

En este punto procede insistir en la vergüenza que debiera producir el hecho de que, al igual que pasó con el naufragio del “Prestige” o la pérdida del pesquero “Villa de Pitanxo” en el mar de Terranova, que costó veintiuna vidas, nadie se haya tomado en serio las investigaciones que, en cualquier otro país, serían obligadas. Hasta el extremo que ha sido el Parlamento europeo el que haya reclamado informes independientes en lo del buque hundido y en la tragedia de Angrois. Parece evidente que en Bruselas no se fían mucho de las pesquisas oficiales españolas, lo que ni debería suscitar precisamente entusiasmo: no es la primera vez que desde allí miran de reojo hacia aquí.

Retomando lo que ocurrió en la fatídica curva próxima a la estación de Santiago de Compostela, conviene no olvidar a las personas que salvaron su vida con graves daños ni a las familias que perdieron a alguno de los suyos. Porque en el fondo de todo esto hay quien sospecha que se nota un cierto tufillo a que la Administración busca sobre todo no cargar con la responsabilidad de lo sucedido, en la parte que le toque, aunque sea a costa de un trabajador que pudo haber cometido un error, pero que no fue el único, Lo raro es que sólo estuvieran en el banquillo dos personas; otras tuvieron más suerte.