El sellado de los depósitos del vertedero de residuos de la planta de reciclaje de basura de Nostián, colapsado desde hace más de una década y fuente de permanentes fugas tóxicas desde entonces, es una asignatura pendiente por resolver pese al reiterado daño que ocasiona al sistema medio ambiental en la ciudad de A Coruña.
La necesaria operación para sellar estos depósitos rebosantes de basura acumulada, uno de ellos saturado ya desde hace nada menos que dieciséis años, cuyo coste está estimado en 3,5 millones de euros, es una obligación de la empresa concesionaria Albada, según reconoce la propia Consellería de Medio Ambiente, que en septiembre de 2016 dio un año de plazo a la empresa para acometerla. Emplazamiento del que Albada ha hecho caso omiso.
En septiembre del año pasado, al vencer el plazo, la Xunta abrió un expediente a Albada cuya resolución se conoció esta semana pasada. La resolución de Medio Ambiente sanciona a la concesionaria de Nostián con 60.000 euros por no haber sellado los dos vasos del vertedero de rechazos de la planta de residuos, una infracción que tipifica como grave y a la que añade la imposición a la empresa de la "medida complementaria" de ejecutar el proyecto del cierre de los depósitos.
La resolución de la Xunta pone fin a la vía administrativa, pero Albada podrá presentar un recurso de reposición ante la administración autonómica en el plazo de un mes. Fuentes de la concesionaria calificaron el fallo del Gobierno autonómico como un paso administrativo más y afirmaron que no comparten los criterios expuestos, sin confirmar si van a recurrir la medida.
El Ayuntamiento coruñés, ante la experiencia de incumplimientos de la concesionaria en los últimos años, instó a la Xunta tras conocer la resolución, a que cerrara los depósitos de forma subsidiaria en el caso de que Albada siguiera sin acometer el sellado, ya que el objetivo prioritario es poner fin al problema medioambiental que afecta a la ciudad coruñesa desde hace más de una década.
La concejal de Medio Ambiente, María García, apunta que la decisión de la Xunta, con su imperativo de cierre del vertedero a Albada, viene a ratificar la postura defendida por el Gobierno local en su conflicto con la concesionaria, quien según la edil pretende que el coste de las obras de sellado corran a cargo del erario público coruñés. María García ofrece colaboración a la Xunta y valora las sanciones a Albada como un avance, pero reitera que lo fundamental es acometer el sellado de una vez.
La respuesta de la Consellería al emplazamiento municipal no aclara sin embargo si la resolución administrativa significa realmente que se vaya a sellar el vertedero saturado. Medio Ambiente alega que solo le queda la vía sancionadora para instar al sellado y señala que el Ayuntamiento coruñés, como titular de la planta de residuos, tiene también la responsabilidad de garantizarlo con el ejercicio de sus potestades contractuales con Albada.
En este punto, conviene rebobinar y repasar la cronología de las iniciativas municipales sobre el sellado del vertedero de Nostián.
Albada colapsó en apenas siete años el vertedero de basuras que había sido proyectado por contrato para veinte, según reveló la auditoría encargada en 2012 por el Gobierno de Negreira, que no se hizo pública hasta 2014, al final de la legislatura. Con problemas para cumplir los compromisos de reciclaje que hizo al ganar el concurso, Albada fue acumulando los residuos en unos depósitos con el objetivo de convertirlos en combustible o que nuevas tecnologías permitiesen aprovecharlo. No se dio ninguna de las dos posibilidades.
El primer vaso del vertedero, con capacidad para 183.500 metros cúbicos, comenzó a llenarse en septiembre de 2000 y se agotó un año y 171.374 toneladas de residuos después. El vertido en el segundo vaso, de 207.902 metros cúbicos, se inició en octubre de 2001 y acabó de llenarse once meses después. Quedó sin sellar.
La situación obligó a la concesionaria a ampliar el vertedero antes de lo previsto en su plan de inversiones. La capacidad del tercer depósito duplicó la de los otros dos vasos juntos, con casi 800.000 metros cúbicos. Comenzó a ejecutarse en 2002 y en julio de 2007 ya estaba colapsado.
Las fugas tóxicas hicieron patente ya hacia 2010 que el vertedero sin sellar era un grave problema ambiental que urgía atajar. El Gobierno bipartito presidido por Javier Losada encargó en 2011 un proyecto que no llegó a ver la luz por la pérdida de la Alcaldía.
Negreira, tras dar a conocer el resultado de la auditoría sobre Nostián, presupuestó una partida inicial para el sellado de 60.000 euros y postergó el grueso de la inversión para 2016. Pero también en este caso, el proyecto quedó truncado por las urnas.
Con la llegada de Xulio Ferreiro a María Pita, la Concejalía de Medio Ambiente recurrió la decisión de la Xunta de que fuesen las arcas municipales coruñesas las encargadas de sufragar las obras, una alegación que acabó por aceptar el Gobierno gallego. La concesionaria de Nostián recurrió a los tribunales, pero el magistrado de lo Contencioso rechazó sus pretensiones, en una sentencia que fue de nuevo recurrida por Albada. La empresa intentó suspender cautelarmente los plazos para acometer la obra que le impuso la Consellería de Medio Ambiente pero el Tribunal Superior tampoco le dio la razón.
Y así llegamos a esta última resolución de la Xunta por un nuevo incumplimiento de Albada en la que la administración autonómica deja patente una vez más a la concesionaria de Nostián su obligación de sellar el vertedero contaminante. Pero no va más allá de una sanción.
Lo que está en juego fundamentalmente en este asunto, además de la necesidad de acometer de una vez el sellado de un vertedero colapsado y contaminante que amenaza el medio ambiente coruñés desde hace más de una década, es si la obra, presupuestada en tres millones y medio de euros, correrá a cargo de Albada o del bolsillo de todos los coruñeses.
Es evidente que la empresa incumplió las condiciones de su contrato al colapsar en siete años unos depósitos que estaban programados para veinte años en la propuesta con la que ganó la concesión en 1998. Y que por consiguiente es suya la responsabilidad de sellarlos, como acabó por reconocer la Xunta y admitieron los tribunales.
No hay que hacer muchos números para llegar a la conclusión de que para Albada pagar una sanción de 60.000 euros y esquivar los tres millones y medio del sellado es una magnífica alternativa. Xunta y Concello deben colaborar para evitarlo; para poner fin a un grave problema de medio ambiente en la ciudad y para que la millonaria factura no acabe repercutiendo en el erario público coruñés.
