La Sala de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña ha estimado la denuncia presentada por el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, para dejar "sin efectos" las sanciones coercitivas impuestas por la Xunta en relación a la demolición parcial de su vivienda, y éste ha acusado a la Administración autonómica de actuar de "mala fe".
El auto sostiene que la sanción de 211 euros mensuales impuesta por la Xunta "debe ser devuelta", puesto que García Seoane cumplió "estrictamente" con las fechas fijadas por la Sala durante el proceso, iniciado en el verano de 2010 cuando el alcalde se vio obligado a derribar parte de su vivienda en virtud de una sentencia de la Audiencia Nacional.
La Audiencia -que estimó el recurso presentado por la Xunta tras el fallo de un Juzgado de primera instancia de A Coruña- obligaba a reponer la legalidad urbanística, ya que la casa del regidor invadía la zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre en algo más de un metro.
García Seoane reclamó entonces los gastos de licencia y obras a la Xunta, a la Demarcación de Costas del Estado y al propio Ayuntamiento por conceder el permiso inicialmente, lo que fue ratificado por sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña y del Tribunal Superior.
En las sentencias se apuntaba que la descoordinación y no coincidencia de los distintos planos analizados habían podido influir en la incorrecta ubicación final de la edificación.
Recientemente, el Consello Consultivo de la Xunta estimaba también la reclamación de García Seoane y reclamaba una indemnización en casi 60.000 euros.
El actual alcalde de Oleiros (A Coruña) ha denunciado en un comunicado la "mala fe" con la que ha actuado la Xunta durante todo el proceso.
