Una amenaza inodora, incolora e insípida, pero sobre todo, silenciosa. El gas radón, que emana de rocas como el granito, es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo después del tabaco, según la Organización Mundial de la Salud ( OMS). En Galicia, se calcula que se cobra 110 vidas al año, a tenor del último informe del Ministerio de Sanidad. Después de casi dos años de moratoria, el nuevo plan contra el radón entrará en vigor el próximo día 22.
En él, se introduce una obligación sin precedentes que tiene incidencia directa en los trabajadores: todos los centros laborales ubicados en planta baja o bajo rasante y establecidos en concellos de alta incidencia de radón estarán obligados a medir la incidencia del gas en sus dependencias.
Aunque el Consejo de Seguridad Nuclear todavía no ha publicado la lista de municipios en que se aplicará la medida, lo seguro es que, como mínimo, afectará a los ayuntamientos situados en la zona II del Código Técnico de la Edificación (CTE); es decir, el área que tiene mayor potencial de superar el umbral máximo permitido por ley: 300 bequerelios por metro cúbico de media anual en espacios cerrados. En Galicia, la normativa afectará, por lo menos, a los centros laborales en planta baja o bajo rasante de 283 concellos: 87 en A Coruña, 82 en Ourense, 56 en Lugo y 50 en Pontevedra. A nivel estatal, este plan afectará como mínimo a 1.627.
Ante la inminente entrada en vigor de la norma y a la espera del veredicto del Consejo de Seguridad Nuclear, toca mover ficha a los “responsables de los centros laborales”, sean públicos o privados. Así lo estipula el real decreto del plan contra el radón, que les atribuye a ellos la obligación de garantizar que los centros laborales cuenten con la medición pertinente. Los organismos que vigilarán el cumplimiento de la norma serán la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
Para medir el gas radón en cualquier dependencia, se necesita, como tiempo mínimo, entre dos o tres meses. Este servicio lo ofrecen empresas especializadas, como es el caso de Radón Asesores, una consultoría con sede en Gondomar. “En pocas palabras, nosotros medimos el radón, hacemos el diagnóstico y diseñamos la solución. Aproximadamente, el 25% de los lugares que nos contactan pasan el umbral permitido”, señalan desde la compañía, que aseguran que en los últimos meses han aumentado sus encargos. “El 50% de las peticiones que nos llegan ahora son para cumplir con la nueva normativa”, apuntan. “Lo más probable es que las empresas vengan en el último minuto. Creemos que la Administración tendrá que poner un tiempo de cortesía” finalizan.
Lo cierto es que este plan contra el radón en los lugares de trabajo lleva siendo una asignatura pendiente en España que acumula ya varios años de retraso. Esta normativa emana de una directiva europea publicada en el 2014, que obligaba a los países de la UE a crear un plan concreto para proteger de los efectos del gas noble en los ámbitos laborales. El precepto dejaba un margen de cuatro años para redactar sus programas de prevención, fijando la fecha límite en el 2018. España publicó el suyo a finales del 2022. No obstante, la demora no quedaría ahí. En el momento de su publicación, el Gobierno concedió una moratoria de 18 meses antes de que el plan tuviese efecto. Así, el retraso total asciende a cinco años.
