Más de 11.000 familias gallegas pelean cada año por las herencias sin testamento

Son cada vez más los que quieren dejarlo todo “atado y bien atado” para cuando llegue ese día. No solo los que por “ley de vida” están más próximos, sino que también gente de mediana edad y jóvenes acuden al notario para nombrar a sus herederos y, en consecuencia, evitarles un quebradero de cabeza en el futuro. En Galicia el año pasado, más de 51.000 gallegos hicieron testamento, una cifra que se mantuvo estable en los últimos tres años —tras el estallido de la pandemia del COVID en 2020 se superó la barrera de los 50.000—. Pero todavía hay quienes por una muerte repentina o, simplemente, por la dejadez de sus padres, parejas o parientes lejanos se enfrentan a un complejo proceso ante notario o incluso en los tribunales porque sus familiares han fallecido sin testar. Cada año, más de 11.000 familias pelean por esos legados que carecen de testamento, según datos del Colegio Notarial de Galicia. En el último lustro, fueron casi 54.700 los casos registrados en la comunidad gallega, de ellos 11.200 en 2023.

Incluso en las familias mejor avenidas pasa. No hacer testamento obliga a hacer una serie de trámites pero además suele generar disputas entre los sucesores. Un ejemplo que revela el alcance de lo que puede provocar esa falta de previsión a la hora de hacer la declaración de últimas voluntades: en matrimonios sin hijos, el cónyuge se quede sin casa y con las manos prácticamente vacías ya que son los suegros del viudo o viuda a los que por ley les corresponden los bienes.

Al no testar, los finados obligan a sus familiares a realizar un acto de requerimiento para la declaración de notoriedad del llamado heredero abintestato para hacerse con la herencia. Aunque no hay estadísticas sobre el porcentaje que suponen los legados sin testamento, se puede tener una aproximación teniendo en cuenta la totalidad de adjudicaciones de herencias, las renuncias y las actas de estos abintestatos de cada año. Así en 2023 fueron 26.903 los testamentos que se aceptaron en Galicia, más de 3.600 rechazados (bien por deudas del difunto o por la carga fiscal que suponen para herencias de hermanos o tíos) y 11.200 casos en los que no hubo declaración de últimas voluntades, lo que arroja un saldo de más de 41.700 documentos tramitados en las notarías de la comunidad tras un fallecimiento. ¿Qué lectura puede hacerse de estos datos? Un 27% de los gallegos fallecen sin dejar testamento.

El tedioso pero también costoso proceso de recoger la documentación correspondiente para demostrar el vínculo con el fallecido sin testamento incluso puede acabar en los tribunales si las partes no llegan a un acuerdo. Todo un quebradero de cabeza para los herederos de esas viviendas, coches, joyas, fincas o depósitos bancarios que se suma al mal trago de perder a un ser querido.

Pasos a dar

La lista de pasos a dar cuando fallece un allegado sin declaración de últimas voluntades es larga. También costosa. Los trámites pueden exigir el desembolso de hasta cuatro veces más del importe que exige hacer un testamento, que en la comunidad gallega se sitúa entre los 40 y los 60 euros.

En primer lugar, los que se consideran herederos de esos bienes tienen que conseguir el certificado de defunción del fallecido y deben tramitar el certificado de últimas voluntades y su seguro de vida, en el caso de que lo tuviese. En ese momento, se aclarará si el familiar fallecido realizó o no testamento. Ambos documentos tendrán que presentarse en el notario y realizar la declaración de herederos. Si el fallecido era el cónyuge, deberá adjuntarse el acta de matrimonio.

En casos donde hay herederos directos (pareja, hijos, padres...) el trámite resulta sencillo. Pero si se trata de tíos, sobrinos o primos, las gestiones se complican ya que el notario tiene que ir descartando a todos los familiares que están en los rangos anteriores y de cuarto grado, lo que implica pedir certificados de nacimiento, defunción y matrimonio de todas esas personas. En la declaración de herederos, además, se requiere la presencia de dos testigos.

Los casos que se resuelven con acuerdo en el reparto de los bienes se cierran sin problema. Pero en los que hay desavenencias, el asunto acaba en los tribunales, donde el patrimonio y el dinero en las cuentas bancarias pueden ser intervenidos y, además, se hace necesario el nombramiento de un administrador.

La casuística de las personas que fallecen sin haber hecho testamento es variada. Desde matrimonios o parejas sin hijos cuyos padres aún viven, hasta personas solteras que fallecen sin descendencia, sin padres o que conviven con un hermano que es el que le ha cuidado y apoyado. En este caso al fallecer sin testar, heredarán en la sucesión intestada también los demás hermanos y sobrinos.

Las deudas y los impuestos obligan a renunciar al 12% de los legados en Galicia: diez cada día

Desde 2016, los contribuyentes gallegos no tienen que pagar el Impuesto de Sucesiones cuando heredan de sus padres o cónyuges. Las exenciones fiscales aprobadas entonces por la Xunta desencadenaron una ola de pactos sucesorios (herencias en vida) ante el temor de otra reforma que obligase de nuevo a rendir cuentas con el fisco —una modificación que ya puso sobre la mesa el Gobierno de Rajoy y en la que la pasada legislatura el Ejecutivo de Sánchez ya empezó a trabajar—.

Pero fuera de esas ventajas fiscales en Galicia, quedan las herencias de hermanos, tíos, sobrinos, suegros o cuñados, entre otros, una casuística a la que el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, prometió durante la campaña de 18-F ampliar las bonificaciones.

La carga tributaria para estos legados junto con las deudas que puedan dejar los fallecidos se convierten en los principales escollos para aceptar a un testamento. En la comunidad gallega el año pasado volvió a batir récord de renuncias a herencias: un total de 3.636, lo que supone una media de 10 cada día. Otras 26.903 fueron adjudicadas, lo que se traduce en un 12% legados a las que los herederos nombrados en el testamento dicen no. Son cinco veces más que el año en que estalló la crisis inmobiliaria (737 renuncias en 2008 ) y un 13% más que el año posterior al estallido del COVID (3.213 en 2021).

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