El promotor y presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, el constructor Manuel Gómez Landeira y el empresario Dositeo Rodríguez Gómez han sido citados a juicio acusados de estafa. Se sentarán en el banquillo por la operación por la que 21 familias perdieron sus terrenos en Vilaboa, al permutarlos a Promociones Naiguata, de Gómez Landeira, por pisos que nunca se llegaron a construir y al cambiar de manos, al pasar a las de Fontenla, en ejecución de la garantía de un crédito sospechoso que no se pagó.
Tras varios aplazamientos y la pandemia, el 13 de junio comenzará el juicio oral, dicta en las citaciones el Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña. Los tres empresarios serán juzgados después de que la Audiencia Provincial estimara, en 2018, el recurso de apelación de tres de las familias afectadas contra el sobreseimiento que había dictado, en 2017, el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.
Los jueces dictaron la reapertura de la causa en un auto en el que defendieron que, en la fase de instrucción, debe prevalecer, ante la duda, el principio pro actione “siempre que existan unos mínimos elementos indiciarios de la realidad de los hechos denunciados”, a diferencia de la emisión de sentencia, cuando se atiende al principio de in dubio pro reo (ante la duda, en favor del reo).
Los jueces inciden en especial en el contrato de préstamo suscrito entre Aparcamientos Monelos (de Fontenla) y Naiguata (de Gómez Landeira), “dos mercantiles arruinadas”, por un millón de euros. “Tampoco parece habérsele prestado la atención que requiere”, subrayan. “Despreciar ese hecho tan peculiar no elevándolo a la merecida categoría de indicio de criminalidad resulta sorprendente, pues los más elementales usos bancarios y empresariales desaconsejarían por su elevadísimo riesgo una operación financiera tan insólita (cantidad muy elevada, plazo de vencimiento ínfimo, interés del 1% unido a una patente insolvencia del deudor) y que parece elaborado precisamente para llevar a cabo la ejecución de la garantía y no en cambio para la devolución del principal con sus intereses”, dictan.
Los jueces ven clave la tramitación del estudio de detalle aprobado por el Concello de Culleredo para la construcción de un edificio de viviendas en los terrenos —en los cuales los dueños esperaban ganar edificabilidad con el PXOM aún pendiente—, “cuya titularidad se atribuye, además de a Aparcamientos Monelos, también a Promociones Naiguata”. Con este paso, hay “aún más razones para, más allá de la simple sospecha y más allá también de la pura conjetura, acreditar la presencia de sólidos indicios de criminalidad que permiten formular acusación contra los investigados mudándolos a la categoría de acusados”, fallaron. Dictaron que: “en efecto, la pública y notoria postrimera concertación empresarial con finalidad urbanística no es indiciariamente ajena —todo lo contrario— a lo sucedido anteriormente”.
La permuta se firmó en 1999. El crédito, a una empresa quebrada y a devolver en dos meses, se concedió en 2009. En 2011, afectados ganaron un juicio que les reconocía una indemnización que Naiguata no pagó.
