En el mismo año en el que el Tribunal Supremo emitió la sentencia final sobre el largo contencioso del edificio de Fenosa, esta pasada primavera, que lo aboca inexorablemente a una demolición que el Concello intenta in extremis evitar que sea total, y cuyas futuras consecuencias para las arcas coruñesas están aún por dilucidar, otra hipoteca urbanística del pasado se cierne sobre la ciudad de A Coruña. Una nueva sentencia del alto tribunal deja al proyectado parque del Agra con 3.000 metros cuadrados menos de lo previsto para disfrute de los vecinos de una de las barriadas más populosas y la única que carece de una zona verde.

Los derroteros por los que llega a este frustrante desenlace un plan que lleva más de una década dando tumbos en el Ayuntamiento con el objetivo de dotar de un pulmón a los vecinos del Agra es un paradigma de los sinuosos meandros de la política urbanística coruñesa en las dos últimas décadas.

El proyecto del parque del Agra contemplaba una compleja actuación de construcción de viviendas e instalaciones públicas en un entorno de unos 30.000 metros cuadrados, de los cuales casi la mitad, 14.000 metros cuadrados, estaban destinados a zona verde. Entre las parcelas afectadas, se incluía una de unos 5.000 metros cuadrados, perteneciente en la actualidad al conocido empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que es la clave del fallo que acaba de emitir el Supremo.

Esta finca, en la que hasta la entrada del siglo XXI regentaban un convento y una residencia las monjas Adoratrices, fue calificada por un Gobierno de Francisco Vázquez en el plan general de 1998 con 3.000 metros de suelo consolidado, en la parte donde se erigía el convento. La recalificación tenía sin embargo un pero: no se podían edificar viviendas, como pretendían las Adoratrices, al destinarse el uso de dicho suelo a equipamiento. Las monjas acabaron por vender a principios de la década de 2000 la parcela a Rodríguez Cebrián y al poco tiempo una disposición del Gobierno local tramitó una modificación del plan general que eliminó la restricción de edificar pisos, otorgándole uso residencial.

Más adelante, una segunda modificación lo cambiaría a suelo no consolidado, pero mantuvo el uso residencial en la franja de 3.000 metros. Esto significaba en la práctica que se podía edificar, pero a cambio de ceder al Ayuntamiento una parte del suelo, que suele ser del 10%. Este segundo cambio estaba vinculado a la inclusión de la finca en una operación inmobiliaria impulsada por el Ejecutivo de Vázquez. El exalcalde firmó un convenio con promotores, en el que entró también Rodríguez Cebrián, que sentó las bases para el polígono del parque del Agra, en el que se preveían construir 400 viviendas con zonas verdes cedidas por los propietarios de los terrenos a edificar.

El proyecto permaneció en 2009 cuando el Ejecutivo bipartito presidido por Javier Losada dio luz verde inicialmente al nuevo plan general que aprobaría definitivamente el Gobierno de Carlos Negreira en 2013. Los socialistas, que gestionaban Urbanismo, incluyeron el convenio en el PGOM como planeamiento incorporado, es decir, una operación en marcha que respetaba. Pero no desarrollaron las actuaciones necesarias para llevarlo adelante, como la reparcelación, en buena medida porque el estallido de la burbuja del ladrillo dejaba en papel mojado la edificación de los cuatrocientos pisos, principal aliciente del plan.

El proyecto del parque del Agra quedaba en un limbo urbanístico y Carlos Negreira le dio carpetazo al llegar a María Pita en 2011, al no incluirlo en la versión definitiva del plan general, si bien mantuvo el vago convenio de 2008. Esta última decisión fue aprovechada por Rodríguez Cebrián, quien planteó judicialmente que se revertiese la calificación de su parcela a la anterior condición de suelo consolidado listo para construir. El Gobierno de Marea, que pretendía recuperar el proyecto, recurrió la demanda en los tribunales, pero el Supremo acaba de dar finalmente la razón a Cebrián.

El fallo no solo supone que el Ayuntamiento contará con 3.000 metros cuadrados menos para planificar el reparto de espacio para viviendas, espacios públicos y zonas verdes en el parque del Agra, sino que obliga a replantearse de nuevo todo el proceso, y a cambiar el plan general. Una tarea ardua con un incierto horizonte por delante para un plan que lleva más de una década sobre la mesa.

Marea ha acusado a PP y PSOE del revés y los populares han achacado la responsabilidad a los socialistas, mientras que el presidente de la Asociación de Vecinos, Ricardo Seixo, apunta que es evidente que las cosas no se hicieron bien en el plan general.

Este embrollo es una muestra más de la política urbanística que ha imperado en los últimos años en A Coruña, siempre a rebufo de los negocios del ladrillo. Resulta evidente que una vez que la crisis disipó la oportunidad de construir medio millar de pisos, la reordenación urbanística para dotar al Agra de espacios públicos, que debería ser la principal finalidad de este proyecto, perdió interés. Quien paga finalmente el pato son los vecinos del barrio, que se quedan sin zona verde.

Este rocambolesco episodio debería servir como reflexión sobre unas maneras caducas de planificar la ciudad en base a intereses que no son los de la mayoría de los coruñeses y también para emplazar a la corporación a recuperar cuanto antes una actuación urbanística que se debe desde hace muchos años a los vecinos del Agra.