El 15% del impuesto de plusvalía se queda sin cobrar por la complejidad de su gestión

El impuesto de plusvalía municipal (IIVTNU) ha sido zarandeado en los últimos años por varias sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo. Es un tributo controvertido en su aplicación y sujeto a continuas modificaciones que grava el incremento del valor de un solar, piso o garaje en el momento de venta o recepción en herencia con respecto al coste de la compra anterior. Y no solo es complicado en su ejercicio por los ayuntamientos, sino que además está caracterizado por un alto nivel de impagos, de forma que el 15% del impuesto no se llega a recaudar, sin que los gobiernos locales puedan hacer mucho por revertir la situación dada la carencia de medidas legales para forzar los reintegros.

Este tributo es potestativo, lo que quiere decir que los concellos lo aplican de forma voluntaria, y su recaudación en comparación con el IBI es bastante discreta. Supone unos 45 millones anuales que se reparten entre poco más de un centenar de ayuntamientos (112 en 2020 o 115 en 2023), por lo que el 15% de los impagos representa una pérdida de ingresos de siete millones. Esto sucedía en el año 2020 y también ahora porque las sucesivas sentencias de los últimos años invalidaron los cálculos que se hacían —o limitaban la capacidad de reclamar su devolución— para determinar el hecho a pagar, pero no entraban en la gestión, que sigue siendo la misma: compleja y con la necesaria concurrencia de varias administraciones (estatal, autonómica, municipal y provincial) además de actores externos, como notarios o empresas privadas colaboradoras.

“En consecuencia, un amplio número de agentes involucrados, públicos y privados, que complica la aplicabilidad del tributo”, se recoge en un informe específico sobre este impuesto elaborado por Alberto Vaquero (profesor de Economía de la Universidade de Vigo) y Miguel Ángel Santirso (tesorero de la Diputación de Pontevedra) y publicado en la Revista Galega de Economía.

¿A qué se deben las dificultades de cobro de las liquidaciones pendientes? Lo primero que hay pocas vías para reclamar la deuda y además no son eficaces. Solo se puede acudir a la vía de apremio, pero no a la posibilidad de embargo del bien, opción que sí existe en caso de impago del IBI o de la viñeta de vehículos, por ejemplo.

Luego, que en caso compra-venta el pagador es el vendedor, que plantea numerosos problemas cuando se trata de sociedades mercantiles en situación de insolvencia por cese de actividad, concurso de acreedores, disolución, liquidación... Y también cuando la transmisión de produce por herencia, debido a los problemas que plantea a los ayuntamientos la localización de los herederos, la notificación y el cálculo de la deuda tributaria.

“La gestión del impuesto presenta una complejidad añadida por sus costes administrativos que merman su capacidad financiera. Los ayuntamientos, o bien delegan en las diputaciones provinciales u otras entidades equivalentes, o bien optan por firmar contratos de servicio con empresas privadas. Con independencia de la forma adoptada, los costes de gestión directos pueden suponer una parte importante del monto obtenido, lo que erosiona los ingresos inicialmente estimados con esta figura tributaria”, exponen Vaquero y Santirso.

Pero el comportamiento en Galicia no es homogéneo. En la provincia de Ourense, los impagos del impuesto llegan al 22% de los derechos reconocidos y en la de Lugo, al 21%. Por el contrario, en la de A Coruña baja al 14% y en la de Pontevedra, al 12%. Esto fue así en 2020, para una previsión total de 45,5 millones de euros y una recaudación de 38,5. Alberto Vaquero considera que esta proporción se mantiene actualmente porque el procedimiento de gestión no ha variado pese a las sentencias.

Impagos del 8% en A Coruña

También existen diferencias entre los distintos concellos. El más eficaz en la aplicación del tributo es el de Vigo, con un porcentaje de impagos por debajo del 3%. En el polo opuesto estarían, según el estudio, Ourense, Pontevedra, Lugo y Ferrol, con importes pendientes de cobro por encima del 25%. En el caso de la ciudad de A Coruña, los impagos de la plusvalía municipal se sitúan en el 8%.

Los nuevos criterios establecidos a finales de 2021 para realizar el cálculo del tributo, el vacío normativo que dejó la reforma durante dos semanas —quienes vendieron o heredaron un inmueble entre el 26 de octubre de ese año (desde que el Constitucional anuló el impuesto para los casos de minusvalías) y el 9 de noviembre (hasta que el Gobierno central aprobó los cambios)— y las devoluciones por liquidaciones mal calculadas a las que tuvieron que hacer frente los ayuntamientos desplomaron la recaudación el año pasado. De los 47,6 millones que ingresaron los concellos gallegos en 2021 por el cobro del impuesto de plusvalía, se pasó a apenas 18,5 millones en 2022, según datos de las liquidaciones presupuestarias publicados por el Ministerio de Hacienda.

Unos valores catastrales desfasados

Un impuesto que para los contribuyentes e incluso economistas resulta un “injusto” y “exagerado”, para expertos en administración local debería endurecerse para garantizar una mayor recaudación en las arcas municipales. En el estudio El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: el problema inacabable de la financiación municipal elaborado por expertos de la Red Local de Administración Pública, Red Localis, se advierte de la “importante capacidad fiscal no aprovechada” en el tributo de plusvalía en Galicia y se defiende su “gran potencial como instrumento financiero en las poblaciones de mayor tamaño”.

De ahí que los expertos en administración local apremien a los ayuntamientos a una revisión catastral de los valores de los inmuebles con el objetivo de “mejorar la capacidad fiscal” del tributo que grava las operaciones en suelo urbano. Una actualización que —defienden— permitiría detectar posibles bolsas de fraude y mejoraría la capacidad tributaria pa propia de la administración local. En concreto, más de la mitad de los ayuntamientos —el 53%— realizaron su última revisión catastral entre 1984 y 2001, el 32% lo hicieron entre 2002 y 2011 y el 11% lo han hecho entre 2012 y 2016; y solo el 4% restante entre 2017 y 2020. Con relación a la media nacional, los concellos presentan importantes diferencias en sus procesos de revisión catastral (8 puntos por encima para las revisiones anteriores a 2001, aunque 12 puntos por debajo de las revisiones entre 2002 y 2011).

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