El fenómeno ocupa repunta en Galicia con 17 nuevos asaltos al mes, un 3% más en un año

Segundas residencias en zonas aisladas, viviendas de mayores que se han quedado vacías, incluso chalés de lujo en urbanizaciones, pero sobre todo pisos desocupados de bancos y de la Sareb. Son el tipo de inmuebles ocupados, bien por inquilinos que entran por la fuerza como por arrendatarios que tras el impago de varios meses de renta no han hecho las maletas pese a la presión del propietario para que se vayan El fenómeno ocupa en Galicia está muy alejado de los allanamientos que ocurren en Cataluña o la zona del Levante, pero es un territorio marcado en rojo en las estadísticas del Ministerio del Interior por el aumento de estas infracciones penales. Mientras las ocupaciones de viviendas han caído en el conjunto de España un 11,2% en los primeros ocho meses de este 2023 —suman 10.345—, en la comunidad gallega han repuntado un 3%: 134 frente a las 130 registradas entre enero y agosto del año pasado. Son una media de 17 asaltos cada mes —cuatro a la semana— en el parque residencial de Galicia, según datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Es el norte peninsular y Canarias los que protagonizan un aumento de los allanamientos y usurpaciones de pisos y casas durante el último año. Junto a Galicia, también aumentaron las ocupaciones en Cantabria (19,7%), seguida de Asturias (17,7%), País Vasco (9,4%) y Canarias (8,7%).

El balance de los ocho primeros meses del año coloca a Galicia en el sexto puesto por la cola en el mapa de asalto a viviendas, con el 1,3% de todos los casos denunciados en los juzgados del país. Por detrás de la comunidad gallega, se colocan La Rioja (29), Asturias (53), Cantabria (62), Navarra (65), Extremadura (104).

Las denuncias de ocupaciones en la comunidad gallega entre enero y agosto de este año están muy lejos de las que soportan territorios como Cataluña, a la cabeza con más de 4.200, casi el 41% de toda España, lo que supone una media de 530 cada 530 cada mes. Le siguen de lejos Andalucía (1.607), Comunidad Valenciana (1.134) y Madrid (1.025), los únicos territorios por encima de la barrera del millar de asaltos de pisos y casas. Las estadísticas de Interior no distinguen entre allanamientos de morada (cuando se ocupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) y usurpaciones (inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías) ya que la calificación jurídica compete al tribunal encargado de cada caso, informa Europa Press.

La mayoría de los casos que se dan en la comunidad gallega —más del 80%— se producen en casas o pisos desocupados de la Sareb, fondos de inversión y de procedencia bancaria, según datos de la patronal inmobiliaria, por lo que finalmente la mayoría de quienes recurren a los tribunales son particulares que ha visto usurpada su vivienda, ya sea su segunda residencia o un inmueble heredado que se encuentra vacío. Desde la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) advierten de la pérdida de valor que sufren estos inmuebles tras la ocupación, de hasta un 50%. Además, apunta, resulta muy difícil vender una vivienda que ha sido allanada ya que cuando se recuperan, quedan en un estado calamitoso. Y, según lamenta la patronal, no solo se deprecia el valor de la propiedad ocupada sino también el del resto de viviendas de la zona.

Hasta medio centenar de barrios en Galicia tiene identificados la patronal como puntos calientes de la ocupación, una quincena en la ciudad de A Coruña.

El sector llama a no negociar con los ocupas, como el pago de los suministros del piso para intentar a minorar el impacto económico. Aunque estos sean actos de buena fe, favorecen a los inquilinos ya que pueden dejar entrever que podría haber un contrato verbal de arrendamiento. Por ello, la patronal aconseja tener dados de baja los suministros del hogar, como la luz, el agua o el gas en aquellas viviendas donde se pueda cometer un delito de usurpación mientras se encuentran vacías a la espera de un inquilino o un nuevo dueño.

¿Qué hacer si han ocupado mi vivienda?

Para saber cómo afrontar la ocupación de una vivienda, el Consello da Avogacía de Galicia firmó este año un convenio de colaboración con la Xunta para elaborar una guía sobre los derechos y deberes de las personas propietarias o usufructuarias de viviendas ocupadas ilegalmente. Además, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y Consello da Avogacía mantienen el servicio de asesoramiento telefónico gratuito para los afectados por un desahucio, una ejecución hipotecaria o la ocupación de un inmueble. El servicio, que funciona a través del número 900 121 221 de lunes a sábado por la mañana, garantiza respuesta en un plazo de 48 horas. Tres son las preguntas que más se hacen los propietarios afectados por una ocupación y que quieren lograr cuanto antes el desalojo de su propiedad. ¿Hay un plazo de 48 horas para que la Policía actúe? No necesariamente. Las sentencias fijaban esas 48 como periodo en el que se entiende que un delito es flagrante, permitiendo por tanto en ese plazo que la Policía actuase sin necesidad de solicitar autorización judicial. Pero después de una reciente instrucción del Interior y las últimas interpretaciones, el factor temporal no es tan importante y hay que atender otras circunstancias. Así, por ejemplo, si la vivienda es la morada de los ocupantes, sí o sí se requiere de una orden judicial para garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿Por qué la Policía no puede echar a los intrusos? La capacidad de desalojo queda limitada para casos de delito flagrante. Pero si ya han pasado meses desde que se produjo la ocupación, bien por desconocimiento del propietario o porque acumula varias mensualidades de sus inquilinos sin pagar, el desalojo solo puede ser ordenado por el juez. ¿Quién puede denunciar? La denuncia para proceder al desalojo debe interponerla el propietario del inmueble ocupado. Ahora bien, un vecino puede denunciar pero no pedir un desalojo. Otra cosa es que la policía actúe y proceda a la expulsión de los ocupas.

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