Los campus gallegos piden cambios mínimos en la ABAU ante el inminente inicio de curso

Hoy arranca septiembre y con él la cuenta atrás para el nuevo curso. El 11 los estudiantes volverán a las aulas, entre ellos los de 2º de Bachillerato, un curso “difícil y duro” para el alumnado y “complejo” para los educadores por el “nivel de exigencia” y por lo que “puede repercutir en el futuro” de sus estudiantes. Este año a esos retos se suma la incógnita de cómo se materializará la selectividad, cuya reforma quedó congelada por la cita electoral. En tanto el nuevo Ejecutivo echa a andar, el tiempo corre y la Xunta ha instado al Gobierno en funciones a paralizar las modificaciones en la ABAU, que iban a entrar en vigor en junio de 2024, y aguantar por ahora la prueba para dar “certezas” a la comunidad educativa. La CiUG, con las competencias en acceso de las universidades gallegas, defiende que “los cambios deben ser los mínimos, pues el curso comienza ya y no se sabe nada de los nuevos modelos de examen”.

Así lo indica Iván Area, delegado del rector de la Universidade de Vigo en la CiUG y presidente de este órgano, quien sostiene que, en cualquier caso se “adaptarán a lo que se decida a nivel ministerial”. Por ahora la situación normativa es difusa. Por un lado, reconoce que la nueva ley, la Lomloe, está en vigor y que es “de obligado cumplimiento”. Por otro, explica la CiUG en su web, no está publicado el Real Decreto sobre acceso y admisión que debe acompañarla; solo borradores. El que hay quedó “desfasado”, comenta Area, pero “también es de aplicación mientras no contradiga a la nueva Ley”.

En la práctica, pone como ejemplo que hay asignaturas que desaparecen del currículo con la Lomloe y lo harán también de los exámenes, y al tiempo, avisa, la CiUG no está “en condiciones de saber de qué materias habrá exámenes de la parte voluntaria”, la que vale para subir nota, y los delegados de los rectores lo consideran “altamente perjudicial” para el alumnado.

Aparte, la CiUG aboga por una “implantación progresiva del modelo competencial”, ya que el alumnado que se examinará en 2024 conforme a las nuevas reglas, de seguir adelante la reforma, competirá con que hizo la ABAU este año, según las normas hasta ahora vigentes, porque las notas de la parte voluntaria se guardan dos años. En ese sentido, la CiUG defiende estandarizar las calificaciones por año y distrito, “para mayor seguridad del alumnado y del sistema”, para posibilitar hacerlas comparables entre años y distritos.

Los campus de todo el Estado ya le habían pedido en mayo al Gobierno una moratoria para aplicar los cambios. No son los únicos que creen que “lo deseable sería mantener la configuración actual de las pruebas” a raíz de la incertidumbre derivada de las elecciones, como señala una profesora de Lengua Castellana y Literatura. Porque desconocer cómo serán genera “inseguridad” en el profesorado y “más presión” en un curso de por sí ya “complejo”, aduce.

María Sío, que imparte Filosofía en el IES de Beade, cuestiona el sumarle al nivel de exigencia y de estrés que comporta el curso para el alumnado el “empezar en el aire”. “Las decisiones políticas son de los políticos, pero tendría que haber directrices claras desde el día 1 de comienzo de las clases, que alumnado y profesorado sepan a qué se van enfrentar y cómo optimizar los recursos porque es un curso especialmente duro y difícil”, sostiene. De ahí que inste a hacer “lo humanamente posible por garantizarle al alumnado las certezas mínimas para poder comenzar de forma óptima”.

Otra profesora de Lengua Castellana explica que los docentes estaban habituados a trabajar el currículo de 2º en función de lo que iba a ser la selectividad, de modo que desconocer cómo será la prueba repercutirá en que no sabrán cómo “concretar” el currículo. Augura que la “inercia” llevará a trabajar como hasta ahora y que, si hay cambios, los pillará “a contrapié”. “Por eso sería preferible”, dice, seguir con el modelo vigente por el momento. Esa opción beneficiaría al alumnado que no aprobó, al repetir con la ‘pauta’ del año pasado. Si no, se quedaría “en una especie de limbo”.

Pese a todo, sostiene que el futuro “debería ir” por el modelo de competencias, “más adecuado a los nuevos tiempos”, y que un grupo de docentes debería trabajar en esa línea para “traspasar” al resto los conocimientos. Carmen Boado, vicedirectora del IES Valadares después de varios años de jefa de estudios del innovador centro, es partidaria del nuevo modelo y de dejarse de moratorias. “Es prioritario que cambie la ABAU y después ya nos adaptaremos”, afirma. Considera el formato actual de la prueba, por su carácter memorístico, “un lastre” a la hora de implantar las metodologías que recogen las leyes educativas y defiende, pese a que habría que pensar en fórmulas para no perjudicar al alumnado, el giro de la ABAU hacia un examen “competencial”. “Demorarlo no es una solución”, recalca.