06 de abril de 2018
06.04.2018

De la supresión de las Diputaciones, ¿quién habla?

06.04.2018 | 01:13
De la supresión de las Diputaciones, ¿quién habla?

Después de lo mucho que se habló, por las distintas formaciones políticas, acerca de la desaparición o no de las Diputaciones, es hoy el día que no sé si es que otros asuntos más importantes solapan ese debate, o es que hay una estrategia por parte de todos los partidos políticos para no hablar de esta cuestión, por la importancia que tienen las mismas para caciquear la voluntad electoral en el medio rural, en los distintos procesos electorales que se llevan a cabo en nuestro país. Personalmente me inclino por esta última reflexión, para dejar en el olvido una cuestión de tanta trascendencia en estos momentos de "crisis económica", o falta de recursos, ya que, con la supresión de las mismas, podría estar resuelto el tan cacareado: "No hay dinero para que a los jubilados españoles se les pueda incrementar las pensiones según el IPC".

En la campaña del 20-D, del 2015, se originó un profundo debate sobre esta cuestión. Tanto es así, que el PSOE y C´s, señores Pedro Sánchez y Rivera, acordaron su supresión y sustituirlas por lo que llamaban "Consejo de alcaldes", en el pacto poselectoral que firmaron ambos dirigentes, para hacer al primero candidato a la presidencia del Gobierno.

Una vez que tenemos consolidado el Estado de las Autonomías, no tienen, a mi modo de ver, ningún sentido que continúen estas Corporaciones del siglo XVIII, vigentes en estos momentos y con unas funciones y competencias, que perfectamente pueden ser asumidas por la respectiva comunidad autónoma, que absorbería al personal de las mismas como funcionarios o trabajadores a extinguir.

Desde el punto de vista constitucional, tampoco sería mayor problema su extinción, por cuanto que el propio artículo 141.2 establece que: "El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendadas a las Diputaciones o a otras Corporaciones de carácter representativo", y esta otra Corporación bien pudiera ser la propia comunidad autónoma, si así se contemplase en una Ley que desarrollase este artículo constitucional.

El PP siempre fue y sigue siendo partidario de mantener semejante administración provincial. Estoy totalmente convencido de que la razón de tal postura es más bien por razones de influencia y control electoral, además de servir para tener a gusto a determinados afiliados, y de este modo no molesten.

Lo que parece claro, en mi modesta opinión, que prime el interés general para que se sigan manteniendo las referidas instituciones, ni tampoco el que sean las valedoras de los municipios pequeños, como algún "cerebro iluminado" trata de convencernos. Ello no es cierto, porque existen provincias que no tienen Diputación, y los ayuntamientos con un número pequeño de población no se consideran peor tratados que los que existen en las provincias con Diputación.

Da la impresión, a raíz de la noticia que leía sobre el Pazo de Meirás, que al existir tres administraciones representativas a nivel de Comunidad Autónoma, Local, Provincial y Autonómica, los representantes de los partidos políticos en esas administraciones son capaces de ponerse de acuerdo, y llegan a tomar acuerdos tan esperpénticos como los que ha tomado el PP sobre este asunto en los Ayuntamientos del PP en la provincia de A Coruña. Lo del Área Metropolitana le rechina como si les fuera la vida en ello, y en consecuencia no aportan nada que haga posible su constitución (en Vigo han sido partidarios), los representantes en la Diputación del PP apoyan su constitución, junto con el PSOE, BNG, En Marea, Compostela Aberta y Alternativa dos Veciños, aprobando una proposición para recuperar el susodicho pazo. Los compañeros del PP en el Parlamento de Galicia rechazaron (los únicos) la Proposición No de Ley que había presentado el BNG para que se ejercitasen las acciones legales al objeto de recuperar la propiedad mencionada de la familia Franco y su reversión como patrimonio público.

Pretendo decir con esto que ya no es que las Diputaciones tengan un cometido que hacer que no pueda ser perfectamente asumible por otra Corporación, infraestructuras, cursos, etc., sino que tampoco son capaces ni tan siquiera de coordinar sus posturas sobre un mismo tema.

Del presupuesto que tienen las Diputaciones en España, alrededor de 7.000 millones de euros anuales, con su supresión nos podríamos ahorrar unos 4.000 millones, una vez descontados los gastos de personal y estructurales. ¿Son suficientes para subir las pensiones según el IPC? Parece ser que sí, porque se nos dice que serían necesarios sobre unos 1.700 millones. Cuántas más cosas se podrían solucionar en este país nuestro si los dirigentes que ostentan el poder y los que aspirar a detentarlo tuviesen un poco de sentido común, y pensasen más en el interés general de los españoles, que no en mantenerse en los sillones.

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