Víctimas del Alvia piden al Supremo una investigación “imparcial y objetiva”

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 -—que representa a afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Angrois (Galicia) en julio de 2013— solicitó ayer en la vista celebrada ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que se ordene una nueva investigación a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre las causas de la tragedia en la que se escuche el testimonio de las víctimas y que la composición de esa comisión sea totalmente “imparcial y objetiva”.

Así lo expuso en su turno de palabra el abogado de la plataforma Antonio Benítez, que reclamó que en esa nueva investigación primero deben cesar los miembros de la CIAF —aunque no son los que realizaron el primer informe técnico sobre el accidente— porque considera que siguen sin ser independientes, habida cuenta que son nombrados por el ministro de Transportes, que incluye a Adif y a Renfe.

Por su parte, la abogada del Estado, Pilar Cancer, pidió que se desestimen las pretensiones de las víctimas alegando que la CIAF cumple con los estándares europeos de independencia a pesar de estar adscrita a un ministerio. Sobre la petición de que dé audiencia a las víctimas, indicó que éstas en ningún momento reseñaron cuestión técnica alguna que no hubieran podido aportar en su momento. Y sostuvo que al momento de la realización de la investigación se cumplió con la norma vigente por lo que tampoco procede esa petición.

Al término de la vista, en los pasillos del Supremo el grupo de víctimas y familiares se dirigieron a la abogada del Estado para recriminarle su exposición ante el tribunal. “Si hubiera perdido a su hijo, lo entendería”, le reprocharon, para luego afearle que “defienda a los poderosos en lugar de a los ciudadanos”.

El Supremo decidió en su momento admitir el recurso de las víctimas para determinar si la regulación de la CIAF “cumple, en cuanto a su creación, composición, designación de sus miembros, organización y competencia técnica las exigencias de independencia, imparcialidad y objetividad”, además de clarificar “la posición jurídica de los afectados en accidentes ferroviarios y de las asociaciones o plataformas implicadas en lo que concierne a la intervención en el procedimiento de investigación”.

El letrado de las víctimas apuntó que su pretensión pivota sobre el informe emitido por la Agencia Europea Ferroviaria en 2016 que determinaba que la investigación del accidente no fue independiente y que se cometieron “graves irregularidades, como que no se diera audiencia a las víctimas. En este sentido, el abogado sostuvo que la investigación de la CIAF “en ningún momento fue independiente” y que el equipo de investigadores fue dirigido por Adif.

También indicó que la directiva europea dice que se debe escuchar a todas las partes, incluidas las víctimas, y que se debe informar de los avances y resultados. “Lo cierto es que ninguna de estas previsiones fueron respetadas”, aseguró.

En su turno, la abogada del Estado señaló que si bien el procedimiento es contencioso, no se puede obviar el contexto, y es que se ha celebrado un juicio penal durante 9 meses en el que el informe de la CIAF es sólo “uno más” de los aportados. Sobre las dos peticiones de la plataforma incidió en que “no procede” porque “la destitución (de los actuales miembros de la CIAF) no tiene sentido cuando los actuales no son los miembros de la comisión que hizo el informe”. En este sentido indica que la normativa no contempla ceses por las causas alegadas. En cuanto a la participación de las víctimas en el proceso de investigación, negó que la normativa de cuando se realizó el informe sea la misma que la actual que la vigente en 2013 “no hacía singularización en las víctimas”.