De sobra sabían Núñez Feijóo y Alfonso Rueda que su intención de impulsar la fusión de municipios se encontraría con la oposición de muchos alcaldes de su propio partido, sobre todo los de pequeños concellos, y que suscitaría recelos entre algunos de los barones provinciales, en concreto los de Ourense y Pontevedra, convencidos de que el proceso va a generar tensiones políticas en sus territorios y que el consiguiente malestar de los habitantes de los ayuntamientos condenados a desaparecer será fácilmente capitalizado por la oposición.

En San Caetano ya se contaba con eso y con que el asunto tendría un amplio eco en determinados medios de comunicación. También tenían el convencimiento de que la situación se podría reconducir con un mínimo de paciencia y sin mayores contratiempos, en cuanto empezase a tomar cuerpo la primera integración, la de Cesuras y Oza dos Ríos, fruto del esfuerzo muñidor del presidente de la Diputación de A Coruña. Con el beneplácito y el apoyo de Carlos Negreira, su jefe y mentor, Diego Calvo se está jugando gran parte de su capital político en el empeño de que la provincia coruñesa sea la que marque el camino a seguir en la drástica reducción de tamaño del mapa municipal gallego.

Los regidores reticentes a las fusiones no se conforman con la declaración de principios, enunciada con reiteración por el presidente, de que las fusiones y otras posibles fórmulas de colaboración intermunicipal serán siempre voluntarias, nunca impuestas desde arriba por la Xunta, que sin embargo las incentivará con los medios a su alcance. Piden una hoja de ruta clara, con unas reglas de juego explícitas a las que atenerse, que por ahora no existen, que no signifiquen que siempre el pez grande se tenga que comer al de menor tamaño.

A los miniconcellos les parecería nada razonable y a la vez injusto ser las víctimas forzosas de una necesaria racionalización de la administración local, cuando la mayoría de ellos tienen una economía precaria, pero mucho más saneada que sus vecinos de grandes villas y ciudades. Reivindican su condición de entidades perfectamente viables, que prestan a precio razonable o incluso gratis los servicios básicos y esenciales, los que por ley tienen atribuidos, y que nunca se metieron en camisas de once varas, ni por puro afán de crecer asumieron, como otros, competencias impropias, redundantes con las ofrecidas por las diputaciones o la Xunta. En la mayoría de esos pequeños ayuntamientos- rurales y de la Galicia interior- es donde el Pepedegá tiene tradicionalmente una mayor fortaleza electoral, sostenida o incrementada en el tiempo, y casi inmune a los cambios de ciclo. Constituyen, en consecuencia, un importante vivero electoral. Sus alcaldes piden a Feijóo que lo tenga en cuenta a la hora de establecer la estrategia de reducción de municipios. Y eso, proclaman, nada tiene que ver con la trasnochada dialéctica de boinas contra birretes, que todos quieren considerar superada.

Lo que más preocupa en el entorno de don Alberto es que Baltar y Louzán procedan con lealtad institucional y partidaria, que no alimenten las suspicacias ni alienten la rebelión aunque sea por omisión, utilizándola en provecho propio, como arma defensiva frente a quienes desde Santiago quieren poner coto al poder que conservan las baronías o simplemente cuestionan sus liderazgos y la forma personalista y caciquil en que lo ejercen.