La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios descarta revisar el siniestro del Alvia

A pocos meses, en el escenario más optimista, de que se conozca la sentencia por el accidente del Alvia, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha anunciado que descarta realizar una nueva investigación técnica del siniestro en el que murieron, el 24 de julio de 2013 en Santiago, 80 personas y más de un centenar resultaron heridas.

En diciembre de 2023, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación en el que la Plataforma Víctimas del Alvia 04155 reclamaba que se cesase a los integrantes de la actual CIAF por falta de independiente, para que una vez renovada su composición se abordase una nueva investigación del accidente. No obstante, el fallo judicial obligó a la CIAF a responder a la asociación demandante sobre si era pertinente o no realizar una nueva investigación porque a las víctimas les asiste el derecho a recibir “cumplida información”.

Tras este apremio, la comisión se reunió de forma extraordinaria el pasado 15 de febrero de 2024 para contestar a las víctimas que una nueva investigación acerca de “un suceso ya investigado carece de fundamento” al “no haber aparecido nuevas pruebas o aspectos no identificados de los que se pudieran extraer nuevas enseñanzas y nuevas recomendaciones para la mejora de la seguridad del sistema ferroviario”.

En su respuesta, la CIAF justifica que en octubre de 2018 ya se abordó en pleno la posibilidad de una reapertura de la investigación, pero se consideró que “no existían en esos momentos nuevos datos ni información que justificasen” esa decisión, algo que se mantiene actualmente. Después de recordar que el fin de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios es formular mejoras en la seguridad y no “la determinación de culpas o responsabilidades”, subraya que la sentencia del Supremo avala la independencia de este organismo.

Tras conocer su respuesta, la Plataforma Víctimas del Alvia 04155 critica su decisión dado que el informe emitido en su día por la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) ponía en duda la independencia del órgano de investigación español —dependiente del Ministerio de Transportes— y censuraba que se centrara solo en la causa directa —un error humano del maquinista— sin intentar averiguar las “causas profundas”.

Las víctimas del Alvia hacen hincapié en que “la máxima autoridad europea en materia ferroviaria dictaminó que el Estado español cerró en falso la investigación y que nunca hubo independencia”. “Prueba de ello son los procedimientos de infracción iniciados por Europa en el año 2013 y 2019 frente a España, por no llevar a cabo las investigaciones técnicas independientes e incumplir la Directiva 49/2004”, resalta.

Precisamente, sobre el informe de la ERA, la CIAF se emplea a fondo en quitarle transcendencia. Así, reduce ese documento a una mera “opinión”, pues “no es de ningún modo un dictamen o evaluación que pueda dar o quitar validez a un informe de investigación aprobado”. Además, remarca que “en ningún momento se pone en cuestión la validez de las recomendaciones del informe de la CIAF, ni se invalidan sus conclusiones”.

Respecto a las dudas de la Agencia Ferroviaria Europea acerca de la independencia de la investigación, la CIAF incide en que “ya fueron aclaradas en su momento a la ERA, sin que se recibiese respuesta en contrario”, por lo que entiende que eran más una cuestión formal que de contenido.

En el banquillo de los acusados se sentaron el maquinista, Francisco Garzón, y el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte. Durante la vista oral, el fiscal retiró los cargos contra Cortabitarte, pero los mantuvo contra el maquinista, que se despistó y entró la curva de Angrois a excesiva velocidad, lo que provocó que el tren descarrilara.