La Xunta emprende tres nuevas investigaciones sobre los dueños de fincas abandonadas

La Consellería de Medio Rural ha emprendido tres nuevas investigaciones para identificar a los dueños de fincas abandonadas. Esta facultad era competencia exclusiva del Estado en el pasado, pero ahora también la tiene la Xunta como una de las grandes novedades de la Lei de Recuperación de Terras Agrarias, en la que se reguló la fórmula, que atribuye por primera vez a la Administración autonómica esta capacidad cuando se trata de suelo rústico o de núcleo rural. Las pesquisas afectarán a 52 parcelas ubicadas en los concellos de Cualedro, Taboadela y Sober.

El pasado mes julio lanzó la primera investigación oficial en el ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo-Cotobade y ahora se suman tres nuevos procedimientos que ejecutará la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Las tareas de identificación de los dueños se limitan a las fincas pertenecientes a tres aldeas modelos en las que la Consellería de Medio Rural quiere recuperar el suelo agrario en desuso y, al mismo tiempo, utilizarlo como barrera natural contra los incendios.

En una de ellas, la de Francos de Proendos, en Sober (Lugo), se está trabajando en una superficie de casi 13 hectáreas en 119 parcelas de 70 titulares catastrales. Con el procedimiento abierto ayer se pretende aclarar quién es el propietario de 16 parcelas.

En el caso de Covelo, en Taboadela (Ourense), cuenta con más de 15 hectáreas divididas en 223 parcelas de 109 propietarios, “y se aclarará la titularidad de 12 inmuebles”.

Por último, la aldea modelo de Carzoá, en Cualedro (Ourense), abarca una superficie de casi 54 hectáreas con 389 parcelas de unos 215 propietarios, en la que serán 24 las parcelas sobre las que se iniciará una investigación para averiguar el nombre de sus dueños.

Las parcelas sujetas a este procedimiento de investigación se integrarán provisionalmente en el Banco de Terras para poder ponerlas ya en producción. De este modo, se evita tanto el propio deterioro de los predios como el riesgo ambiental que supone su situación de abandono, al tiempo que se posibilita su aprovechamiento agrario.