Las medidas de ahorro contienen el gasto de las ciudades en servicios básicos como luz y agua

El Concello de A Coruña impulsó hace dos años un plan de renovación del alumbrado en todos los barrios con un presupuestos de 15,7 millones. El objetivo era sustituir más de 21.000 lámparas obsoletas por lámparas led. Ese mismo ejercicio, Vigo lanzó una medida similar con una inversión de 9,3 millones para renovar el 40% de puntos de luz de la ciudad. Este tipo de iniciativas han permitido que las siete ciudades de la comunidad contengan la factura de los servicios básicos, aquellos que todo consistorio debe ofrecer, y que tiene como grandes partidas los suministros de luz en las vías públicas, el abastecimiento de agua, la recogida de basura, alcantarillado o parques.

Los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2022, los últimos disponibles, muestran que este tipo de actuaciones han permitido contener la factura global de las ciudades en estos capítulos, que pasó de 571 millones en 2021 a 573 el ejercicio siguiente. Prácticamente, la misma cifra.

La fluctuación del desembolso público en estas partidas no depende solo del ahorro, sino que crece por la expansión de la superficie urbana, incorporando nuevos barrios con el consiguiente incremento de servicios o de gastos de mantenimiento y sustitución de infraestructuras que debe acometerse de manera cíclica. Aun así, el balance del año 2022 muestra una congelación de facto de esta factura, obligatoria para todos los consistorios.

Los ayuntamientos están obligados por ley a enviar a Hacienda el gasto de los servicios básicos que prestan a sus vecinos. Es una consecuencia de la crisis financiera desencadenada a finales de la primera década del nuevo milenio, cuando la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers reveló la fragilidad de un sistema económico que pivotaba sobre una burbuja de créditos sin sostén.

España sufría riesgo de colapso en 2011 y necesitó el rescate de su sistema bancario y de las cajas. El precio pagado fue la imposición de una austeridad severa, el recorte del gasto público y la sumisión a los acreedores internacionales para mantener abierto el grifo del crédito. Hasta se reformó de manera exprés la Constitución para blindar esos pagos.

En 2013, el Gobierno dirigido por el PP de Mariano Rajoy aplicó varias medidas para apretar el cinturón, incluyendo precisamente el cálculo del coste de los servicios básicos municipales.

La norma estableció dos categorías. Por un lado, los veinte servicios obligatorios (saneamiento, alumbrado, agua...). Por otro, los correspondientes a “competencias propias” que se pueden ofrecer a los vecinos o no, como la Policía Local, ferias, equipamientos culturales o promoción de tecnologías de la información, según consta en la ley.

Cada uno de ellos puede prestarse de forma directa o bien a través de sociedades públicas mixtas o privadas, como sucede con el transporte urbano.

Cada ciudad opta por un modelo y existen grandes diferencias entre ellas, derivadas de sus prioridades de gasto, pero también de condicionantes como la dispersión. De hecho, la brecha existente entre ellas se redujo de los 343 euros por habitante en 2021 a los 286 en 2022.

Solo tres urbes redujeron el desembolso por habitante: A Coruña pasó de 663 euros por vecino a 594; Santiago, de 707 a 676; y Ourense, de 556 a 554. Por su parte, Vigo creció de 607 a 622; Pontevedra, de 364 a 390; Lugo, de 446 a 501; y Ferrol, de 478 a 509. En cifras totales, Vigo, la ciudad más poblada, lidera la clasificación con 182 millones, seguida de A Coruña (154), Santiago (66,4), Ourense (57,5), Lugo (48,7), Ferrol (32,7) y Pontevedra (32,3).

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