No hizo falta, ni hubo apenas tiempo de que sus superiores se lo pidieran. María Faraldo tenía tomada la decisión de dimitir como diputada autonómica y como concejala de Betanzos en cuanto se le abriese juicio oral por prevariación y falsedad documental en relación con el contrato de un profesor para el Conservatorio cuando ella era alcaldesa. Estaba preparada, sabía que le podía pasar. Y fue ella quien comunicó su propósito tanto a Pedro Puy y a Carlos Negreira como personalmente a Feijóo, con el que al parecer se entrevistó en Montepío. Todos coincidieron en agradecerle un gesto que le honra y que de paso le ahorra quebraderos de cabeza a la cúpula del Pepedegá, que bastante tiene ya con la operación Pokemon y sus varias derivadas.
Está dando la cara ante los medios y en la calle. Faraldo no se esconde. No lo hizo en ninguna de las fases del largo proceso que ahora desemboca en su procesamiento. Tampoco piensa abandonar la vida política, en la que lleva más de dos décadas. Simplemente abre un paréntesis que no se cerrará hasta que haya sentencia. Entonces, en función de lo que ocurra, de si la condenan o la absuelven, tomará una decisión en firme sobre volver a la escena pública o centrarse en su trabajo y en su familia. Entre tanto, se esforzará en preparar su defensa para ganar el juicio. Ella insiste, aunque sin demasiado éxito, en que aún no ha sido juzgada y en que mientras la Justicia no determine lo contrario, tiene todo el derecho a considerarse inocente.
A la exalcaldesa de Betanzos le gusta resaltar las diferencias que hay entre el suyo y otros casos de corrupción política que últimamente inundan los periódicos gallegos. No está acusada de recibir sobres, ni regalos, ni de haber favorecido a un determinado grupo empresarial en la concesión de servicios municipales. Cree que, a pesar de todo, puede seguir llevando la cabeza muy alta, a diferencia de otros compañeros y compañeras de partido, por ahora solo imputados, pero que están bajo sospecha de comportamientos que, sean o no considerados delitos, son poco o nada edificantes, ética y moralmente reprobables, y en todo caso impropios de un cargo público.
Con su rápida reacción, echándose a un lado, María Faraldo lanza un mensaje demoledor en clave interna a la vez que sienta un serio precedente. No se aferra a su escaño ni a la concejalía, ni espera a que el tribunal se pronuncie antes de asumir responsabilidades, porque entiende que eso perjudicaría al partido al que considera que debe su carrera política. Y de antemano sabe que una actitud generosa como la suya es de agradecer y sin duda será tenida en cuenta por aquellos a quienes con su mutis voluntario les ahorró un considerable problema. Si sale bien parada del envite judicial, y sigue con ganas, será repescada para puestos de igual o mayor responsabilidad de los que hasta ahora ocupó.
La ventaja de Faraldo frente a otros políticos en apuros es que tiene oficio y beneficio. Es médico de profesión y funcionaria pública con plaza fija en la administración sanitaria. Va a pedir su reingreso, con toda normalidad. Es algo que agradece una ciudadanía cada vez más recelosa de los políticos profesionales que se agarran a los cargos como lapas, que se resisten a irse como si creyeran que el tinglado se vendría abajo sin ellos y que se aplican defensivamente la misma presunción de inocencia que en el fragor de las batallas dialécticas niegan por sistema a sus contrincantes.
