Por motivos profesionales he tenido ocasión de conocer de cerca el trabajo de los jueces y su aplicación continuada al estudio del derecho. En este caso al estudio de nuevas formas delictivas, la ciberdelincuencia, y de las técnicas jurídicas para combatirlas. El análisis de los nuevos delitos, de su gravedad por las consecuencias tremendas y masivas, de la necesidad de renovar los procedimientos para combatirlos sin debilitar las garantías de los derechos, es el objeto de la tesis doctoral defendida en nuestra Facultad de Derecho por el magistrado de la Audiencia Nacional D. Eloy Velasco y dirigida por dos colegas de aquí, los profesores Pérez Cruz y Ferreiro Baamonde. Un trabajo espléndido que asusta cuando describe las características de los nuevos delitos apoyados en las tecnologías más sofisticadas y cuando describe las dificultades para perseguir a los delincuentes amparados en el anonimato, en la extraterritorialidad, en la secuencia compleja de la comisión del delito. Que impresiona cuando presenta las dificultades que la policía y el propio juez encuentran en la investigación y luego en el proceso. Y que tranquiliza, finalmente, cuando se comprueba que el juez está ahí, en su sitio, garantizando los derechos, también de los delincuentes, y la seguridad de todos. Es lenta la justicia, pero acaba llegando.

En esta semana nos hemos enterado de que el fiscal formalizaba ya la petición de penas para los famosos protagonistas de la delincuencia económica en Marbella, hace dos o tres años. Llegó la petición de penas y se acabó lo que se daba. Es la hora de los tribunales y la cosa va en serio. Una buena noticia. Como buena noticia es que el Tribunal Supremo haya resuelto sobre la recusación de Garzón al instructor Varela. Buena, guste o no, porque pone de manifiesto que en cada paso del procedimiento hay un juez independiente y reflexivo que motiva públicamente su resolución. La recusación ha sido rechazada y Varela seguirá instruyendo. Ni aparece por parte alguna su interés en el caso, ni faltaba cobertura legal a su aviso a los querellantes para que adecuaran su escrito a los motivos de su acusación. Varela no se ha extralimitado en sus facultades, las que le otorga la ley, y su actuación ha sido acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El derecho a la tutela judicial de Garzón no ha sufrido. Lo que importa es que el vociferante y variopinto coro de quienes aseguraban la existencia de una conspiración del Tribunal Supremo contra Garzón ha quedado en evidencia. Cabría esperar rectificaciones y peticiones de excusas de, al menos, aquellos que ejerciendo cargos públicos, como el señor Zarrías o el rector de la Complutense, se unieron al coro con temeridad ahora demostrada. A Garzón le esperan momentos difíciles pero siempre que su suerte dependa de otros magistrados, sus derechos de defensa están garantizados. Ninguna conspiración.

Después del innecesario teatrillo en Moncloa a cuenta de la entrevista en la cumbre, otro parto de los montes; después de la desafortunada expresión de Rajoy al respaldar a Camps; después de constatar, una vez más, lo bien que no pocos gobernantes socialistas aprovechan sus oportunidades de hacerse ricos cuando amasar propiedades está entre sus prioridades vitales y profesionales; después de ver, a Díaz Ferrán de hinojos, orando ante el apóstol y después de ver a Zapatero explicándonos que ya crecemos, que vamos a defender el euro y a sacar esto adelante como si fuéramos niños, después de todo esto, es lógico celebrar que, al menos, el poder judicial, aunque lento y a veces indescifrable, resiste sólido, independiente y en continuo aprendizaje.