El referéndum no es posible

Hace unos años invitamos a un colega quebequés a hablar en Galicia sobre las dimensiones económicas del bilingüismo y las políticas públicas asociadas. Pero era un momento de elevada agitación en Cataluña y fue inevitable que acabásemos debatiendo sobre independencia y referéndums. En algún momento de la charla se le preguntó por la oportunidad de aprobar en España una “ley de claridad” similar a la que se había aprobado en Canadá, para regular las condiciones del referéndum y las implicaciones de sus resultados.

La respuesta fue simple y directa. Esa ley tiene todo el sentido en Canadá porque en la Constitución canadiense no se dice nada al respecto de qué hacer si alguien se quiere ir, no se contempló la salida. Pero en España no tiene razón de ser, porque su Constitución es tajante en lo que se refiere a la unidad e integridad del Estado. Por tanto, en España si se quiere un referéndum y abrir un proceso de salida de una comunidad autónoma, es obligatorio una reforma constitucional previa. No hay otra vía legal. Y una reforma constitucional requiere una mayoría cualificada en la que, necesariamente, han de estar, al menos, PSOE y PP.

Por eso, es mucho más razonable y productivo ponerse a hablar de cómo retocamos el Estado de las autonomías para que funcione mejor. En la actualidad existe una clara descompensación entre la relevancia de las comunidades autónomas en la prestación de servicios públicos y la endeblez de las estructuras de codecisión vertical y de coordinación horizontal. Y existe también un amplio espacio de mejora sin mover una coma de la Constitución.

Unos y otros harían bien en centrarse en ese espacio realista de posibilidades.

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